El 2 de septiembre de
2016, Isaías Jácome Hernández, un joven de 29 años de edad que se dedicaba a
hacer instalaciones de la empresa Dish, salió de su casa rumbo al trabajo, en
el puerto de Veracruz, pero no volvió.
Durante tres días la familia emprendió una campaña de
búsqueda en redes sociales, hospitales, separos de la policía y casas de los
amigos de Isaías en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
En rueda de prensa, el pasado domingo 19, el titular de la
Fiscalía General del estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, dio detalles
pormenorizados del hallazgo de una fosa en un predio particular de la comunidad
de Arbolillo, en Alvarado.
En ese lugar, dijo,
se hallaron cientos de restos humanos y 47 cráneos, entre ellos,
presumiblemente, los de una familia de Querétaro y otros tres jóvenes, uno de
los cuales sería Jácome Hernández.
“Existen indicios que
permiten hacer presumible que dentro de los restos exhumados se encuentran los
del joven Isaías Jácome Hernández, el cual fue denunciado como desaparecido el
día 6 de septiembre del año 2016, lo que dio inicio a la carpeta de
investigación 1582/2016 radicada en la Fiscalía de la ciudad de Veracruz”,
apuntó ese día.
Pero el cuerpo sin
vida de Isaías Jácome fue arrojado sobre la carretera de la localidad de
Tejería, en la zona industrial del municipio portuario, el 5 de septiembre de
2016, y un día después –cuando según la FGE fue reportado como desaparecido– el
joven fue velado y enterrado por sus familiares.
La familia de Jácome
Hernández entregó al Colectivo Solecito una carta en la que recriminó la
indolencia de la FGE y su poca sensibilidad, además de su falta de pericia para
tratar el tema de los desaparecidos.
“Tiene siete meses
que enterramos a nuestro Isaías Jácome, exigimos que nos dejen seguir en paz
nuestro duelo”, puntualiza la misiva.
Incluso, en un breve
rastreo en la red social Facebook aparece una docena de esquelas virtuales por
el fallecimiento del joven instalador de Dish, así como condolencias por parte
de sus amigos. Ahí mismo fue subida una imagen de Isaías, con una tenue barba,
vestido con una playera roja. La misma fotografía fue utilizada por familiares
y amigos del 2 al 5 de septiembre de 2016 –hace más de 200 días– para dar con
su paradero.
La noche de ayer, el
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pidió “una disculpa pública” a nombre del
fiscal por las quejas de los colectivos de desaparecidos, que cuestionaron la
capacidad, conocimiento y sensibilidad del funcionario para tratar el tema.
Y en rueda de prensa
en el Congreso local, el propio Jorge Winckler pidió “una sincera disculpa” a
la familia Sánchez Pérez de Querétaro –tres de cuyos integrantes (Javier
Sánchez, Dolores Pérez y Natividad Sánchez) desaparecieron el 3 de septiembre
de 2016–, que se mostró indignada después de que la FGE sostuvo que
“presumiblemente” aquellos habían sido hallados muertos en la fosa de Alvarado.
El funcionario estatal hizo
la declaración después de que se encontraron las credenciales de elector de las
víctimas, y plásticos de tarjetas departamentales con el nombre de la familia,
pero sin hacer los exámenes de ADN para comprobar que se trataba de ellos.
“Lamento mucho y sinceramente pido una disculpa, nunca fue
mi intención, ni de la Fiscalía, lastimar a las familias, a ninguna víctima, ni
a nadie en específico”, apuntó.
Apenas ayer, una radiografía proporcionada por el propio
Winckler reveló la magnitud del problema de los cementerios clandestinos en
Veracruz, pues durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte se detectaron
fosas de ese tipo en 43 ciudades de la entidad.
El mapeo de dichas
fosas, elaborado por los funcionarios actuales de la FGE, ilustra que el crimen
organizado utilizaba como cementerios clandestinos todas las regiones de
Veracruz, Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región Olmeca y las
periferias de las grandes ciudades.
El listado detalla
que hay tumbas irregulares en: Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacán,
Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla,
Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán,
Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto
Lucero.
También en Alvarado,
Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las
Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis,
Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán,
Córdoba y San Rafael.
Según el fiscal, en
estos 43 lugares donde se realizaron inhumaciones se hallaron 225 cuerpos, “sin
tomar en cuenta” los hallazgos de Colinas de Santa Fe, donde sólo han sido
identificados dos cadáveres, pero existe un número indeterminado de restos. Un
parámetro de referencia –explica– son los 245 cráneos localizados.
Tampoco entran en la
numeralia los 47 cráneos y cientos de restos humanos exhumados del 17 al 19 de
marzo en la congregación de Arbollillo, en el municipio costero de Alvarado.
En ese lugar,
personal de la Marina-Armada de México y de la dirección de servicios
periciales de la FGE, además de policías ministeriales, detectaron ocho fosas
en un predio particular.
En el sexenio de Duarte, Proceso documentó 20 cementerios
clandestinos en Veracruz, de norte a sur, de los cuales la extinta Procuraduría
General de Justicia (PGJ), la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y
el propio exgobernador admitieron únicamente la existencia de la mitad de ellas
y la consecuente exhumación.
En Veracruz,
colectivos como Familias Enlaces Xalapa y Solecito han denunciado negligencias
y omisiones de las autoridades, sobre todo en el manejo irregular de cuerpos No
Identificados (NI), arrojados a la fosa común en diversos panteones de la
entidad.
“La administración
anterior fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no
identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles
genéticos, tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas,
cientos de cuerpos fueron enviados a la fosa común sin ser identificados.
Además, el proceso de inhumación en
fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera incertidumbre sobre el número
real de cuerpos enviados a éstas”, expresó Winckler.
Y ahora, dijo, la Fiscalía General del Estado tuvo que
solicitar la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja para
la elaboración de un plan de exhumaciones apegado a los estándares y protocolos
internacionales rigurosos.
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