¿Defender la democracia o los privilegios de la cúpula del INE?

Dolores Padierna.

Con excepciones que registra la historia, el carácter “ciudadano” del Consejo del IFE-INE ha sido siempre un mito. En términos gruesos, la institución electoral fue capturada por los intereses de los partidos políticos que se repartían los cargos (no sólo los de consejeros, sino incluso posiciones ejecutivas clave en los procesos electorales).

Es indudable que el INE ha contribuido al avance de la democracia, pero también son innegables episodios oscuros en los que sus consejeros favorecieron la defraudación electoral y permitieron que prácticas francamente delincuenciales quedaran impunes.

Quizá por ello, de ser una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía, ha perdido prestigio y respetabilidad. Parte del deterioro de su imagen deviene de los abultados gastos de consejeros y funcionarios, ajenos a cualquier idea de austeridad.

Durante largos años, el PRI y el PAN hegemonizaron la integración del Consejo General del INE vía el nombramiento de consejeros afines. La presencia de la izquierda en ese órgano fue marginal y simbólica. Fueron los partidos de la derecha los que definieron el sentido de las más importantes determinaciones. Con frecuencia, avalaron todo tipo de irregularidades. Así, durante varios sexenios, y en complicidad con los gobernadores en turno, fueron controlando también a los Oples para garantizar en las entidades federativas los intereses de grupos locales.

Para los de corta memoria, ahí están el fraude electoral de 2006 y la impunidad de los Amigos de Fox o las tarjetas Monex.

Ese INE, el de la sumisión frente al poder y las cuotas partidistas es el que defienden quienes ahora sostienen que la institución se encuentra bajo ataque. En realidad, lo que defienden son sus privilegios y los egos de sus estrategas, que se creen dueños de la (fallida) transición.

En casos como los señalados encontró inspiración un bloque conservador en el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que, integrado por siete personas, fue nombrado por la Cámara de Diputados.

En ese órgano, cuyas actividades se vieron pospuestas por la pandemia, se hicieron evidentes filias y fobias políticas por parte de algunos de sus integrantes.

Pese al interés público en el proceso, los trabajos fueron opacos hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó publicar las calificaciones de las y los aspirantes, así como los videos de las entrevistas. Con una actuación facciosa, cometió una serie de irregularidades violando el principio de igualdad de oportunidades, el de certeza jurídica; actuó con dolo y sesgo durante las entrevistas, mantuvo en la opacidad parte del procedimiento hasta que el TEPJF le ordenó transparentarlo, ejerció violencia política de género cuando menos en contra de una de las candidatas y evitó la paridad de género en la composición final del conjunto del Consejo General del INE.

Por si fuera poco, ese bloque filtró a los medios información que antes no había entregado a la Jucopo y denostó a aspirantes por supuestos nexos políticos.

De las 20 propuestas, en 16 casos se trata de perfiles con filias priista o panista, que tienen o han tenido nexos con consejeros electorales adictos al viejo régimen. Otros en sus entidades federativas de origen han convalidado o defendido diversas infamias políticas y atropellos a la voluntad popular. Disfrazados en su perfil académico y en una falsa independencia partidista, de llegar a ocupar el cargo en el INE asegurarían la continuidad e incluso la profundización de los vicios antidemocráticos prevalecientes en este Instituto. Y, claro está, no serían árbitros sino parte militante en las competencias políticas por venir. Estamos frente a una operación política continuista del conservadurismo.

Las maniobras en el CTE se acompañaron de un despliegue de ataques mediáticos y en redes sociales, arguyendo un supuesto ataque al INE.

Los más destacados miembros de la opinocracia se lanzaron contra las mayorías que Morena y aliados tenemos en las Cámaras (y de paso, contra los 30 millones de mexicanos que dieron su voto a una nueva mayoría). Eso los tiene confundidos desde 2018. Nosotros no tenemos confusión alguna: sabemos que ellos no defienden la democracia, sino los privilegios de la cúpula del INE, que no es lo mismo.