Julio Astillero.
De ser
cierto lo que Emilio Lozoya Austin habría denunciado ante la Fiscalía General
de la República, según lo hecho llegar ayer a diversos medios de comunicación,
buena parte de la cúpula del aparato de poder previo al morenismo estaría en
una grave situación jurídica y política.
En la lista
del entramado de poder que habría utilizado al dócil Lozoya, como presunto
instrumento para la comisión de múltiples fechorías de altísima cuantía
económica y de peor calaña ética e institucional, estarían tres ex ocupantes de
Los Pinos (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de
Gortari), dos ex candidatos presidenciales (el panista Ricardo Anaya y el
externo postulado por el Revolucionario Institucional, José Antonio Meade
Kuribreña), una suerte de vicepresidente ejecutivo durante el peñismo (Luis
Videgaray Caso, a quien aquí se ha llamado desde años atrás el cerebro
sustituto durante el periodo 2012-2018), el fallido delfín de Calderón a la
candidatura presidencial panista de 2012 (Ernesto Cordero), dos panistas que
ahora son gobernadores (Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y
Francisco Domínguez, de Querétaro), varios personajes ligados específicamente
al calderonismo (Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury), el concuño
de Carlos Salinas de Gortari (José Antonio González Anaya, quien fue secretario
de Hacienda y director de Pemex durante el peñismo) y otros nombres
relacionados con la operación en las cámaras legislativas y en Petróleos
Mexicanos (entre ellos, el priísta David Penchyna).
Diecisiete
señalamientos (a Salinas de Gortari, por ejemplo, se le define como
comisionista y cabildero del PAN y al panista Anaya se le menciona como
receptor de seis millones de pesos para buscar la gubernatura de Querétaro) en
un recorrido por el pantano de la corrupción nacional, con supuestos detalles de
negociaciones, entregas de dinero y las instrucciones específicas para cada
acto sucio, en una más que anunciada relatoría de la inmundicia que ya había
advertido el Presidente de la República en sus conferencias mañaneras.
Tales
acusaciones lozoyistas no son una verdad jurídica. Son señalamientos de alguien
profundamente involucrado en los mismos hechos corruptos de los que ahora busca
zafarse mediante una negociación para acogerse a un criterio de oportunidad o
una propuesta de salida alterna, como lo menciona en la denuncia de hechos aquí
comentada. Las baterías del sumiso instrumento de las mafias del poder fueron
enfocadas en las élites del pripanismo de aquella época de las negociaciones
reformistas y las elecciones peñistas y en el calderonismo hoy escindido de
Acción Nacional. El ahora morenista Miguel Barbosa, deplorable gobernador de
Puebla, aparece por ahí solicitando favores familiares, según el texto del ex
director de Pemex.
El desfile
lozoyista de escatología política pasa revista a los temas de Odebrecht, el
financiamiento a la campaña presidencial de Peña Nieto, Agronitrogenados,
Etileno XXI, compra de votos a favor de las reformas estructurales, grupo Higa
(el de la Casa Blanca y la de campo de Videgaray) y, en un apartado de ironía
involuntaria, como un virtuoso escandalizado ante la podredumbre ajena, otros
hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias, entre
ellos lo relacionado con el financiamiento en crisis de un medio de
comunicación especializado en economía y finanzas.
Ah, por
cierto, ayer el gobernador de Querétaro hizo una sentida defensa de sí mismo
ante el presidente López Obrador que estuvo en esa entidad. Y posteriormente
hubo en San Luis Potosí una reunión presidencial con los gobernadores del país,
que llegaron a acuerdos sobre revisión del pacto fiscal y gastos sanitarios
pandémicos. Pero la verdadera nota del día, y seguramente de muchos días más,
ha sido la difusión (¿violatoria del debido proceso? ¿acatamiento de voluntad
presidencial?) de la denuncia de hechos del cantor de temporada, el
instrumentado Lozoya Austin.
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