Por Rosalía
Vergara.
El senador y
dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, calificó como un
“fallo histórico para la justicia” el laudo que le ganó a Grupo Peñoles por
despido injustificado, por lo cual la empresa deberá pagarle un millón de pesos
de salarios caídos y prestaciones por 12 años y 8 meses que laboró para Minera
Mexicana La Ciénaga.
“Finalmente,
después de un juicio de más de doce años, obtuvimos un laudo favorable en
contra de la empresa Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres. Una situación en la
que, en el año 2008, a partir del 1 de enero, la empresa me despidió a mi como
secretario general, yo trabajaba para la empresa y fue un despido
injustificado”,
indicó en conferencia de prensa.
Las
razones de la empresa de Bailleres para prescindir de sus servicios “fueron
políticas, por capricho, por violencia, por venganza a nuestro movimiento por
reivindicar los derechos de los trabajadores, por exigir mejores salarios y
prestaciones, por buscar que las condiciones de trabajo fueran seguras y dignas
para los trabajadores, particularmente después de la tragedia de la mina de
carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México, el 19 de febrero de 2006 donde
fallecieron 65 mineros que, hasta la fecha, siguen abandonados y sepultados en
el filón”, aseveró
Napoleón Gómez Urrutia.
“Entonces,
la empresa Peñoles se asoció con Grupo México, son socios desde hace muchos
años y tomaron esa decisión, despidiendo a muchos trabajadores, a dirigentes
locales, por razones políticas, cosa que la ley lo prohíbe”, comentó el también presidente de la
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).
Gómez
Urrutia recordó que antes usaban la ley laboral para pisotear los derechos
de los trabajadores y violar sus contratos colectivos de trabajo.
“Finalmente,
en el mes de marzo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número diez,
emitió un laudo a mi favor, yo demandé a Grupo Peñoles, a Alberto Bailleres y a
su Consejo de Administración por ese despido arbitrario injustificado y,
finalmente, en marzo salió este laudo, pero nos notificaron apenas hace dos
semanas o menos, alrededor de diez días”, explicó.
Señaló que,
por su parte, Grupo Peñoles utilizó muchos abogados, despachos “de los más
caros de México”, para mantener y alargar este juicio para sostener que él no
era trabajador minero y por eso le despedían.
“Quiero
también, entre paréntesis, decir que el argumento principal que utilizó el
patán, el nefasto de Javier Lozano Alarcón como secretario de Trabajo y
Previsión Social, el gato de Grupo México, como le llamaba Germán Larrea, el
gato, al secretario de Trabajo, y utilizaron el argumento de que yo no era
trabajador minero”,
comentó Napoleón Gómez Urrutia.
El 24 de
enero de 1994, Gómez Urrutia quedó registrado como trabajador de Minera
Mexicana La Ciénaga y parte de la sección 120 del Sindicato Minero, del que fue
delegado desde julio de ese año, a partir de lo cual gozó de licencia sindical
y el 16 de octubre de 2001 fue nombrado secretario general de los mineros.
“Doce
años después, con este laudo, la junta local número diez determina que yo fui
trabajador minero con La Ciénega, en la sierra de Durango desde el 24 de enero
de 1994 y de que la empresa no sólo me debe pagar los salarios caídos desde el
1 enero de 2008 que me suspendieron, sino también todas mis prestaciones, pagos
y adeudos con el IMSS, Infonavit, Afores”, etcétera, indicó.
En compañía
de integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Minero y de sus abogados, Gómez
Urrutia consideró que este despido injustificado también fue parte de la
campaña que el gobierno de Felipe Calderón montó en su contra.
El 1 de
octubre de 2001 fue electo secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana
(SNTMMSTRM).
Al respecto,
su asesor jurídico, Carlos De Buen, comentó que un juicio de esta naturaleza
habría tardado dos meses en resolverse, pero se prolongó más de una década
porque Peñoles contaba con el apoyo de las autoridades laborales para aplicar
cualquier tipo de “chicanadas”, como argumentar que la firma de Gómez Urrutia
era falsa.
Por su
parte, sus otros dos abogados, Nahir Velasco y Óscar Alzaga, detallaron que
debieron interponer cinco amparos e infinidad de recursos para defender este
caso laboral en 12 años.
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