Por
Redacción / Sin Embargo.
La organización Ciudadanos Observando descubrió
que la red de compañías vinculadas al empresario Gabriel Salazar Soto que ha
obtenido contratos los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud
del Gobierno de San Luis Potosí por 176.4 millones de pesos presenta
irregularidades como la presentación de domicilios inexistentes o desvinculados
a las compañías, la inclusión involuntaria de socios de empresas de la red, el
montaje de concursos licitatorios en las que participaban como supuestas
competidoras empresas con los mismos socios y la falsificación de firmas.
La
investigación “Epidemia de corrupción en los Servicios de Salud”, realizada
por este grupo ciudadano que vigila el ejercicio del erario de autoridades de
los tres niveles de Gobierno en el estado, descubrió que la red de empresas se
extiende por San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos y el Estado de
México.
Asimismo, consigna
otras polémicas circunstancias en las que la dependencia que dirige Mónica
Rangel Martínez, por encargo del Gobernador Juan Manuel Carreras López, realiza
sus contrataciones de bienes y servicios, como el uso de empresas vinculadas a
escándalos financieros en otros estados o que han sido sancionadas por diversas
irregularidades.
ASCENSO Y
CAÍDA DE GABRIEL.
Gabriel
Salazar Soto cobró notoriedad el año pasado con sus videos motivacionales y de
emprendimiento en redes sociales. En sus mensajes, “Gabo”, como él mismo se
presenta, relata cómo a sus 28 años de edad, pasó de vender enchiladas casa por
casa en su natal municipio de Soledad de Graciano Sánchez, vecino de la
capital, a crear el Grupo Infinite, propietario de 24 empresas dedicadas a la
proveeduría de diversos artículos, servicios financieros, de limpieza,
contabilidad, seguridad privada y de mantenimiento.
Su
ascenso fue meteórico y lo evidenciaba presumiendo autos deportivos,
residencias y viajes.
La suerte
terminó este año, cuando el ala financiera de su emporio, Invercorp Capital
Financial, se declaró en quiebra, generando el enojo de unos 800
inversionistas, que la acusaron de defraudar más de 80 millones de pesos.
La quiebra
de Invercorp sólo fue el inicio de la debacle, pues poco después, el 24 de
mayo, informó que declararía en concurso mercantil el resto de sus empresas,
debido a “errores financieros” y a la crisis económica generada por la
emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. El éxito se
había acabado.
DESLINDE
INFRUCTUOSO.
El auge
de Salazar Soto,
señala Ciudadanos Observando, empezó con la creación de sus empresas en
octubre del 2015, coincidentemente con la llegada de Carreras al Gobierno de
San Luis Potosí.
Sus
vínculos en la Secretaría de Salud, dirigida por Mónica Rangel Martínez, le
abrieron el paso a millonarios contratos por servicios de limpieza en los
hospitales del estado.
Paulatinamente
fue extendiendo su influencia gracias a sus contactos en el IMSS y en varias
dependencias del Gobierno estatal.
Creó toda
una red de razones sociales y personas físicas y de esa forma poder ofrecer
servicios de facturación tanto a dependencias de Gobierno como a personas y
empresas privadas.
El Grupo
Infinite, del que
Salazar Soto es presidente del Consejo de administración, es un corporativo
con 21 empresas visibles y en todas estas empresas, es el accionista
mayoritario, presidente y fundador.
Cuando se
anunció el concurso mercantil, varios socios inconformes apuntaron a la
Secretaría de Salud, denunciando presuntas irregularidades en los contratos con
empresas del grupo.
En
respuesta, la dependencia se deslindó completamente del asunto, señalando
que no se le había otorgado ningún contrato.
Pero ante
el surgimiento de evidencia documental de que sí había tratos, la secretaria
Rangel reconoció que su dependencia había firmado 17 contratos entre 2017 y
2018 por 64.9 millones de pesos.
Descartó
irregularidades e indicó que los contratos habían sido revisados por la
Contraloría General del estado.
Sin embargo,
la investigación de Ciudadanos Observando descubre que el monto contratado
con las empresas vinculadas a Salazar Soto asciende en realidad a 176.4
millones de pesos, 171.8 por ciento más que lo reconocido por la Secretaria de
Salud.
EMPRESARIO
SORPRESIVO.
Cuando
representantes de Ciudadanos Observando visitaron un domicilio ubicado en
San Luis Potosí para preguntar si ahí habitaba el socio de una empresa que
había recibido pagos de 11.9 millones de pesos de Secretaría de Salud en 2018,
los padres de Emmanuel Aureliano Moreno Márquez casi se fueron de espaldas.
Desconocían
que su hijo fuera socio del Corporativo Ribe de San Luis SA de CV y se
sorprendieron, porque sufre un tipo de discapacidad.
Señalaron
que ignoraba cómo el nombre de su pariente aparecía en el acta constitutiva
de una compañía que tenía su domicilio fiscal en la colonia Clavería, en la
alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México.
Pero le aportaron
un dato revelador al representante de la organización: hace años, trabajo en
Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Gabriel Salazar Soto, el
empresario que, antes de caer en desgracia, concretó a través de él mismo u
otras 18 empresas de su propiedad, contratos por 176.4 millones de pesos con la
Secretaría de Salud.
La
organización descubrió que esa no era la única liga con Salazar Soto, En el
acta constitutiva del Corporativo Ribe aparecía, como socio de Moreno Márquez,
Yoel Guerrero Camarillo, quien presentaba como domicilio una casa ubicada en la
colonia Independencia, de la capital potosina.
Esa
vivienda era también el domicilio fiscal de otros socios de Salazar Soto en
otras empresas, Reymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.
Cuando
acudieron a confirmarlo, la familia que dijo tener casi 50 años habitando la
vivienda, les dijo que no conocía a ninguno de los tres y se deslindaron de los
negocios con la dependencia estatal potosina.
El remate en
las irregularidades fue que en el domicilio sede del corporativo, el de
Azcapotzalco, no existe y en diversos documentos contractuales de la empresa
con la Secretaría de Salud, las presuntas firmas de Emmanuel lucen claramente
distinta.
Este caso
pudiera ser un machote sobre el modo en el que Salazar Soto y sus empresas
hicieron negocios con la Secretaría de Salud, pues el esquema de domicilios
falsos y socios que no estaban enterados de serlo, se repite en buena parte de
las 19 compañías que entre 2017 y 2019, recibieron contratos de la dependencia
que dirige Mónica Rangel Martínez por 176.4 millones de pesos.
AMIGOS Y
RIVALES.
Para obtener
los contratos de la dependencia estatal, Ciudadanos Observando también
descubrió que Salazar Soto encabezó un conglomerado de empresas que formaron
una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores del
empresario.
Ciudadanos
Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa de Gabriel
Salazar, era también su socia en la empresa Desarrollo e Infraestructura Absac,
en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes
y Raíces, S. de R.L. de C.V.
Su
hermano, Jonathan Salazar Soto, también es su asociado en Impulse.
Reymundo
Guerrero aparece en el grupo de socios de Absac y de Corporativo Ribe.
En no pocos
concursos, empresas del mismo grupo competían entre sí, siempre ofreciendo
condiciones distintas, lo que contribuyó al triunfo de la otra carta del grupo
en el concurso.
SOCIOS
INVOLUNTARIOS.
Pero no sólo
había parientes y conocidos en el entramado empresarial. Salazar Soto
también usó los datos de terceros sin su conocimiento ni su consentimiento,
para crear empresas que obtenían los contratos o competían contra estas en
licitaciones, facilitándoles el triunfo ofreciendo precios más elevados.
Moreno
Márquez, el socio de Corporativo Ribe no fue el único caso.
Verónica
Martínez Alfaro aparece como socia de once empresas vinculadas a Salazar Soto.
Entrevistada por Ciudadanos Observando, la mujer dijo que ignoraba tal
situación.
Mismo caso
es el de Claudia Lucía Pérez Rodríguez, quien aparece como socia de la
empresa M&M Mantenimiento, que no registra contratos con la dependencia,
pero aparecía como “comparsa” en algunas licitaciones.
Pérez Rodríguez
informó a Ciudadanos Observando que hace años, se desempeñó como auxiliar
administrativa en el Corporativo Infinite, de Salazar Soto.
“NO LO
CONOZCO”
En el
entramado de empresas usadas por el grupo de Salazar Soto, destaca el hecho
común de que los domicilios presentados en sus documentos constitutivos son
falsos o, en realidad, no están asentados ahí.
Ciudadanos
Observando confirmó que 13 de las 19 empresas y personas físicas vinculadas
al empresario y que fueron proveedoras de la Secretaría de Salud, presentaron
en sus documentos domicilios equivocados, inexistentes o abandonados.
Como en el
caso de la familia de Aureliano Moreno, la respuesta de los ocupantes de las
viviendas fue la misma cuando se les preguntaba por la relación con otros
socios: “No los conozco”.
No sólo
ocurrió en San Luis, que registró seis empresas en Soledad de Graciano Sánchez
y en la capital vinculadas al negocio, sino en otras entidades.
En la
Ciudad de México, hallaron que Corporativo Ribe, Emverk Innovation y
Technology, Desarrollo e Infraestructura Absac y el particular Alfredo García
Rodríguez habían presentado domicilios inexistentes o equivocados. En el último
caso, en esa dirección opera una bodega de dulces.
En
Cuernavaca Morelos, los propietarios del domicilio que registró la empresa
Franmark rechazaron ser sede de una empresa y desconocieron la situación.
Mientras que
en el Estado de México operaba Abraham Martínez, con domicilios del
Tultitlán y en Ecatepec, ambos falsos.
EL PODER DE
LA FIRMA… FALSA.
Otro
hallazgo de la
indagatoria de Ciudadanos Observando fue la profusión de firmas distintas
que supuestamente pertenecían a una misma persona.
Las
signaturas aparecían en los contratos con la Secretaría de Salud.
Ciudadanos
Observando documentó incluso caligrafías discordantes en la firma de una
funcionaria de la dependencia, Sandra Pulido Valencia, subdirectora operativa,
que aparecía como testigo en los contratos, lo que para el organismo es una
prueba de las irregularidades en la asignación de contratos.
OTRAS
POLÉMICAS.
Pero la
Secretaría de Salud tiene también problemas con otros proveedores distintos a
los del grupo de Salazar Soto.
La
investigación de Ciudadanos Observando retoma el descubrimiento que hizo el
periodista Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso, en su espacio “Las
nueve esquinas” del 4 de junio pasado, de que la Secretaría de Salud de San
Luis Potosí otorgó en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a
dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra de Baja
California”, por el cual se acusa al exgobernador priista de esa entidad,
Francisco Vega de Lamadrid, de desviar mil 224.5 millones de pesos a través de
contratos de asesorías a compañías “fantasma”.
Las
adquisiciones, autorizadas en 2018, involucran la contratación de las empresas
Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento SA de CV, a la que se le pagaron
16.7 millones de pesos, y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec SA de CV,
que recibió un contrato por 5.8 millones de pesos.
En ambos
casos, los contratos iban a ser otorgados por la SS en licitación pública
bajo el concepto de “Otras Asesorías para la Operación de Programas” por
servicios presuntamente realizados para el Hospital Central.
Sin embargo,
la Contraloría General del Estado le indicó a la Secretaría de Salud que el
concurso no era procedente debido a que la Ley de Adquisiciones del Estado no
preveía ese rubro.
Aun así, la
Secretaría de Salud entregó los contratos por la vía de la asignación directa.
Ambas beneficiadas presentaron en Baja California domicilios fiscales en el
Estado de México, pero no existen. Tampoco hay teléfonos u otra forma de
comunicarse con ellas.
Las
empresas contratadas por la dependencia de Rangel Martínez son ubicadas como
parte del esquema mediante el cual el Gobierno bajacaliforniano pagó mil 224
millones de pesos a unas 91 empresas consideradas “fantasma” y por el cual, el
exfuncionario y otros colaboradores fueron denunciados por el entrante Gobierno
morenista de Jaime Bonilla.
La
dependencia también ha tenido tratos con empresas que gozaron de un auge en
el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que ahora son investigadas por la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública debido
a presuntas irregularidades.
Es el caso
de Comercializadora Pentamed S.A. de C.V., propiedad de Humberto Tello Alvarado
y Ricardo Carrasco, que en el sexenio anterior, obtuvo del Gobierno federal
más de seis mil millones de pesos a través de 266 contratos.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia en contra de la
distribuidora de medicamentos Pentamed en septiembre del 2019, para que se
indaguen todos los movimientos financieros de sus accionistas y su relación con
la empresa SAVI.
La
Secretaría de Salud potosina también ha tenido tratos con Farmacéuticos Maypo y
Comercializadora de Productos Internacionales SA de CV, también investigadas
por presunta corrupción en la venta de medicamentos y otras irregularidades en
el sector Salud federal.
Finalmente, la
Secretaría de Salud fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación y
por su similar estatal como la dependencia estatal potosina con mayor monto
observado por presuntas anomalías en el ejercicio 2018.
La ASF registró
observaciones por 145 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del
Estado hizo lo propio con 63.9 millones de pesos.
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