lunes, 29 de junio de 2020

Quiebra el primer banco.


Darío Celis.

El primer banco que se encuentra en la antesala de la quiebra es Famsa, cuyo grupo comercial anunció este viernes que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos.

Sin embargo, su situación no es, ni remotamente, culpa del Covid-19 que, eso sí, precipitará su desenlace. Su errático accionar viene desde el año pasado y aquí se lo reportamos apenas el 4 de junio.

En 2019 Margarita de la Cabada, la vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), le impuso de asesor jurídico externo a Banco Famsa a su despacho favorito.

En la CNBV se sorprendieron de que tras una inspección y ordenando medidas restrictivas por varias anomalías, De la Cabada presionara la contratación del bufete Romo-Paillés, de María Teresa Paillés.

Pero de nada sirvió porque el miércoles Banco de México (Banxico) contestó a una solicitud de la CNBV, en el que da cuenta del estado de insolvencia en que se encuentra el banco de Humberto Garza González.

El oficio va dirigido al vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “A” de la CNBV y lo suscriben los directores Jurídico y de Información del Sistema Financiero del Banxico.

Luis Urrutia y Juan Fernando Ávila reportan a Jorge Pellicer que el Índice de Capitalización (ICAP) del Banco de Ahorro Famsa, al 24 de junio, equivale ya una cifra negativa de menos 6.02%.

El regulador de los bancos pide al Banxico que calcule el ICAP de marzo que resulte de considerar la información contenida en el Anexo 2 de su oficio y lo informe para los efectos legales conducentes.

Y es que a estas alturas los pupilos de Juan Pablo Graf apenas se dieron cuenta y creen que el ICAP correspondiente al mes de marzo “podría encontrarse por debajo del mínimo requerido”.

Asimismo, extrañamente, piden a los pupilos de Alejandro Díaz de León se abstengan de calcular el ICAP de abril porque no cuentan con elementos validados que permitan verificar el cómputo del mismo.

“Se mantienen las mismas causales que llevan a solicitar el cálculo al mes de marzo conforme a la información contenida en el Anexo 2 del oficio de esa Comisión”. Quedan pendientes de corroborar otros elementos.

Hablamos del plazo para el reconocimiento contable de pagos anticipados y cargos diferidos, impuestos pasivos asociados y garantías para créditos otorgados a personas relacionadas, entre otros.

“El presente oficio se emite bajo el entendido de que, en todo momento, quedarán protegidos los derechos de los clientes, usuarios y acreedores en general de Banco Ahorro Famsa”.

¿En ciernes intervención o revocación de permiso para operar como banco? Por lo pronto en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario ya se preparan. ¿El primer quiebre de un banco en la era de la 4T?

Ante la caída en ingresos petroleros y tributarios que en abril retrocedieron 73.8% y 15.3%, respectivamente, la 4T está destinando los recursos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró congelar de grupos de la delincuencia organizada y empresas que defraudan al fisco para financiar gasto social. La oficina de Santiago Nieto aseguró en 2019 unas 12 mil cuentas, 411% más que el año anterior, con lo que ha reunido más de 4 mil millones de pesos y 51 millones de dólares. En la última cruzada contra 43 factureras se pretende reparar el daño al fisco por 55 mil 125 millones de pesos, en las que están involucrados 8 mil 212 contribuyentes a través de la compra/venta de comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes. La UIF presentó un número récord de reportes de actividades financieras inusuales contra personas involucradas en robo de combustible, corrupción de funcionarios, trata de personas y grupos criminales que incrementó 85% entre 2018 y 2019, pasando de 223 mil a 590 mil 682 millones de pesos, a pesar de que la Secretaría de Hacienda le recortó el presupuesto de 217 millones de pesos en 2018 a 152 millones en 2020. Ojalá otras secretarías de Estado sacaran tanto provecho de los recursos del gobierno federal que caen a cuentagotas.

AEROMÉXICO ESTÁ POR celebrar su Consejo de Administración. No va ser una reunión usual, pues se deberá tomar la decisión del camino a seguir para reestructurar su pesada carga financiera en medio de los efectos del coronavirus que tiene a la industria de la aviación en crisis. Se espera que las huestes de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, que poseen conjuntamente alrededor de 9.6% de las acciones de control, y Delta Airlines, que preside Ed Bastian, que tiene otro paquete de 51.21%, den luz verde a la solicitud de protección bajo el Chapter 11 tal cual le adelanté hace unos días. La aerolínea que dirige Andrés Conesa contrató a Davis Polk & Wardwell. Se trata de uno de los 10 despachos de abogados más reconocidos del mundo. Lo lidera Neil Barr y tiene su sede precisamente en Nueva York, plaza donde está el Tribunal de Bancarrota.

EL VIERNES ESTUVO en las oficinas operativas de Interjet del Aeropuerto Internacional de la CDMX Pedro Cerisola. El ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Vicente Fox se reunió con William Shaw, el director de la atribulada compañía. El que también estuvo cerca de la quiebra de Aeroméxico y posterior creación y director en 1988 de Aerovías de México, llegó a Interjet con la representación de Antonio del Valle Ruiz. Y es que le podemos adelantar que el ex dueño de Bital y ahora del Banco Bx+ está interesado en capitalizar a la empresa de Miguel Alemán Magnani. No sabemos todavía la fórmula, pero la intención es entrar. La compañía tiene adeudos totales por casi 900 millones de dólares. Todo un reto. Se lo pasamos al costo.

DOS ARBITRAJES INTERNACIONALES están por resolverse pronto. Uno de Pemex por alrededor de 100 millones de dólares y otro de la CFE que ronda los 500 millones. Se vienen arrastrando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y se desahogaban en la Corte Internacional de Comercio de París, una instancia que tradicionalmente emite los laudos a favor de los privados. Lo interesante es que al menos el segundo, que compete a la dependencia que dirige Manuel Bartlett, lo movieron a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. El primero, que litiga la petrolera de Octavio Romero, nos adelantan que ya es caso perdido.

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