Dolores
Padierna.
Durante
tres décadas, los panistas gastaron carretadas de billetes para tratar de
vender al estado de Guanajuato como una suerte de paraíso de tranquilidad
anhelado por los inversionistas, como una ínsula ajena a los problemas de
inseguridad y violencia de las entidades vecinas.
La
realidad se les impuso y los exhibió cuando no contaron más con una
contraparte, en el gobierno federal, que cerrara los ojos o se hiciera cómplice
de las sospechosas ineficiencias de los aparatos de seguridad y justicia
locales.
La
detención de un jefe delincuencial, por más importante que sea para su grupo,
no es la medida del éxito de la estrategia con la que este gobierno está
enfrentando el grave problema que heredó. No se trata, como en el pasado, de ir
contando los “objetivos prioritarios” que caen, aunque deba ser motivo de
satisfacción que sean llevados ante la justicia los autores de tremendas
atrocidades.
Lo más
importante, y eso está en el fondo de la nueva estrategia, es que se está
fortaleciendo una nueva institución de seguridad pública, la Guardia Nacional,
con presencia en la totalidad del territorio y con capacidades reales para
enfrentar a la delincuencia.
Las
labores de inteligencia, la coordinación y el apego a la legalidad rinden
resultados concretos contra un grupo delincuencial que ya había sido debilitado
con el firme combate al robo de combustible o huachicol, que era la principal
fuente de ingresos del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima.
En este
recuento no debe olvidarse la importancia que tiene un arma muy poderosa que se empleó escasamente en el
pasado: el congelamiento de cuentas de la red criminal (un centenar en el
caso que nos ocupa) por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda.
Lograda la
aprehensión del capo, es preciso que las instituciones prevengan y combatan
los ajustes de cuentas predecibles, así como el desplazamiento de células
criminales hacia la comisión de delitos que afectan directamente a la
población.
En los
últimos años, desde que Felipe Calderón lanzó su inefable guerra, ha quedado
demostrado que la aprehensión de “objetivos prioritarios” suele traducirse en
una atomización de los cárteles y en confrontaciones que hacen crecer
exponencialmente la violencia. Prevenir estos indeseables efectos es necesario
para garantizar la paz.
Con todo,
la aprehensión del capo tiene gran importancia, sobre todo para la zona sur de
Guanajuato, que ha sido profundamente lastimada por la acción de los
delincuentes y la incapacidad, cuando no complicidad, de autoridades locales.
En marzo de
2019, tras un operativo que no consiguió el cometido de aprehender al capo, el
gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presumió un “golpe de timón” en
materia de seguridad, sin en que los meses siguientes fuera posible observar
reducciones significativas en los índices delictivos.
Los
diputados del PAN fueron más allá esta vez, cuando felicitaron al gobernador
Rodríguez y “a todos los participantes” en el operativo, sólo para no mencionar
al gobierno federal. La caravana con sombrero ajeno llevada al extremo, toda vez que la Secretaría de la
Defensa Nacional proporcionó los detalles de la operación que fue llevada a la
práctica por una unidad de élite de las Fuerzas Armadas.
Ya en el año
en curso, la aprehensión de varias cabecillas del citado grupo culminó con
su liberación por fallas en el proceso, cometidas por la Fiscalía estatal. Tal
episodio subraya la necesidad de ir más allá y desmantelar las redes de
complicidad y apoyo a los criminales, sobre todo si tales redes operan desde
cualquiera de los tres niveles de gobierno.
El
trabajo no podrá completarse si no se atienden, como ha insistido la Cuarta
Transformación, las causas profundas de la violencia y la criminalidad, a
saber, la pobreza, la marginación, la falta de espacios educativos y la
desintegración familiar, entre otros factores.
Por el
momento, es preciso congratularnos de que, en los hechos, se demuestre que es
posible dar respuestas a la sociedad sin echar más leña a la hoguera.
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