Por Zedryk
Raziel.
Una
empresa mexicana que forma parte de la presunta red de lavado de dinero formada
por Odebrecht y Emilio Lozoya es señalada por autoridades federales de
participar en el robo y tráfico de combustible de Pemex en altamar, una nueva
ruta de investigación que podría confirmar que la petrolera nacional habría
sido saqueada por partida doble: no sólo de sus arcas financieras, sino también
de sus materias primas esenciales.
A raíz de
un aseguramiento de buques cargados con cientos de toneladas de robo de
combustible, conocido como huachicol, en el puerto de Dos Bocas en 2019, las
autoridades federales iniciaron una investigación contra el empresario
gasolinero Renán Ariel Herrera Valls.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) detectó triangulaciones millonarias entre las
cuentas de Herrera Valls, Tagal S.A. de C.V. –una compañía de la que es
representante– y Etileno XXI, que tiene participación de la constructora
brasileña Odebrecht a través de una subsidiaria, Braskem.
La
Secretaría de Marina (Semar) efectuó el decomiso del hidrocarburo en enero
del año pasado frente al puerto de Dos Bocas, Tabasco, una de las principales
rutas de exportación del crudo mexicano. Para ese momento, el gobierno federal
ya había emprendido una dura estrategia de combate al huachicol.
El titular
de la Semar, Rafael Ojeda, detalló el 30 de enero que 14 pipas
pertenecientes a la empresa Grupo Combustibles S.A. de C.V. –también de Herrera
Valls– surtieron en el puerto de Coatzacoalcos 745 toneladas de diésel al buque
“Imiloa”, que posteriormente traspasó el hidrocarburo a otras dos embarcaciones
de gran tamaño localizadas en Dos Bocas.
En el
operativo fueron detenidos los tripulantes y capitanes de los buques, y la
Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por
el caso. Por esas fechas, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también
denunció que “miles de barriles” de crudo eran robados del puerto de Dos Bocas,
e implicó en la red de cómplices a funcionarios de Pemex y de la Administración
Portuaria Integral
(API).
Hace un mes,
el titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó en una entrevista con El
Economista que se investigaba la relación de Lozoya y Odebrecht con el tráfico
de combustible de Pemex en altamar, y dijo que ya se había presentado una nueva
denuncia por estos hechos ante la FGR. A través de diversas fuentes federales,
Animal Político conoció detalles de la acusación en contra del exdirector de
Pemex, quien ya fue vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación
delictuosa y cohecho.
La UIF detectó
que Herrera Valls y Tagal S.A. de C.V. –empresa dedicada a la distribución de
combustibles– efectuaron triangulaciones por 37.1 millones de pesos hacia y
desde cuentas asociadas a Etileno XXI. Las transferencias se realizaron en 2015
y 2016, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.
Conforme
las investigaciones de autoridades federales, Tagal S.A. de C.V. depositó a
Etileno XXI 18 millones 440 mil 577 pesos en 2015 y 2016. A su vez, Etileno XXI
transfirió 15 millones 565 mil 008 pesos directamente a las cuentas de Herrera
Valls en 2015. En un tercer momento, Tagal S.A. de C.V. depositó 3 millones 095
mil pesos a la cuenta de la esposa del empresario gasolinero, Norma Alicia Cruz
Flores, en 2014 y 2016.
El
matrimonio Herrera Valls-Cruz Flores se asoció para crear en 2002 la empresa
Grupo Combustibles S.A. de C.V., que fue señalada directamente por la Semar de
proveer el hidrocarburo robado que se traficaba en el Golfo de México en enero
de 2019. A su vez, Cruz Flores es la accionista mayoritaria y vicepresidenta
del consejo de administración de Tagal S.A. de C.V., de acuerdo con documentos
oficiales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
El
complejo petroquímico Etileno XXI, localizado en Coatzacoalcos, se inserta en
la trama de corrupción de Odebrecht y Lozoya como un centro nodal mediante el
cual se recibieron y enviaron miles de millones de dólares hacia empresas
fachada ubicadas en paraísos fiscales, de acuerdo con la indagatoria de la UIF.
Proceso dio
a conocer que dichas transferencias de dinero fueron efectuadas por Braskem
y Etileno XXI en años en los que la planta ni siquiera había comenzado
funcionar, entre 2013 y 2016, por 244.1 millones de pesos y 653.2 millones de
dólares; una de las empresas vinculadas con las triangulaciones es Tagal S.A.
de C.V., que incluso hizo depósitos a cuentas de Oceanografía S.A. de C.V., de
Amado Yáñez.
Una
investigación reciente del Congreso de Brasil señaló que los sobornos
transferidos en 2012 por Odebrecht a Lozoya, quien entonces era coordinador
internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se pagaron a
través de la filial petroquímica Braskem, que en ese momento construía la
planta de Etileno XXI, según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad.
Más ordeña a
Pemex.
Herrera
Valls no sólo está implicado en el caso de robo de hidrocarburos en altamar
de enero de 2019, sino que en años anteriores fueron asegurados varios
cargamentos de huachicol en vehículos pertenecientes a compañías a las que está
vinculado el empresario veracruzano.
En febrero
de 2019, elementos de la Policía Federal y del Ejército decomisaron en
Campeche una pipa con 30 mil 861 litros de diésel industrial robado; el
vehículo era propiedad de Tagal S.A. de C.V. En junio de 2017, otra unidad de
la empresa, cargada con 62 mil litros de diésel, fue asegurada por la Policía
Federal en Coatzacoalcos. Tagal también se vio envuelta en un operativo
antihuachicol de marzo de 2004 en el que elementos de la entonces PGR
aseguraron pipas con combustible robado.
Pese a su
implicación en estas presuntas actividades criminales, Herrera Valls y Tagal
han sido, durante años, proveedores de diésel de instituciones del gobierno
federal, principalmente mediante contrataciones por adjudicación directa.
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