Dolores
Padierna.
El
inminente retorno del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya
Austin, es el comienzo de un capítulo que México no había podido escribir: el
de la justicia en el caso Odebrecht, que desde 2016 sacudió la política de
varios países de América Latina. Aquí, como todos sabemos, el exfuncionario fue
protegido por un pacto de impunidad.
Lozoya ha
aceptado regresar de manera voluntaria, lo que hará expedita su extradición, y
es de esperarse, como han adelantado la fiscalía y el presidente Andrés Manuel
López Obrador, que sus declaraciones contribuyan a aclarar los detalles de los
sobornos multimillonarios –recibidos en tiempos de campaña electoral y ya en el
ejercicio público– y su destino.
La
ocasión es propicia para hacer un recuento de algunos de los actos que
provocaron que el exconsejero de OHL sea ahora acusado de varios casos de
corrupción, lavado de dinero, cohecho y apropiación indebida.
La trama de
Agro Nitrogenados y Fertinal comenzó a mediados de 2013. Dos años después, el
Consejo de Administración de Pemex emitió un acuerdo para la creación de Pemex
Fertilizantes. Unos meses más tarde, en octubre de 2015 el mismo Consejo aprobó
la adquisición de Grupo Fertinal.
Hasta
mayo de 2019 Pemex había desembolsado alrededor de mil 395 millones de dólares
(mdd) por la compra y rehabilitación de dos plantas de fertilizantes, pero
ninguna resultó rentable ni generó utilidades para el Estado.
Con el
pretexto de que el Estado debía atender las necesidades de los productores del
campo, Emilio Lozoya y el empresario Alonso Ancira, dueño de una de las
plantas, fraguaron una estafa que ejecutaron impunemente, gracias al manto
protector que el gobierno de Enrique Peña Nieto extendió sobre quien fuera
responsable de relaciones internacionales de su campaña.
Tuvo que
llegar un gobierno comprometido verdaderamente con el combate a la corrupción
para que Lozoya fuese inhabilitado 10 años mientras sus cuentas bancarias eran
intervenidas. Posteriormente, igual que su socio empresarial, el exfuncionario
fue aprehendido en España.
Mientras
padecíamos los oídos sordos del peñismo en el Senado, con el debate de la
reforma energética, el Consejo de Administración de Pemex recibía informes
sobre “una inversión en una planta de fertilizantes”, que no era otra sino Agro
Nitrogenados, de Ancira. Tres secretarios de Estado y los consejeros
supuestamente independientes fueron informados de la millonaria operación, pero
nadie la objetó, quizá porque, como dijo uno de los abogados de Lozoya, él no
se mandaba solo y el movimiento tuvo que contar con la venia presidencial.
En enero de
2014 Pemex anunció que reactivaría la producción de fertilizantes. El noble fin
de cubrir 75 por ciento de la demanda nacional de ese insumo y así apoyar a
“los sectores de menor nivel de desarrollo” fue la coartada.
La compra
de activos, así como la rehabilitación y renovación de la planta involucraba
una inversión de 475 millones de dólares.
Aunque la
planta nunca funcionó, Ancira recibió 275 millones de dólares. Un negocio
redondo pues se trataba de una planta obsoleta, abandonada, incompleta y
derruida: no había funcionado en 14 años.
Lozoya
cerró la pinza al nombrar a otro socio suyo, Francisco Henríquez Autrey, como
director de Procura y Abastecimiento de Pemex. Las familias Ancira y Autrey
habían sido las beneficiarias de la fiebre privatizadora de Salinas: habían
adquirido Altos Hornos de México y compraron Agro Nitrogenados a precio de
ganga, la abandonaron y se la volvieron a vender a Pemex a precio de oro. Todo
quedó en familia.
Con el
regreso del PRI a la Presidencia, con el padrinazgo de Salinas, la estrella de
Ancira volvió a brillar.
Según
investigaciones periodísticas, Lozoya recibió un generoso regalo por los
servicios prestados. El pago se habría concretado mediante una triangulación
que involucró a Odebrecht. El 17 de febrero de 2014, un mes después del anuncio
de la compra de Agro Nitrogenados, Altos Hornos de México transfirió un millón
481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company
LP, una offshore de Odebrecht.
En los
sesenta, Carlos Salinas formó un cerrado grupo, con otros privilegiados
hijos de exfuncionarios del alemanismo, en la Facultad de Economía de la UNAM.
Emilio Lozoya Thalmann, padre del extraditable, formó parte de ese clan apodado
“Los toficos”, en referencia a un chicloso de dorada envoltura cuya publicidad
rezaba: “Uhmm, qué ricos”. Y qué corruptos, añadiríamos ahora.
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