Ernesto Villanueva.
Desde
hace muchos años han estado empolvándose iniciativas de ley para eliminar o
reformar las pensiones presidenciales (que sí representan una cantidad de la
que carece más de 99% de la población) y los gastos ocultos de los exmandatarios,
que ascienden casi a 5 millones de pesos.
Estos
datos son ofensivos para todos los mexicanos, pues la pensión, los ayudantes,
la vigilancia personal, los seguros y demás privilegios de los expresidentes de
la República y sus familias suman dos mil 700 salarios mínimos mensuales,
contra mucho menos de 10 salarios mínimos mensuales en el caso de los
expresidentes de Estados Unidos –prerrogativa no vitalicia, sino por tan sólo
10 años a partir de la administración Clinton. La inequidad es abismal.
Debo confesar que para la doctora
Hilda Nucci y yo, autores de la investigación Los parásitos del poder. Cuánto
cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (Ediciones
Proceso, segunda reimpresión, 2017), atestiguar el fortalecimiento de una causa
–que es además la de millones de mexicanos– como la que ha hecho suya la
diputada federal Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, es una gran
satisfacción.
El
hashtag #ExPresidentesSinPension que abandera la legisladora por mayoría
relativa (es decir que sí fue votada directamente por sus electores) del
Distrito 8 de Guadalajara, Jalisco, tiene un valor agregado, toda vez que la
diputada optó por predicar con el ejemplo: no ha aceptado seguros de vida ni de
gastos médicos, ni bonos disfrazados de lo que sea. Si en algo no hay discusión es en lo inaceptable que resulta el uso de
dinero público para fines privados en las cámaras de Diputados y de Senadores,
y en prácticamente en toda dependencia pública.
El caso de la diputada Delgadillo
supone transitar del dato académico y comparativo de una obra como Los
parásitos del poder a la praxis política y legislativa para traducir en acto la
denuncia contenida en este libro, que no se queda en el muro de lamentaciones
sino que ofrece soluciones legislativas a la luz de las mejores expresiones
comparadas.
Esta denuncia sigue activa con la
causa de la diputada Delgadillo y que, insisto, es nuestra causa, animada por
la razón, la justicia y el cumplimiento del estado de derecho. Hablé con la
legisladora para felicitarla por su valor civil y para decirle que estaba
orgulloso de que, como ella, no todos los legisladores fueran corruptos. Me
comentó que ha recibido tuits denigratorios a su persona y a su causa, así como
mensajes amenazantes para su grupo de colaboradores. Le dije: bienvenida a la
realidad.
En
la lógica de la descalificación y el acoso, la infraestructura de los llamados
“peñabots” se lanza para crear cortinas de humo y desacreditar, para denigrar
al mensajero; se maquina contra aquellas propuestas que se considera
necesario neutralizar y para hacer naufragar las causas que ponen en aprietos
al sistema institucional de privilegios cuando esas ideas han impactado o están
impactando positivamente en el ánimo de la opinión pública, como es el caso de
la iniciativa impulsada por la legisladora.
Verónica Delgadillo y Clemente
Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de MC, van juntos en esta
empresa legal y política.
Por tal razón, Verónica Delgadillo
no va por todas las canicas. Va juiciosamente por una pero que tiene un gran
valor simbólico, histórico y psicológico en la sociedad porque se está
demostrando que no hay un destino fatal para los mexicanos y que la ilegal
afrenta contra el pueblo que representan las
cínicas pensiones y apoyos de los expresidentes y sus familias no puede
mantenerse eternamente impune.
En
palabras políticas llanas, la diputada Delgadillo ha puesto en aprietos al
gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo equipo seguramente está pensando qué hacer
para salir del paso ante un frente inesperado, como si le faltaran problemas.
Y esto es sólo el principio. Cada día somos más quienes apoyamos la causa de
Verónica, porque es la causa de la sociedad y no debemos –no podemos– ir contra
nosotros mismos.
La
Organización Nacional Anticorrupción (Onea) le dio ya su respaldo a la
legisladora y a la causa. En contraste, es lamentable el extraño silencio al respecto de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad, el organismo financiado por la Coparmex que, se
supone, debía simpatizar con una iniciativa que busca acabar con un caso tan
indignante de corrupción e impunidad monumentales como el que implican las
citadas pensiones y demás privilegios de los expresidentes de México.
Muy
por el contrario, ese organismo ha dado un apoyo implícito al mantenimiento de
esos privilegios ofensivos; una postura que va en contra de aquello por lo que
dicen luchar.
Estoy convencido de que cada
ciudadano o agrupación social deben apoyar desde sus propias trincheras a esta
joven legisladora que recorre caminos políticos inéditos. Su osadía debe ser
una lección para romper el círculo perverso de la zona de confort tan propio de
la tradicionalmente corrupta clase política mexicana.
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