Por Pedro
Zamora Briseño.
La
diputada local morenista Claudia Gabriela Aguirre Luna denunció al gobernador
José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega
García, por presunto desvío de recursos públicos.
Lo anterior,
con motivo de la realización del proyecto denominado “C5i”, a cargo del Poder
Ejecutivo estatal, toda vez que “se pudieran haber causado presuntos daños y
perjuicios a la hacienda pública estatal”.
La
denunciante advirtió que existen discrepancias por más de 490 millones de
pesos entre el presupuesto original considerado y los recursos que se pretenden
adicionar para la obra, a través de un crédito cuya autorización pretende el
mandatario.
La
querella fue presentada ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental (Osafig), con la petición de que esa instancia lleve a cabo una
revisión especial al referido proyecto en materia de seguridad, a fin de que,
con la investigación respectiva, se determine si existen irregularidades en su
ejecución.
La legisladora
también pidió al organismo que en su oportunidad remita al Congreso local el
informe específico y, en su caso, promueva las acciones legales
correspondientes en contra de los servidores públicos que resulten
responsables.
Entre los
antecedentes del caso, Aguirre Luna recordó que el proyecto “C5i” tiene como
base el contrato de prestación integral de servicios celebrado el 20 de octubre
de 2017 entre la empresa “Seguritech Privada S.A. de C.V.” y el secretario de
Seguridad Pública del gobierno de Colima, con un monto total estimado para la
implementación del proyecto por 818 millones 069 mil 307 pesos.
En tal
sentido, en cada uno de los presupuestos de egresos para los años 2017,
2018, 2019 y 2020, fue autorizada al Poder Ejecutivo estatal, para el proyecto
denominado “C5i”, la cantidad de 161 millones 568 mil 688 pesos.
Adicionalmente,
mediante el Decreto 617 de la Quincuagésima Octava Legislatura estatal, el
27 de septiembre de 2018 se aprobó un crédito que, entre otras cosas, autorizó
la cantidad de 150 millones de pesos para el proyecto denominado “C5i”.
La
legisladora indicó que, conforme a los montos autorizados anteriormente para
ese propósito, entre los años 2017 y 2020, de haberse ejercido la asignación
presupuestal autorizada el Poder Ejecutivo estatal habría invertido ya en ese
proyecto la cantidad total de 798 millones 319 mil 915 pesos, lo que
“representa que casi se ha pagado en su totalidad el proyecto, conforme a lo
establecido en el contrato”.
No obstante,
el pasado 2 de julio el titular del Poder Ejecutivo solicitó al Congreso
local un nuevo endeudamiento para el mismo proyecto por el orden de los 500
millones de pesos.
Argumentó la
legisladora que, de acuerdo con estas cifras, la inversión pública realizada
en el referido proyecto ascendería a la cantidad total de 1 mil 298 millones
319 mil 915 pesos, “lo que representaría un incremento injustificado en el
proyecto, por 490 millones 476 mil 475 pesos”.
Según
Claudia Gabriela Aguirre, “los servidores públicos denunciados, con su
conducta, violentaron el marco constitucional y legal de la materia, toda vez
que existe un desfase significativo entre los recursos presupuestados y los que
aparentemente se han ejercido en la implementación del citado proyecto”.
Así también,
“los supuestos avances que muestra el proyecto tampoco corresponden al nivel
de ejercicio de los recursos presupuestados, lo que hace suponer que los
recursos autorizados para aplicarse en el referido proyecto fueron desviados
para fines diversos a los autorizados”, abundó.
A juicio de
la legisladora, esta situación invariablemente obliga a que el Osafig lleve
a cabo una revisión especial respecto del proyecto denominado “C5i”, a cargo
del Poder Ejecutivo estatal, “con la finalidad de que se determine si José
Ignacio Peralta Sánchez, en su carácter de gobernador del estado, Carlos Arturo
Noriega García, en funciones de secretario de Planeación y Finanzas, y cuantos
servidores públicos resulten responsables, tienen responsabilidad por el presunto
desvío de recursos públicos, acciones con las que se pudieran haber causado
presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”.
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