Por Israel
Rodríguez J.
Funcionarios
públicos de todos los niveles de gobierno forjaron pactos criminales con
empresas factureras para defraudar a la hacienda pública alrededor de 350 mil
millones de pesos anuales, aseguró ayer Carlos Romero Aranda, titular de la
Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
En el caso
de desvío de recursos públicos, se coludieron con funcionarios
gubernamentales, simularon licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron
actas de bienes o servicio y realizaron transacciones en el sistema financiero,
explicó en el contexto de la firma de un convenio de colaboración entre el
gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En cada
uno de esos pasos, aseguró, se fueron dejando evidencias. Por conducto de “esos
funcionarios públicos corruptos y facturares se forjaron pactos criminales para
incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población”, añadió.
Romero
Aranda adelantó que las evidencias se están recabando de manera conjunta
entre autoridades federales y estatales, para llevar ante la justicia a quienes
han dañado gravemente a este país.
Destacó que
las facultades de las autoridades hacendarias son más fuertes que nunca, y
recordó que la reforma fiscal que entró en vigor en enero de 2020 permite
efectuar acusaciones por delincuencia organizada contra quienes se dedican de
manera reiterada o permanente a defraudar al fisco, y ello incluye a
seudodespachos que se dedican a planear estrategias de evasión fiscal.
“Quienes
recurrieron a las factureras para deducir o acreditar impuestos con notas
falsas enfrentarán todo el rigor de la ley si no se regularizan cuanto antes.
Además, la norma permite ahora acusar penalmente a las empresas que
participaron en esos delitos fiscales, lo cual podría llevar a la disolución de
la propia empresa y al embargo de sus bienes.”
Ante el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, el procurador detalló que, en ocasiones, el dinero que fluye a las
empresas fantasma proviene de dependencias gubernamentales de todos los niveles
de gobierno encargadas de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, recursos
que debieron ser estrictamente destinados a satisfacer las necesidades más
elementales de la sociedad y generar un adecuado desarrollo sustentable.
Las
facturaras se ostentan como grandes despachos que dan asesoría fiscal o
estrategias en esa área, se inscribieron ante el RFC, utilizaron a notarios
para constituirse, asentaron un domicilio fiscal en el que muchas veces son
covachas en terrenos baldíos, emitieron facturas electrónicas o digitales con
operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para poder
proveer su servicio ilegal.
Todas
esas empresas dejaron huella de esas actividades ilícitas, subrayó.
Los
evasores fiscales, agregó, siempre dejan huella, incluso los delincuentes más
sofisticados. “Todas las herramientas y estrategias utilizadas para consumar un
crimen fiscal dejan un rastro que en los procesos penales llamamos evidencia.
Este
convenio que firmamos con el gobierno de Chihuahua tiene como propósito recabar
todas esas huellas para utilizarlas como evidencia inculpatoria en los procesos
penales que se llevarán en contra de los artífices de la evasión fiscal.
En
transmisión remota, Arturo Herrera informó que dicho acuerdo de
colaboración, el primero en firmarse con una entidad federativa, permitirá que
de los asuntos que denuncie el gobierno estatal y los recursos que se recuperen
por los litigios que lleve a cabo la PFF serán 100 por ciento participables.
Corral apuntó:
Estamos contentos por ser los primeros en firmar este convenio. Vamos a
implementar en Chihuahua la nueva reforma penal fiscal para combatir la
compraventa de facturas falsas, las empresas fantasma, los prestanombres, la
delincuencia organizada y los beneficiarios finales de la evasión fiscal.
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