Emma Gabriela Molina
Canto, la mujer que durante años desafió al sistema en su incesante afán por
recuperar a sus hijos, raptados por su exesposo, el empresario tabasqueño Martín
Alberto Medina Sonda, fue asesinada esta tarde por pistoleros a las puertas de
su domicilio.
Molina Canto fue interceptada por sus asesinos cuando recién
descendía de su auto y se disponía a entrar a su domicilio, ubicado en la calle
28 entre 35 y 39 del fraccionamiento San Luis, cerca de la Preparatoria No. 1
de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha
emitido información en torno al caso, trascendió que los presuntos homicidas,
quienes abandonaron la escena del crimen en un taxi ecológico, al parecer ya
fueron aprehendidos.
Molina Canto estuvo
casada con Medina Sonda, socio a su vez de José Manuel Saiz Pineda, quien fue
tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo, exgobernador
actualmente preso.
En medio de una disputa legal que comenzó desde 2010 por la
custodia de los tres hijos que procrearon, Medina
Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias, desató el acoso
judicial contra Emma Gabriela y la madre de ésta, Ligia Teresita Canto Lugo,
quienes fueron encarceladas por diferencias circunstancias.
Emma Gabriela fue
detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales, y trasladada
judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que
pudiera quedarse con la custodia de los niños.
El 25 de mayo de 2012
fue la primera vez que Emma Gabriela fue detenida por el delito de retención
ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que no era de ella pero que su exesposo
le había obsequiado años antes. El momento de la detención fue aprovechado por
Medina Sonda para raptar a los niños, quienes viajaban con su madre.
Así inició su lucha
contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que estuvo ella presa,
su madre continuó el peregrinar legal. Ambas encararon incluso al presidente
Enrique Peña Nieto en demanda de justicia.
Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la
Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la
desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la
Fiscalía General del Estado de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la
búsqueda y presentación de Mariana, Martín e Isabela Medina Molina, entonces de
10, 7 y 6 años de edad, respectivamente, en todo el país.
Días antes, la abuela
fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República a
Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en aquella
entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la
fabricación de delitos en contra de la mujer.
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