Contra “El Marro”, otra vez fracasa la justicia.

Ricardo Ravelo.

El robo de combustibles –peyorativamente conocido como “huachicoleo”– se ha convertido en un negocio tan jugoso en México que atrajo a los cárteles de la droga y los ha enfrentado en guerras sin tregua, convirtiendo a territorios completos en verdaderos campos de batalla que rememoran, toda proporción guardada, la cruenta guerra del golfo Pérsico, donde los llamados “amos del petróleo” se disputaron a sangre y fuego el oro negro.

El robo de combustibles en México es una práctica vieja. De ese negocio, al principio operado sólo por funcionarios corruptos enquistados en Petróleos Mexicanos, se financiaban campañas políticas, por ejemplo; de la noche a la mañana, caciques y grupos de poder que ejercían controles regionales amasaron fortunas descomunales: compraron ranchos fastuosos, ganado de alto registro, caballos pura sangre, vehículos de lujo, por decir lo menos. El negocio era manejado desde la Presidencia de la República

Un ejemplo de esa riqueza fortuita, que surge como un chispazo, fue Juan Carlos Molina, político veracruzano, diputado local, asesinado el año pasado de varios disparos precisamente por estar vinculado al robo de gasolinas y presuntamente al narcotráfico.

En enero de 2019, el Gobierno federal se dio a la tarea de emprender el desmantelamiento de las redes de “huachicoleros”, grupos ligados al crimen organizado que ordeñaban, por todas partes, los ductos de Pemex. Claro, todo estaba operado desde el tercer piso de la torre petrolera.

El robo era atroz y sigue siendo preocupante. Según datos oficiales, entre enero y julio de 2019 se tenían detectadas 8 mil 655 tomas clandestinas a nivel nacional; dos años antes, en 2017, había 5 mil 789, en 2016  3 mil 709 y un año atrás, en 2015, existían 2 mil 934. Es claro que, cuando la delincuencia organizada se ligó a la delincuencia de “cuello blanco” el negocio tuvo un repunte significativo.

Hace una década, más o menos, el llamado “huachicoleo” era manejado por el cártel de Los Zetas, ya extinguido; después, el Cártel de Jalisco Nueva Generación hizo su aparición en el negocio: se apoderó de los estados de Puebla y Veracruz, curiosamente cuando estas entidades eran gobernadas por el PAN: en la primera entidad gobernaba Rafael Moreno Valle; en la segunda, Miguel Ángel Yunes Linares. En ambos estados, el cártel encabezado por Nemesio Oseguera se afincó con la complacencia del poder político.

El negocio derivó en enfrentamientos y muertes. El botín era muy codiciado: las ganancias se estimaban, entonces, entre tres y cinco millones de pesos diarios. Las policías estatales, municipales y hasta militares participaban en la protección a las bandas.

Dos altos mandos del Ejército mexicano figuran como las cabezas de la protección de este negocio: el General en retiro Sócrates Alfredo Pegueros y Eduardo León Trauwitz. El primero estuvo al mando de la seguridad de los ductos en Pemex, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto; el segundo fungió, en ese sexenio, como subdirector de salvaguarda estratégica. Ambos operaban el “huachicoleo” y recibían las instrucciones desde Los Pinos para operar toda la red de robos en el país.

Los dos militares fueron detenidos después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió el combate al “huachicoleo”, pero fueron los únicos procesados. Del resto de los implicados y cómplices, por desgracia, nada se sabe y en el discurso oficial el tema ha ocupado un lugar menos relevante en la agenda presidencial a pesar de que el saqueo continúa a gran escala.

El golpe presidencial de enero de 2019 sólo sacudió el avispero porque las grandes cabezas del negocio siguen impunes. En Puebla el negocio está tan arraigado que los huachicoleros pasaron a la inmortalidad con sendos corridos y canciones que exaltan sus proezas. La canción del Huachicolero de Tamara Alcántara, una compositora regional, es elocuente: “Dicen, hablaron, dijeron y el poblano pasó de ser camotero a huachicolero.”

No sólo eso: las tres canciones de Tamara no es lo único que resalta en la cultura popular –y criminal– de Puebla, pues en el llamado Triángulo Rojo que conforman los municipios de Tepeaca, Acatizingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Cajete, los huachicoleros adoran al “Santo Niño Huachicolero”, igual que en Sinaloa los narcos veneran a Malverde. Así, narcotráfico y huachicol se funden.

La embestida oficial en contra de los huachicoleros no pudo desmantelar las redes criminales en Guanajuato ni en buena parte del Bajío, zona gobernada –curiosamente– también por el PAN desde hace más de dos décadas.

Tiene sentido que en Guanajuato este negocio sea muy rentable para los criminales y políticos panistas, protectores del crimen: ahí está asentada la refinería de Salamanca, una de las más importantes de Pemex.

Al amparo del poder político –que garantizó impunidad para estos grupos– surgió el cártel Santa Rosa de Lima, nombre que tomó de una comunidad del mismo nombre donde nació José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, un sanguinario sin parangón en el mundo contemporáneo del hampa.

El cártel en realidad fue fundado en 2014 por David Rogel Figueroa. Le apodan “El Güero” y fue agente policiaco en Chiapas. Su lugarteniente era “El Marro”, pero tras una división, presuntamente por desacuerdos, Yépez Ortiz se entronizó en la jefatura del grupo criminal y empezó a edificar su propio imperio. Para ello, la protección oficial resultó decisiva. Ningún grupo delictivo florece sin una red protectora, en este caso, conformada por alcaldes, gobernadores, policías y empresarios, toda una cofradía mafiosa ligada al PAN, a la iglesia y al crimen organizado. Contra esto, López Obrador no ha podido y quizá ni quiera meterse. Sin embargo, sí le interesa apoderarse de Guanajuato, tal como lo hizo con Puebla. ¿Querrán las huestes de Morena el negocio?

Yépez Ortiz irrumpió en el escenario criminal en 2017, dos años después se supo que era el jefe del cártel Santa Rosa de Lima porque, cuando el Gobierno federal metió al Ejército y a la Marina a Guanajuato para perseguir a los huachicoleros, “El Marro” respondió con una manta dirigida a López Obrador en la que le dice: “Te exijo saques a la Marina y al Ejército, de otro modo voy a empezar a matar gente inocente. Yo no estoy jugando”.

“El Marro” ha sobrevivido a todas las embestidas oficiales gracias a que, con el dinero que gana –maneja 50 pipas diario y obtiene ganancias por unos tres millones de pesos diarios– ha logrado construir una sólida base social, casas y departamentos donde se refugia y, con cañonazos de dinero, puede comprar la protección política y policiaca.

En zonas pobres, “El Señor Marro”, como le dicen sus amigos y conocidos, ha construido mansiones con alberca, pérgolas, palapas y áreas de lujo para el descanso y la relajación, lo que llamó la atención de las autoridades por ser algo inusual.

Por ello, el Gobierno procedió a incautarle sus cuentas, le aseguró propiedades mediante la llamada operación “Golpe de Timón”, pero nunca ha podido capturarlo.

La ola de violencia subió de tono en Guanajuato cuando el cártel de Jalisco irrumpió en la entidad con el objetivo de desplazar a “El Marro” del negocio. Los enfrentamientos empezaron primero a través de las redes sociales, un instrumento que los grupos criminales explotan al máximo para enviarse mensajes, amenazas y para exhibir el horror: los cuerpos descuartizados de sus enemigos sin cabeza, sin brazos y sin piernas, toda una pedacería humana. Después se desató la metralla y los ejecutados, una oleada de crímenes que convirtió a Guanajuato en el estado más violento del país.

El cártel Santa Rosa de Lima es una organización criminal conformada, en el primer círculo, por familiares de Yépez Ortiz. Según el organigrama, en las operaciones participa Karem Lizbeth Yépez –detenida el sábado 21 de junio en Celaya–, quien es la jefa de la plaza en ese municipio. Además, Efraín y Raymundo Labrada, tíos de “El Marro”, se encargan del lavado de dinero y Santiago González, “El Bachicha”, esposo de Karem Lizbeth, desarrollan operaciones estratégicas en beneficio del cártel: corromper funcionarios, policías y ejecutar a rivales.

El sábado 21 de junio, las fuerzas federales realizaron un operativo en Celaya. Detuvieron a 33 personas, todos, dijo la autoridad, ligadas al cártel de “El Marro”. Pero cuarenta y ocho horas después, las autoridades de Guanajuato habían liberado a 26 de los aprehendidos. Sólo quedaron detenidas la madre, hermana y una prima de Yépez Ortiz, señaladas como piezas del cártel.

Las liberaciones ocurrieron algunas horas después de que “El Marro” lanzó sendos videos, a través de las redes sociales, donde aparece llorando y despotricando en contra de las autoridades. Les recrimina la captura de sus familiares y, textualmente, dijo: No se vale, hijos de puta, entre cabrones es otra cosa pero se meten con la familia”. Y enseguida la amenaza sin piedad: “Si no los liberan voy a empezar a matar gente inocente…” Y las liberaciones fueron ordenadas. Falta ver si la familia de Yépez –como pasó con Ovidio Guzmán en Culiacán en octubre de 2019– también es consentida por el poder político.

El Presidente López Obrador sabe que el poder de “El Marro” en Guanajuato depende de los grupos políticos locales, de la iglesia y de los empresarios metidos en el robo de combustibles. Pero al Presidente le falta valor para arremeter en contra de este enclave de la ultraderecha. Por eso el operativo del 21 de junio parece un verdadero amago. Los detienen y luego los liberan. Y “El Marro” sigue libre.

En el Gobierno de la Cuarta Transformación todo está a medias: El combate al huachicol –y al crimen organizado en general– ha resultado un fiasco. En realidad, todo sigue igual o peor. Como le hicieron por muchos años los gobiernos del PRI y del PAN, López Obrador sólo administra el problema. Amaga, amenaza, denuncia, pero no combate nada. Tal parece que los criminales son sus aliados, a quienes necesita para operar la elección del 2021 que, se asegura, le urge ganar porque de otro modo el sexenio y la continuidad estarían liquidada.

El caso de Yépez Ortiz es ilustrativo de la ineficacia gubernamental: detienen a gran parte de su banda y luego los liberan. ¿Falta de pruebas? ¿Complicidad? Lo cierto es que, por incompetencia o por corrupción, frente al poder de “El Marro” volvió a fallar la justicia.