Raymundo
Riva Palacio.
Miguel Ángel
Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 2018 para
preparar su candidatura al Senado, que parecía una estrategia de dos caminos:
seguir activo políticamente, y blindarse para cualquier acción que el siguiente
gobierno quisiera emprender en su contra. La victoria de Andrés Manuel López
Obrador, un cruzado contra el pasado, lo ha hecho guardar un bajo perfil como
coordinador de la bancada del PRI, colaborando pusilánimamente salvo en
momentos excepcionales. Su docilidad, empero, fue gratuita. Frente a las
irregularidades de su gestión en Bucareli, el fuego se le está acercando.
En el
gobierno de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong absorbió la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y la convirtió en un apéndice de Gobernación, de
donde se deriva parte de los problemas de la violencia que se viven en el país
por su mala gestión, al colapsar el aparato policial por la incompetencia de
quienes puso al frente de él, y despilfarrar los recursos para el
fortalecimiento de la Policía Federal, que ocultó al reclasificarlos
presupuestalmente en el rubro de seguridad nacional.
Para no
dejar ningún cabo suelto, designó como secretaria general de la Policía Federal
a Frida Martínez Zamora, su directora de Recursos Humanos y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor en Hidalgo cuando fue gobernador, y llevó a la administración
de Peña Nieto como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo
Humano del Cisen. Martínez Zamora, pareja cuando menos en ese entonces, de Luis
Eduardo, hermano de Osorio Chong, fue la responsable del manejo de miles de
millones de pesos que se movieron en una caja negra, y que fue razón de quejas
y denuncias desde el arranque del gobierno de López Obrador.
La molestia
y crítica por la corrupción en compras de equipos que señaló desde febrero del
año pasado López Obrador como una herencia maldita, también lo fue en la parte
final del gobierno peñista. En la entrega-recepción del equipo de Osorio Chong
al de su relevo, Alfonso Navarrete Prida, las cosas no fueron tersas, sino
tensas, y en algunos casos, de choque. El más notable fue en la Oficialía Mayor
que ocupaba Jorge Márquez, el principal operador político y financiero de
Osorio Chong, a quien no le recibieron la oficina por un faltante de 20 mil
millones de pesos. El sexenio terminó sin que se aclarara ese extravío, lo que
subraya el tipo de conflicto que se vivió en la agonía del anterior gobierno
por la opacidad.
La realidad
finalmente alcanzó a Osorio Chong, quien este fin de semana pudo comprobar a
través de la prensa que la pista de los desvíos de recursos presupuestales en
Gobernación, tocó a su puerta por la vía de la solicitud de órdenes de
aprehensión contra varios de sus colaboradores, donde sobresale Martínez
Zamora, que ha sido como parte de su familia durante casi tres lustros, y quien
es el escalón previo para llegar a Márquez, de quien dependía, no formal, pero
sí para todos los efectos prácticos.
Las
informaciones periodísticas –no desmentidas– tienen que ver con las
investigaciones que durante más de un año ha hecho la Auditoría Superior de la
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2018, donde halló
irregularidades en el ejercicio de recursos públicos de la Policía Federal por
alrededor de mil 500 millones de pesos, y que están relacionadas principalmente
con la partida presupuestal para Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que
manejaba Zamora Martínez. En esa revisión aparecen tres contratos de los que no
se tenía conocimiento hasta ahora:
1.- El pago
de 170 millones de pesos por diversos equipos, sin que el proveedor cumpliera
con la entrega de los equipos adquiridos.
2.- La
inexistencia de documentación que soporte gastos de seguridad pública y
nacional entregados por la Policía Federal a diversos funcionarios por 42
millones de pesos, donde tampoco se presentaron informes sobre los resultados
de la operación o investigaciones realizadas por el personal de esa dependencia
que recibió esos recursos.
3.-
Irregularidades por 800 millones de pesos al no comprobar la Policía Federal
que se llevaran a cabo servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria –que
no se especifican– que fueron contratados a un privado.
La Auditoría
Superior de la Federación encontró también un desvío de la Policía Federal por
500 millones de pesos a empresas extranjeras con quienes no se tenía contrato.
El recurso fue solicitado para adquirir un sistema llamado 'Solución Integral
de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y Localización Inteligente', que
se compró sin tener un estudio de mercado y sin garantizar las mejores
condiciones, que la ASF, afirma, estimó con un valor real de 20 millones.
Este fue uno
de los primeros hallazgos que encontró la Auditoría Superior de la Federación,
que provocó que en marzo de este año Patricia Trujillo Mariel, que era la
coordinadora operativa de la Guardia Nacional, fuera dada de baja. Trujillo
Mariel era la jefa de la Policía Cibernética de la Policía Federal durante el
gobierno de Peña Nieto, y la presunta responsable de haber adquirido a
sobreprecio un programa de la empresa israelí Cyberglover LTD, mediante la
Comercializadora Diozal, desde donde se dispersaron los recursos a empresas
extranjeras ajenas al supuesto proveedor.
Son miles de
millones de pesos los que están bailando y hundiendo al entorno más cercano de
Osorio Chong, sobre quien hay investigaciones en curso en la Secretaría de la
Función Pública que apuntan a un enriquecimiento inexplicable. Esto ya no va a
parar. Una acusación penal está en su horizonte, pero dependerá si su círculo
más íntimo, enfrentado con evidencias sobre su culpabilidad, se apega al
criterio de oportunidad para evitar sanciones mayores, y comienza a hablar de
qué tan arriba llegaron las órdenes para el desvío de dinero que supuestamente
debía haberse utilizado en combatir criminales.
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