La administración de Enrique
Peña Nieto emprende el último tramo del sexenio sin cambiar la cara de la
violencia que azota el país. Datos oficiales, altos funcionarios, instituciones
internacionales y la sociedad civil alertan sobre la turbulencia y el caos en
materia de seguridad durante este primer trimestre del año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié
sobre el uso de la tortura como práctica generalizada en el país. Juan Mçendez,
ex Relator especial de Tortura para ese órgano internacional, habló ayer sobre
la negligencia que encontró en el Gobierno federal.
La violencia en el
país pareciera estancada. En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, registró mil 938 carpetas por homicidios
dolosos. Una estadística no tan alejada de las mil 609 de enero del 2010.
Llevar este tipo de casos a la justicia aún es una meta
difícil. En septiembre del año pasado el Inegi refirió que la cifra negra, es
decir los delitos no denunciados y sin apertura de investigación representaron
el 93.7 por ciento del total.
Hoy, la asociación civil Centro de Investigación para el
Desarrollo (Cidac) presentó un informe en el que reveló el bajo rendimiento
policial.
El 31.3 por ciento de 16 Ministerios Públicos estatales
encuestados calificó la capacidad policial para detener delincuentes en
flagrancia como mala. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular,
y el 12 por ciento como buena.
Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)
fue implementado a nivel nacional desde el 18 de junio del 2016.
El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le
falta al policía primer respondiente?” se evaluó la labor policial conforme a
sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las
audiencias iniciales del NSJP.
Sin la labor de los policías el NSJP no funcionará a
cabalidad, advirtió el analista de seguridad Alejandro Hope.
Las policías del país son las encargadas desde detener
delincuentes hasta proteger escenas del crimen y una reforma al artículo 21
constitucional en el 2008 les permitió apoyar al Ministerio Público en el
embalaje y de pruebas. Sin embargo, el 69 por ciento de los ministerios
públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala;
el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.
Hasta el 13 de
febrero, la Procuraduría General de la República refería la operación dentro
del territorio nacional de 37 células delictivas y 9 cárteles del crimen
organizado.
Durante la
administración de Enrique Peña Nieto han surgido nuevos cárteles. Un reporte
del diario estadounidense Los Angeles Times detalló en octubre pasado que el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se estaba uniendo con el Cártel de los
Arellano Félix.
La alianza en Tijuana
habría dado paso al Cártel Tijuana Nueva Generación, que busca pelear la plaza
al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, extraditado a Nueva
York el 19 de enero.
Además de Baja
California, otra joya del turismo mexicano ha sido azotada por la violencia en
este primer trimestre.
Tras dos días
consecutivos de balaceras, con un total de nueve fallecidos, dos de los puntos
turísticos más importantes de la costa caribeña de México están en vilo: Cancún y Playa del Carmen. Tanto así, que
el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para sus ciudadanos de
visita en la zona.
Mientras investigadores trabajaban el 18 de enero pasado en
una discoteca de Playa del Carmen, donde la madrugada anterior murieron cinco
personas por disparos, la región se sacudió cuando hombres armados asaltaron
esa misma tarde la oficina de la Fiscalía del estado de Quintana Roo, en
Cancún. Cuatro personas fallecieron en el incidente.
Las autoridades atribuyeron ambos incidentes al crimen
organizado, pero no explicaron a quién podrían estar vinculados.
Durante estos primeros tres meses del año, Cancún ha sido el
epicentro de una guerra por la plaza, han alertado analistas en seguridad. Y
apenas el 14 de marzo, nuevas balaceras se desataron en esa ciudad y dejaron
como saldo un policía muerto y tres oficiales heridos.
Comunidades Indefensas.
Asimismo, en el
transcurso del actual Gobierno federal las comunidades más indefensas no han
dejado de sufrir la presencia del crimen organizado.
Apenas el martes
pasado, habitantes de San Miguel Totolapan señalaron que se restaurarían las
clases en más de 200 escuelas después de dos meses de inoperancia. Maestros
y familiares exigieron con esta medida que las autoridades no los dejaran solos
ante la célula que opera en la zona y a la que se identifica como “Los Tequileros”.
Desde hace 10 años,
Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, opera en el municipio sin que
las autoridades hayan podido detenerlo.
Por su parte, en
Veracruz, la presencia del narcotráfico ha vuelto a llamar la atención pública,
después de que familiares del colectivo Solecito hallaran alrededor de 250
cráneos en un cementerio clandestino ubicado en el predio Colinas de Santa Fe,
en el Puerto de Veracruz.
Los familiares
participantes en la Brigada de Búsqueda de Personas hallaron en septiembre este
lugar. Y el Fiscal Jorge Winckler afirmó hoy al noticiero de Televisa, que
se sólo se ha avanzado en un 30 por ciento del escrutinio del terreno.
La guerra contra el narcotráfico parece haber engrosado la
fila de asesinatos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 186 mil 297 asesinados
entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015.
Más recientes son los
datos del Semanario Zeta, que contabilizó 90 mil 649 ejecutados en 50 meses del
Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, de diciembre del 2012 a enero del
2017.
Los datos entierran las promesas hechas por Peña Nieto
cuando fue candidato presidencial.
“En los últimos
cuatro años se han incrementado y se han sumado a las filas de la pobreza 12
millones más de mexicanos y de ellos la mitad no tienen o no les alcanza para
comer. […] Y por si esto fuera poco, hay que decir que la ola de violencia y de
inseguridad amenaza tu vida y tu libertad. […] Me propongo cambiar el miedo
por esperanza, me propongo cambiar a México”, decía en el debate de candidato,
en mayo del 2012.
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