Los partidos
políticos en la Cámara de Diputados, con excepción de Morena que votó por la
abstención, decidieron no aprobar, por el momento, la reducción de su
financiamiento, e incluso retiraron la propuesta de la comisión encargada de
dictaminar la iniciativa; además, acordaron establecer una mesa de análisis del
tema en la que participará la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
A inicios del año y ante el gasolinazo, representantes de
todos los partidos políticos coincidieron en que éstos reciben grandes
cantidades de dinero para el financiamiento de sus campañas, por lo que
propusieron iniciativas para reducir los montos de financiamiento público.
Este día, a unas
horas de que se aceptara reducir el financiamiento público a los partidos, la
Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza el perredista Guadalupe Acosta
Naranjo aprobó, por mayoría, instalar una mesa donde estén miembros de la
comisión y de la Jucopo , así como expertos en materia electoral con el fin de
presentar un documento final.
Incluso, la comisión
se declaró en sesión “permanente” para en cualquier momento votar el documento.
Más aún, los integrantes de la comisión se comprometieron a votar la
disminución de los recursos a los partidos políticos antes de que concluya el
actual periodo ordinario de sesiones, es decir, el 30 de abril.
Para evitar suspicacias, el presidente de la comisión
aclaró: “No es un receso para que no se vote, sino para que se discuta y se
llegue a acuerdos”.
A su vez el diputado del PRI y miembro de la comisión,
Braulio Guerra, sostuvo que su partido “no bloqueó” la aprobación del dictamen
que reduce el financiamiento a los partidos, sino que “más bien alentó,
incentivó que entráramos al estudio de estas 16 iniciativas, y nos comprometimos
para que en el mes de abril, como límite, podamos votarla, sacarla adelante.
Esta es una exigencia de la gente… el PRI está absolutamente a favor de
responder con la disminución del financiamiento público a los partidos
políticos”.
Desde el inicio de la sesión, la cual fue convocada por
Acosta Naranjo para aprobar la referida disminución, se pidió que el tema fuera
retirado de la votación y se acordó que algunos de los promotores, como el
diputado local independiente por Jalisco, Pedro Kamamoto, hicieran una
presentación de su iniciativa.
Acosta Naranjo
expresó que el tema es “delicado” y, al requerirse dos terceras partes de los
votos para una reforma a la Constitución, lo pertinente era “privilegiar” la
discusión.
El dictamen de la comisión establecía aprobar el inciso a).-
fracción II del artículo 41 de la Constitución. Para quedar como sigue:
“El financiamiento
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se
fijará anualmente: multiplicando por el sesenta y cinco por ciento del valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente cantidad que resulte de
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el otro cincuenta por ciento de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior”.
Estos cambios ya estaban en el dictamen en sentido positivo.
Actualmente dicho
inciso establece:
“a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se
fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario
vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior”.
El diputado por
Morena e integrante de dicha comisión, Rodrigo Abdalá Dartigues, dijo que su
partido votó por la abstención, pues aunque se comprometieron públicamente a
votar la iniciativa en el actual periodo ordinario, “todos sabemos que cuando
interviene la Jucopo no tiene buenos resultado finales”.
Si la iniciativa no se aprueba antes del 31 de mayo, no
podrá hacerse efectiva para los comicios presidenciales de 2018, pues cualquier
reforma en materia electoral debe realizarse con un año de antelación al
arranque del proceso electoral.
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