Por Alejandro
Gutiérrez.
Un informe
de las autoridades españolas detalla las conversaciones entre Francisco Javier
Rodríguez Borgio, pieza clave de la operación fraudulenta de la Caja Libertad,
y Fernando García Alonso, presunto contacto del representante de Los Zetas en
Europa, El Mono Muñoz.
Para evadir
a la justicia mexicana, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio se
instaló en España donde recurrió a los servicios del mexicano Fernando García
Alonso, quien presumía de contactos en la policía de ese país, para que le
informara si aquí estaba vigente una ficha roja de la Interpol para detenerlo y
extraditarlo a México.
En sus
comunicaciones telefónicas y por mensajería, Rodríguez Borgio alardeaba ante
García Alonso del enorme poder que tenía su abogado mexicano –quien también
buscaba información de la ficha roja–, al que se refería familiarmente como
“Juanito” o como Juan Collado, que es muy “importante aquí y allá (México)”,
porque también es el abogado “del Águila”, en alusión al entonces presidente
Enrique Peña Nieto, por el águila de la bandera mexicana en la banda
presidencial.
Lo que
desconocía era que la policía española tenía intervenidas las comunicaciones de
García Alonso, porque lo consideraba el hombre de confianza de Juan Manuel El Mono
Muñoz Luévano, el prominente enlace de Los Zetas en Europa que fue seguido
meticulosamente desde 2013 hasta su captura en Madrid en marzo de 2016.
Las
comunicaciones entre García Alonso y Rodríguez Borgio, intervenidas por orden
judicial, están en un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de
Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía Nacional sobre la red del Mono Muñoz y sus operaciones de
narcotráfico, fechado en julio de 2014, al que este semanario tuvo acceso.
En aquel
momento, sobre Rodríguez Borgio y su hermano Óscar pesaba una orden de
aprehensión en México por la falsificación de una licencia de la Dirección
Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para apropiarse de
los casinos de otro empresario y sumarlos a su holding Big Bola.
En marzo de
ese año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había ordenado
congelar las cuentas de su Grupo Gasolinero México (GGM) –de la que los
hermanos eran propietarios junto con Martín Díaz Álvarez, sobrino del
exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– por la compraventa de hidrocarburo
robado a Pemex.
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