Un elemento de la Policía Federal Ministerial, quien fungía
como escolta de Alfredo Castillo Cervantes cuando éste era comisionado en
Michoacán, es señalado como el principal responsable del intento de secuestro
cometido contra la empresaria Lucrecia Pacheco González, ocurrido en octubre
2014 en el Estado de México.
Se trata de Olinsser Castillo García -empleado de Castillo
al menos desde el caso de la muerte de la niña Paulette (2010)-, y quien se
encuentra “activo” dentro de la PGR desde 2013, después de la llegada de
Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Olinsser está catalogado como “subjefe de agentes de
seguridad”, adscrito a la Policía Federal Ministerial, con una plaza de
“confianza”, un sueldo de más de 62 mil pesos mensuales y un domicilio ubicado
en Izcalli del Valle, municipio de Tultitlán, Estado de México, exactamente a
unas calles de donde ocurrió el intento de secuestro, hace dos años, cuatro
meses.
La empresaria Lucrecia Pacheco también denunció a Jair Mario
Castillo García, quien durante el intento de secuestro trabajaba con Alfredo
Castillo en la Comisión para la Seguridad en Michoacán, donde se desempeñaba
como “jefe de departamento”, en el que daba “apoyo en labores administrativas”.
Además, previamente fue elemento de la Policía Ministerial del Estado de
Méxicodenuncia
Al igual que en el caso de Olinsser, a nombre de Jair Mario
está registrado un domicilio a unas cuadras de donde ocurrió el intento de
secuestro de la empresaria, en el mismo fraccionamiento de Izcalli.
Olinsser, Jair y Lucrecia Pacheco prácticamente son vecinos;
los separan unas cuadras y una caseta de “vigilancia”.
La señora Pacheco contó a Aristegui Noticias cómo los dos
empleados de Castillo y otros sujetos que aún no son identificados de forma
oficial, trataron de secuestrarla frente a su propia casa, el 27 de octubre de
2014. Primero, ella pensó que se trataba de una confusión.
Uno de los hombres (Olinsser), entonces desconocido por
ella, sacó un arma, la encañonó y en conjunto intentaron llevársela a la
fuerza, mientras la familia Pacheco observaba todo.
“Cuando se baja de la
camioneta lo primero que hace (Olinsser) es cortar cartucho, se dirige hacia
mí, le da la vuelta a la puerta, se dirige hacia mí y me encañona de frente”,
narró la empresaria.
La madre y el hijo de Lucrecia, en la puerta de su casa,
miraban atónitos. El hermano de la empresaria forcejeaba con los otros
involucrados y trataba de entender lo que ocurría.
-¿Por qué no se la llevaron?
“Porque se salió fuera de control esta situación… a Olinsser
Castillo García se le cayó el arma en ese momento”.
La señora Pacheco piensa que se la querían llevar para
obtener millones de pesos con su rescate o incluso también supone una posible
venganza de un vecino con el que tienen relación los dos policías involucrados.
Lucrecia Pacheco es dueña de una empresa de transportes -que
heredó de su padre-, los cuales llevan marcado su apellido -Pacheco- y en
ocasiones quedan estacionados afuera de la casa que tiene en Izcalli del Valle,
donde vive su madre.
El inmueble resalta de los otros por su fachada recién
remodelada, con vidrios gruesos, portón automático y un interphone. Las cámaras
de seguridad fueron colocadas tras el intento de secuestro del 27 de octubre de
2014.
“¿Sí sabes quién soy yo?”
El 29 de octubre de
2014, Lucrecia Pacheco decidió acudir a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en
Tultepec, Estado de México, donde denunció el intento de secuestro, para que
las autoridades buscaran a los involucrados, sin saber entonces que se trataba
de policías.
Desde agentes
municipales hasta elementos del Ejército hicieron rondines en el fraccionamiento
de Izcalli del Valle, hasta que Pacheco ubicó las dos camionetas que
transportaban a los hombres que intentaron secuestrarla.
Sin advertir la
presencia policiaca y militar, de uno de las camionetas, de color blanco,
descendieron Olinsser Castillo García como Jair, junto con una mujer que los
acompañaba. Lucrecia Pacheco gritó alterada: “¡Ellos son los que me amenazaron
a mí y a mi bebé!”. Olinsser y Jair notaron la presencia de toda la Base de
Operaciones Mixtas. Parecía su fin. Caía la noche en Izcalli del Valle.
Cuando iba a ser
detenido, Olinsser Castillo García espetó: “Es que no mames güey, es que no es
así güey. ¿Sí sabes quién soy yo, verdad?, ¿sí me ubicas?”.
El policía federal ministerial manoteaba y exigía al
comandante militar que encabezaba la Base de Operaciones: “Dame la atención”.
Los miembros de la Base de Operaciones Mixtas dudaron en
creer los alardes y pidieron a los sujetos que los acompañaran al Ministerio
Público.
Olinsser montó en
cólera. “Jair, vámonos ya. Y ahorita la voy a meter a la cárcel a la vieja”,
soltó iracundo frente a Lucrecia.
“Ahorita vas a ver,
ahorita vas a ver, esto no se va a quedar así”, le advertía el hombre.
Los dos sujetos se
“ostentaban como personal de la Secretaría de Gobernación y familiares de
Alfredo Castillo Cervantes”, de acuerdo con los militares.
Para entonces, nadie se atrevió a esposar a Olinsser. Se
subió por su propio pie a la patrulla. A su lado, los policías municipales no
parecían sus captores sino más bien sus acompañantes.
El comandante de la
Base de Operaciones, el teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López,
decidió trasladar a Olinsser y Jair Mario al MP de Cuautitlán.
A la postre, les
devolvieron todo lo asegurado, incluida al menos un arma y las camionetas que,
de hecho, no existen en el expediente inicial.
En la nómina de PGR.
Al menos hasta mayo
2016, Olinsser seguía en la nómina de la PGR, de acuerdo con su última
declaración patrimonial. Pese a estar en la misma estructura de la dependencia,
no ha sido llamado a declarar por los hechos de octubre 2014. Lucrecia Pacheco
cree que esto se debe a sus vínculos con Alfredo Castillo.
Uno de los encargados
de la seguridad del ex comisionado confirmó que Olinsser no estaba en Morelia
el 27 de octubre 2014, cuando ocurrió el intento de secuestro de Pacheco sino
que “sólo se encontraba el encargado del servicio el señor Omar Castillo
García”.
Dicho informante declaró ante el MP que la seguridad del ex
comisionado y hoy titular de la Conade consistía en un “grupo de escoltas
asignado… conformado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la
Policía Ministerial del Estado de México”.
A Olinsser lo ubicó
perfectamente como el “encargado de logística de la operación de los agentes
para proporcionar el servicio de guardia del señor Alfredo Castillo”.
El intento de
secuestro de la empresaria fue denunciado no sólo ante las autoridades del Edomex,
sino también en la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada instancia
realiza sus propias investigaciones; en la Sedena ya hay avances que se
detallarán en la segunda parte de este reportaje, mientras en el Edomex todo
parece estancado.
Pacheco González tiene los recursos para seguir
investigando. Se ha convertido en su propia abogada. Actualmente, trabaja en la
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde aprendió a redactar todo
tipo de oficios a una autoridad, los cuales le toca ahora hacer para su propia
búsqueda de justicia. Sabe de “diplomacia” con la que debe dirigirse ante un
MP, por ejemplo. Pero en ocasiones explota y les levanta la voz al ver su
pasmo. Otras veces llora de impotencia. Y hasta se ríe cuando todo es absurdo,
como cuando una autoridad no sabe decirle dónde está su expediente. La risa no
es de felicidad sino una vía de desahogo.
Pese a todas las
vicisitudes, la empresaria no se detiene. Dice que va a defender a su familia
ante cualquier riesgo.
“Yo le creo”
El ex presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, conoció desde finales de 2014 lo que
le ocurrió a la señora Pacheco. El caso prácticamente estuvo en sus manos
durante meses, luego de que se lo presentara la entonces titular de la Unidad
de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, América Nava Trujillo.
La señora Lucrecia Pacheco se distanció de él cuando se
convenció de que Hernández Barros se aprovechó de su situación y no logró avances
sustanciales.
Ante la cámara,
Hernández Barros dijo creer en la denuncia de la señora Pacheco, sobre todo por
el shock emocional que pudo constatar.
“Yo hice mi trabajo”,
sostuvo Hernández Barros el pasado 21 de octubre, unos días después de que
llegara a la presidencia de la CEAV. “Nosotros (la CEAV) no investigamos. No
impartimos justicia”, aclaró.
“Yo le creo por supuesto, el principio de buena fe me hace
creerle a las víctimas…A mí lo que ella me contó es que llegaron a su domicilio
unas personas, que ella estaba con su mamá y con su hijo, y que trataron de
secuestrarla, que estuvieron forcejeando con ella para subirla a un vehículo,
que ella se resistió a eso, que opuso resistencia y en un momento dado más
gente empezó a salir de sus casas a ver qué estaba pasando. Y los
secuestradores desistieron de su intento de secuestro y huyeron. Esa es la
versión que yo tengo de ella”, indicó en entrevista para este medio.
A inicios de 2016,
Barros dejó el caso pues, aseguró, la víctima ya no lo buscó. Para entonces,
reconoce, “no había avances en el sentido de que hubieran declarado los
probables responsables”.
-¿No hay ni un solo detenido, le dice algo eso?
“La Procuraduría
tenía su propia visión del asunto. Ellos decían que no se trataba de un
secuestro, sino que se trataba de una riña vecinal que, esa esa era la versión
que tenía la Procuraduría… Yo francamente esa versión para mí era difícil
creerla después de ver a la víctima en el estado que venía, de alteración, de
la necesidad que tenía de terapias psicológicas…”.
-¿Eran policías secuestrando?
“Esa es la versión
que ella nos da, a las personas que ella reconoce y que les hace imputaciones
directas”.
En la CEAV, la empresaria recibió atención psicológica y se
le dio asistencia jurídica gratuita por parte de la CEAV.
La psicóloga de la CEAV estableció que la señora Pacheco
enfrenta una “situación real de amenaza (que) es actual y no ha cesado; ha
presentado síntomas de ansiedad importantes así como estrés postraumático,
derivados de los delitos de los cuales fue víctima y de las posteriores
circunstancias que ha enfrentado con las autoridades”.
Además de la CEAV, el caso Pacheco escaló a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Tras meses de revisarlo, el organismo concluyó que:
“…Del análisis de la queja y de la documentación recibida,
se advierte que personal de la Procuraduría General de la República que
participó en los hechos, probablemente incurrió en conductas constitutivas de
responsabilidad administrativa previstas en el artículo 54, fracciones I y VI,
de la ley orgánica de la PGR, al no conducirse con apego al orden jurídico y
respeto a sus derechos humanos en el desempeño de sus funciones, omitiendo
observar un trato respetuoso, además de abstenerse de todo acto arbitrario y de
limitar indebidamente sus funciones”.
La señora Pacheco, su hijo y su hermano -testigos del
intento de secuestro de la empresaria- presentaron una “afectación emocional
derivada de los hechos que se investigan y que corresponden al periodo del 27
al 29 de octubre de 2014, mismos que incluyen las agresiones por los sujetos
que la amenazaron, así como la victimización secundaria por las instituciones
participantes en el evento”.
Pese a todas las
denuncias sobre la mesa, en la PGR el expediente se estancó. Consultada
sobre el caso, la dependencia declinó hacer comentarios sobre una averiguación
que, indicó, sigue abierta. Jair Mario
Castillo García también fue contactado en su propio domicilio, vía telefónica;
primero pidió una reunión con este reportero y después dijo desconocer del
tema. Por último, colgó. En tanto, el ex comisionado Castillo aún no ha emitido
una postura sobre el caso.
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