La Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado se asemeja a una caja negra cuyas
decisiones escapan al escrutinio público. Un ejemplo es el dictamen de las comisiones unidas que establece que los 23
aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción cumplen con los
requisitos para el cargo, sin haber realizado una selección por falta de
atribuciones, ya que éstas se concentran en la Jucopo, consideró el Comité de
Acompañamiento Ciudadano (CAC).
Al fijar su postura luego de que el pasado 21 de marzo las
Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción publicaron el dictamen de
idoneidad de los candidatos a la Fiscalía,
los siete integrantes del CAC señalaron que “al enviar la lista completa de los
23 aspirantes a la Jucopo, el dictamen demerita sus propios procedimientos, las
comparecencias y la participación ciudadana de este ejercicio”.
Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Issa Luna, Fernando Nieto,
Cristina Puga, Juan Carlos Sánchez y Luis Carlos Ugalde señalaron que el
dictamen “es un contrasentido, puesto
que la función de las comparecencias, a nuestro juicio, era justamente depurar
la lista original”.
Por ello, explicaron, el propósito de nuestro reporte ha
sido la emisión de un juicio independiente y razonado, que permita hacer una
valoración de los perfiles idóneos para el cargo y no la simple confirmación de
que todos los candidatos reúnen los requisitos de ley”.
Resaltaron que “el valor de la recomendación del CAC deriva
de que fue elaborada por siete personas sin vínculos ni intereses partidarios y
con base en una metodología con criterios de idoneidad y cédulas de evaluación,
que fueron publicadas el 14 de marzo en los micrositios de las comisiones.
Señalaron que “una deficiencia estructural del proceso de
designaciones y nombramientos que lleva a cabo el Senado, es la falta de reglas
claras y homogéneas y la concentración de la decisión última en la Jucopo, que
con frecuencia asemeja una caja negra cuyas decisiones escapan al escrutinio”.
Indicaron que la
falta de atribuciones de las comisiones para elaborar una preselección traslada
la decisión a la Jucopo, sin proveerla de una valoración precisa y escrita que
sirva para evaluar el proceso, lo que implica el riesgo de que la decisión sea
estrictamente política en detrimento del proceso, dado que los integrantes de
la Jucopo no participaron de forma directa en el proceso y por ello cuentan con
menos elementos para tomar una decisión informada y basada en el mérito.
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