Julio Astillero.
Hay dos
planos en los que pueden ser analizados los acontecimientos de criminalidad
mafiosa que se han acumulado en días recientes. Aun cuando las motivaciones y
la intencionalidad no tuviesen relación con lo político, parte de los impactos
llega hasta esas alturas en forma de mensajes, reacomodos y preparativos.
En el plano
internacional, lo sucedido en los casos de la Ciudad de México (el estrepitoso
ataque contra el jefe policiaco Omar García Harfuch) y del estado de Guanajuato
(la acometida contra el cártel de Santa Rosa de Lima, con la detención y la
posterior liberación de decenas de presuntos implicados, entre ellos la madre
del jefe de ese grupo, apodado El Marro), colocan en un contexto de más
complicación la polémica visita anunciada del Presidente de México a la Casa
Blanca.
El arribo
del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la capital del país, con un
arsenal y decenas de criminales destinados a ejecutar al secretario de
seguridad ciudadana del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, obtuvo un
revuelo mediático mayor que sus resultados asesinos específicos y promovió la
percepción colectiva de que los peores episodios de inseguridad pública y de
barbarie que se han vivido en el resto del país habrían llegado a la sede de
los poderes federales, en especial de la Presidencia de la República, a la
ciudad gobernada desde hace décadas por la izquierda electoral.
Cometido en
términos logísticos de una manera particularmente errática, que contrasta con
la contundencia de otras operaciones de ese mismo CJNG, el atentado contra
García Harfuch fue realizado en una zona residencial de alto poder adquisitivo,
ante cámaras de seguridad, gubernamentales y privadas, y con tan deficiente
plan de huida que la mayoría de los agresores fueron detenidos en minutos o a
lo largo del día de los hechos.
El reto
lanzado por el CJNG en la Ciudad de México se suma a otros temas críticos que
la prensa estadunidense podrá tratar de restregar al visitante López Obrador,
si la cita en Washington se confirma, y a los que el poder imperial anfitrión
le conviene tener presentes en las conversaciones oficiales privadas. Un día
antes del atentado contra García Harfuch, el embajador de Estados Unidos en
México había advertido, ante miembros de una de las cámaras empresariales que
buscan la remoción de AMLO, que en México no hay condiciones adecuadas para la
inversión extranjera. El supuesto desmoronamiento del país a causa del actual
Presidente también ha sido proclamado de manera efectista por antiobradoristas
en vehículos automotores que si a pie realizaran sus marchas podrían confirmar
visualmente la muy reducida cuantía de sus participantes.
En el plano
nacional, el conato de incendio regional a causa del apresamiento de la madre
de José Antonio Yépez Ortiz, apodado El Marro, quedó en un desvanecimiento de
pruebas, por parte de autoridades estatales, que resulta muy propicio para las
especulaciones. No quedó en la cárcel ni uno de los detenidos en días pasados y
sí, en cambio, se asentó en actas que oficiales, presuntamente federales, sin
precisar si civiles o militares, habrían cometido tortura sicológica y otras
formas de abuso contra las mujeres familiares de los jefes de ese cártel.
De otra
manera pero, a fin de cuentas, El Marro logró en el ámbito panista
guanajuatense algo parecido a lo que consiguieron miembros del cártel de
Sinaloa cuando fuerzas militares detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo,
para cumplir una orden de extradición y, ante la presión habida en Culiacán, el
Presidente de México ordenó liberarlo. En Guanajuato, El Marro estuvo a punto
del llanto y lanzó fuertes amenazas, a tal grado que la refinería de Salamanca
fue blindada militarmente ante el riesgo de atentados. Este cártel, el de Santa
Rosa de Lima, podría consolidar su alianza con el de Sinaloa, confrontados
ambos con el Jalisco Nueva Generación.
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