¿Puede ser completamente imparcial el juicio de García Luna?

Dolia Estévez.

Los abogados de Genaro García Luna cuestionaron la posible imparcialidad del panel que aprobó un nuevo encausamiento con cargos más graves contra el ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa y dos de sus presuntos cómplices, Ramón Enrique Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, el 30 de julio. La “inusual circunstancia del encausamiento sustituto… pudo haber comprometido” el derecho del inculpado “a un gran jurado seleccionado de entre una justa y diversa representación de la comunidad”, planteó el abogado Cesar de Castro, ante la Corte en el Distrito Este de Nueva York (moción 04/8/2020).

De Castro sostiene que en vista de que el gran jurado en Brooklyn no pudo tener quórum por los estragos de la pandemia del COVID-19, la corte trasladó a un panel en Central Islip, la decisión de acusarlo. El bogado pidió al magistrado Brian Cogan, a cargo del caso, acceso a una vasta y minuciosa lista de datos y material utilizados en la selección del jurado y desechar la nueva acusación.

De Castro parece sugerir que la aprobación de una nueva acusación pudo haber estado prejuiciada debido a que la población en Central Islip es menos diversa que en Brooklyn, condado con alto porcentaje de minorías étnicas.

Los fiscales del gobierno pidieron a Cogan rechazar la moción toda vez que, argumentaron, el alegato sobre las “circunstancias inusuales” por el COVID-19, es infundado ya que el jurado en Central Islip se formó en octubre de 2019, mucho antes de que estallara la pandemia. Además, sostienen, fue integrado por residentes de los cinco condados en la circunscripción de la corte del Distrito Este de Nueva York, que incluye a Brooklyn. No obstante, agregan, no objetan compartir con la defensa un número limitado de datos sobre los miembros del panel (carta al juez 07/08/2020)

El magistrado Cogan estuvo de acuerdo. Instruyó a los fiscales darle a la defensa solamente el condado de residencia, el código postal, la raza y edad de los miembros del panel, a más tardar el 24 de agosto (orden 09/08/2020).

Compuesto de cinco a siete ciudadanos, la figura legal de gran jurado consiste en un panel creado por una corte para considerar si existe una causa probable para creer que la persona acusada ha cometido el delito señalado en la acusación y debe afrontar un juicio. Por lo general, lo integran residentes del lugar donde se desarrolla el juicio. Si bien Central Islip es parte de Nueva York, no es donde García Luna está siendo juzgado. De Castro no respondió a mi pregunta de si tiene motivos para creer que pudo haber prejuicio racista o de otro tipo en la selección del panel.

García Luna, Pequeño García y Cárdenas Palomino, fueron acusados de asociación delictiva en una empresa criminal de largo plazo para traficar cocaína a cambio de sobornos multimillonarios del Cartel de Sinaloa. En el nuevo encausamiento, los fiscales también acusan a García Luna de proteger el trasiego de seis cargamentos por 50 mil kilos de cocaína, de haber instalado a “funcionarios corruptos” en posición de poder en zonas bajo el control del Cartel de Sinaloa y de haber recibido “personalmente” maletas con millones de dólares en sobornos.

Recluido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn desde diciembre, García Luna niega todas las imputaciones. Se dice inocente. No ha querido pactar con los fiscales para evitar un juicio en el que lleva las de perder. De Castro tampoco respondió si su cliente cambió de posición a raíz de la nueva acusación que, en parte, busca ejercer presión para forzarlo a aceptar su culpabilidad y cooperar con los fiscales a cambio de una sentencia menor.

Conviene a García Luna llegar a un acuerdo, la vía más usada en el sistema penal estadounidense. El hombre fuerte del calderonismo está cometiendo el mismo error que El Chapo Guzmán, su presunto patrón, de no declararse culpable. Tras 11 semanas y 56 comparecientes (14 “testigos cooperantes”), el exlíder del Cartel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua por el mismo juez que hoy tiene a García Luna.

De Castro ha limitado su defensa a mociones fallidas para tratar de ganar la libertad condicionada de García Luna bajo el pretexto del Covid19 y ahora a pedir desechar la acusación. De Castro es el abogado de oficio que la corte asignó al caso, luego de que García Luna no pudo pagar las millonarias cuotas de un despacho privado porque el gobierno de México congeló sus cuentas.

La sugestión sobre un posible prejuicio racista o de otra índole no es del todo inverosímil. De acuerdo al código legal estadounidense todo insidiado tiene derecho a ser juzgado por un jurado de sus pares (“jury of your peers”). El concepto se originó en Inglaterra cuando se decidió que la nobleza debería ser juzgada por sus pare no por el rey. En la actualidad, “jury of your peers” significa ser enjuiciado por ciudadanos presuntamente iguales al acusado.

Sin embargo, como García Luna no es ciudadano estadounidense, no habla inglés y sólo radicó intermitentemente en Estados Unidos por un corto plazo, difícilmente puede ser juzgado por sus semejantes. Su condición de extranjero complica la imparcialidad del juicio, como sucedió con El Chapo, por el simple hecho de realizarse en Estados Unidos.

De hecho, el juez Cogan estableció la condición de extranjero de García Luna cuando rechazó su petición de libertad condicionada bajo el argumento de que iba a huir porque “no tiene lazos comunitarios” en Estados Unidos, los miembros de su familia son todos ciudadanos mexicanos y vivió toda su vida en México. Si a eso sumamos el prejuicio que existe contra los mexicanos y la fama de corrupción que tiene la clase política y los policías mexicanos en Estados Unidos, es prácticamente imposible que el juicio de García Luna pueda ser absolutamente imparcial.