Arnoldo Cuellar.
Todas las pequeñas maniobras que el Gobernador de
Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema
de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato,
han caído una tras otra por su propio peso.
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las
raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad.
Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para
convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por
mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y
convertirlo en Fiscal General Autónomo.
La continuidad de Alvar Cabeza de Vaca en Seguridad
Pública venía por añadidura, pues juntos ambos funcionarios hacen una mancuerna que ha
funcionado para muchas cosas, menos para ofrecer resultados a los angustiados
ciudadanos de la entidad.
La complicidad mayor generada entre Zamarripa, Cabeza
de Vaca y Miguel Márquez viene de una fecha tan lejana como diciembre de 2012,
el mes en el que pactaron la renta por seis años del programa de video
vigilancia al que denominaron Escudo y del que hoy ya nadie parece acordarse,
sobre todo sus principales responsables.
Con un contrato de 2 mil setecientos millones de pesos
por el sexenio y un pago inicial de 600 millones por anticipado, la empresa
Seguritech de Ariel Picker Schatz hizo un negocio redondo: instaló las cámaras
y los arcos con el financiamiento inicial de su cliente y se dedicó a cobrar
rentas sin que el sistema sirviera nunca para el cometido que lo justificó:
blindar Guanajuato.
No había además de qué blindarlo en realidad, pues hoy
sabemos que el mayor disolvente de la tranquilidad y la paz del estado se
estuvo gestando dentro de las fronteras de Guanajuato, justo en su corazón: la
zona agrícola del Bajío cruzada por una telaraña de ductos para hidrocarburos.
Siendo malpensados, lo que no cuesta mucho trabajo, hasta
podríamos imaginar que las cámaras de Escudo proporcionaron la logística que
requería la consolidación del imperio huachicolero de José Antonio Yépez, “El
Marro”, quien nunca fue molestado por autoridad estatal o municipal alguna
mientras hacía crecer su imperio criminal.
No había, en todo ese sexenio 2012 – 2018, ningún reclamo del
Gobierno panista de Guanajuato al Gobierno priista de Enrique Peña Nieto por
las ausencias federales en temas de seguridad. La industria del huachicol, la
venta de combustible robado, creció sana y robusta hasta invadir, hoy lo
sabemos, las redes de comercialización legales del estado, las gasolineras de
la esquina para que nos entendamos.
Sin embargo, como decían los clásicos, el crimen no paga.
La necesidad política del Gobierno lopezobradorista de convertir a Pemex en una
insignia de su Cuarta Transformación, hizo de la guerra contra el huachicol una
prioridad en el arranque del sexenio, terminando con un negocio criminal que
tenía más de un sexenio prosperando, que corrompió a numerosos cuerpos
policiacos, compró políticos y generó una base de apoyo en la que participaron
por igual empresarios, funcionarios y habitantes de las comunidades por donde
cruzaban los ductos.
Quizá el delito del robo de combustible no se haya
extinguido del todo, pero si se acabó la explotación en gran escala y la alta
capacidad corruptora. De ahí la derivación de los grupos desplazados de este
negocio a los terrenos de la criminalidad común: el robo, el secuestro, la
extorsión.
De ahí la violencia como metástasis, de ahí el
panorama sangriento que hoy vivimos y que no podremos enfrentar si no revisamos
sus orígenes.
Precisamente lo que NO está haciendo el Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez quien desde su campaña habló de un “golpe de timón” como
eufemismo para eludir la constante demanda de que cambiara a los responsables
de la seguridad a nivel estatal.
Cuando eso no funcionó, echo mano de otro artilugio: la
designación de una vocera especializada en seguridad para ocultar de la opinión
pública a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, al mismo tiempo que también él se
escondía. Pero también falló, hoy la vocera carece de toda credibilidad y no
logra ocultar el tremendo vacío que representa la ausencia del Gobernador en lo
que quizá es uno de los problemas más importantes de Guanajuato, a la par de la
pandemia de coronavirus y la crisis económica que ha provocado.
Sin embargo, Sinhue no aparece, sus tímidos tuits no hacen
sino profundizar su ausencia en el cuarto de mando del Gobierno estatal. La
crisis política no crece gracias a las cantidades ingentes de dinero que su
Gobierno les inyecta a unos medios de comunicación abrumados por la baja de sus
ventas. Hoy podemos decir que la prensa de Guanajuato es casi en su totalidad,
paraestatal, a tal grado que para enterarse del avance de la pandemia hay que
sintonizar la televisora oficial para atender una rueda de prensa virtual con
preguntas a control remoto. Goebbels estaría feliz.
Sumido en un atolladero, al que lo condujo no el
costoso pago de lealtades a Miguel Márquez, sino la imposibilidad de dejar
atrás ese compromiso coyuntural para generar un proyecto político propio, como
suele suceder en todas las heredades políticas.
Lo que Diego Sinhue exhibe en la crisis más grave de
la historia de Guanajuato, es lo poco preparado que estaba para esa responsabilidad.
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