César Arellano García.
El Juzgado Segundo de Distrito de
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó a Miguel Ángel Vásquez
Reyes, ex colaborador del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, una
suspensión definitiva en contra del auto de vinculación a proceso de marzo
pasado, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores
públicos.
Vázquez fue asesor del exjefe de
gobierno y luego encargado de Capital Humano; además es señalado por engrosar
la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas.
También se le acusa de haber manejado indebidamente varios millones de pesos
del presupuesto de 2018.
Antonio González García, titular del
juzgado segundo de amparo, señaló que la medida es para efectos de que “la
autoridad responsable suspenda el procedimiento en lo que corresponda al
quejoso, pero sólo una vez concluida la etapa intermedia, esto es, que se
abstenga de decretar, en su caso, la apertura de la fase de juicio oral y hasta
que sea notificada de la ejecutoria que se emita en el juicio principal del que
deriva este incidente”.
Agregó que la medida cautelar deberá
ser acatada por el juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial
número nueve y autoridades responsables; “apercibidas que de no cumplir con lo
anterior, se les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y
Actualización, equivalentes a 4 mil 433 pesos.
En marzo de este año, un juez de
control vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez, operador financiero de la
anterior administración capitalina, por su probable responsabilidad en delitos
cometidos por servidores públicos.
En ese entonces, el juez le dictó
la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanece en
el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México lo señala como el responsable de detener los pagos a la Caja
de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol), por ello ya no se dieron las
aportaciones correspondientes a los jubilados y pensionados, lo que ocasionó un
perjuicio a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.
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