La guerra de los videos. ¿Y la justicia?

Ricardo Ravelo.

Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el fin de entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética, la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya en las que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a Pemex con la compra de la planta Agronitrogenados, la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso, a través de pagos millonarios a los legisladores Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos, donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que una un elemento –el video– que no es contundente para probar un delito se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación, pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político, como es el caso del panista Ricardo Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad, donde presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas y cuyo defensor era Juan Collado, el abogado de la mafia, actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero, los que se metía en las bolsas de su saco con todo y ligas cuando el empresario Carlos Ahumada, el principal contratista del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmo a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, Gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser Gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces Presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor del PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Ricardo Dominguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; dio estar dispuesto a comparecer ante las autoridades si es llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente ahora vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”, aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Todo dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío León López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil, recientemente nombrado por el Presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de Morena en Chiapas previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero, otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que le dice: “Aquí te traigo 400”, le dice David León a Pío. Y añade: “Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío León era operador de Morens en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad. De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.