Por Neldy
San Martín.
El
dictamen de la Ley General de Salud Mental que se discutiría mañana en el
periodo extraordinario del Senado fue retirado, luego que encendieran las
alertas de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) por considerar que vulnera diversos artículos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley,
que fue bautizada como “ley Bañuelos”, debido a que Geovanna Bañuelos es una de
las senadoras del PT que promovieron la iniciativa, fue aprobada en marzo
pasado en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda y se
preveía su aval este miércoles en el pleno, sin embargo, fue retirada por la senadora tras
reunirse con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
“Hemos
solicitado de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) que retire del periodo extraordinario la discusión de la Ley General
de Salud Mental”,
dijo la legisladora Bañuelos en un video que fue filmado en la oficina de la
Jucopo, junto al senador Monreal.
Bañuelos
informó que convocarán a un parlamento abierto en septiembre para discutir la
propuesta con especialistas en el tema, personas usuarias y la sociedad civil.
El
anuncio surge un día después de que la CNDH llamó al Senado a revisar el
dictamen ya que vulneraría, de manera flagrante, los artículos: quinto sobre
igualdad y no discriminación; el 12 sobre capacidad jurídica; 14 sobre libertad
y seguridad de la persona; 17 de la integridad personal, y 25 sobre Salud de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Lo anterior luego
que la CNDH recogiera las preocupaciones de organizaciones civiles como la
Organización Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (DRI,
por sus siglas en inglés) y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia
Social, sobre que de aprobarse esta ley el estado mexicano desconocería la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad al perimir el internamiento
involuntario de las personas en centros hospitalarios de salud mental.
En
entrevista con Apro, Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de
la Tortura de Documenta, explica que este tipo de regulaciones han sido
vetadas por distintos organismos, como la Relatora de Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas, que estableció que recluir a las personas con discapacidad
por el hecho de que supongan “un peligro para sí mismas o para terceras” es una
medida ilegal y arbitraria, o el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de
Naciones Unidas, que ha dicho que los estados tienen la obligación de prohibir
los internamientos forzados por la existencia de una discapacidad real o
percibida.
“Esta
iniciativa habla de que se puede privar de la libertad a una persona por su
condición, no se le estaría privando porque ha cometido un delito, lo cual nos
afecta a toda la población, se le privaría porque se interpreta que es lo mejor
para esa persona, se interpreta que es un peligro para sí misma o para
terceras. Entonces es una detención ilegal y arbitraria”, explica Ferrer.
El defensor
de derechos humanos señala que un internamiento involuntario suele ir
aparejado de un tratamiento involuntario lo cual es una forma de tortura y
malos tratos, según el relator especial sobre la tortura de la ONU.
“Esta
iniciativa establece que la persona tiene derecho a decidir sobre su
tratamiento salvo que sean internada de forma involuntaria. Esto es una
violación a sus derechos humanos porque todas las personas tienen derecho a
decidir sobre su tratamiento”, comenta en entrevista.
De acuerdo a
Ferrer, la salud mental en México es sumamente deficiente y el problema
comienza en la propia Ley General de Salud, que en el capítulo siete aborda el
tema de la salud mental con un enfoque obsoleto que tiene que ser revisado.
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