Durante los cuatro
años y dos meses de administración, de Enrique Peña Nieto ha pasado del
“Salvando México” [portada de la revista Time en febrero de 2014] a contar con
la aprobación de sólo 12 por ciento de los mexicanos, de acuerdo con datos de
encuestadoras a tres meses de las elecciones en Coahuila, Nayarit y Estado de
México, cuna del mandatario priista.
La revista estadounidense atribuyó a las reformas
estructurales “un cambio de narrativa en una nación manchada por el narco”. Sin embargo, la corrupción (política y
policial), impunidad, discurso de negación ante la situación y un ineficaz
gasto público manchó a su gobierno, afirmaron analistas y organizaciones
civiles. Ahora que la vida se encarece y la crisis humanitaria continúa, el
país se enfrenta contra las amenaza del Presidente de su principal socio
comercial, Donald J. Trump.
“Resulta indispensable fortalecer el Estado de Derecho y
garantizar la seguridad jurídica con el fin de propiciar un entorno más
favorable para el crecimiento. Lo anterior ha cobrado incluso más relevancia
ante el desafío que México enfrenta como consecuencia de la agenda económica
que el vecino país del norte pretende promover”, expuso la Junta de Gobierno
del Banco de México (Banxico) en su informe trimestral octubre-diciembre.
Max Kaiser, el director anticorrupción del Instituto
Mexicano de Competitividad (IMCO), destacó en entrevista con SinEmbargo que más que los índices de aprobación del
Presidente es “grave” el lugar que ocupa el país en el Índice de Percepción de
la Corrupción 2016 en el mundo. El estudio publicado hace un mes por
Transparencia Internacional reveló que México
bajó del lugar 95 al 123 de 176 naciones.
“Hay un impacto
gravísimo de todos estos escándalos de corrupción que explotaron el año pasado
en la percepción que tenemos los mexicanos de la corrupción y eso ya pegó
directamente en los estándares internacionales. Esos lo ven los países que van a negociar con México y también los
inversionistas que quieren traer dinero y tecnología al país. Eso nos puede
pegar en la competitividad, inversión y en el desarrollo”, aseguró el
académico.
Las amenazas del republicano y los gasolinazos han sido los
dos principales caudales por los que miles de mexicanos han salido en mares a
manifestar su hartazgo general y exigir la renuncia de Peña Nieto.
Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la organización
litigante I(dh)eas, dijo a este sitio que las
violaciones de derechos humanos “NO son situaciones aisladas”, pero no se han
podido atacar por “la falta de voluntad política” y la ausencia de un combate
frontal contra “la corrupción que genera la impunidad desde los vínculos que
existen entre algunos funcionarios con la Ley”.
En el año 2014
comenzó la evidencia de violación a derechos humanos y corrupción gubernamental
y policiaca.
Este nueve de enero,
en plena ebullición por las recientes alzas en los precios de combustibles, los
ciudadanos exigieron la salida de Peña y que sea sometido a juicio. Le
reclamaron no solo el incremento, también su “gabinete corrupto”, los
asesinatos y casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.
El 12 de febrero, mexicanos
marcharon en la capital del país y otras ciudades tanto contra las políticas
del republicano Trump como contra la administración de Peña Nieto, “la más
corrupta de la historia”, opinó uno de los manifestantes.
Durante el año
pasado, diversos casos de corrupción a nivel estatal fueron destapados, entre
los que destacaron ex Gobernadores priistas como Roberto Borge (Quintana Roo),
César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Jorge Herrera (Durango)
o panistas como Guillermo Padrés (Sonora). Estos gobernadores heredaron altas
deudas públicas.
Entre la lista
resalta el ex priista, ex Gobernador de Veracruz y prófugo de la justicia,
Javier Duarte de Ochoa, quien es un candidato fuerte entre dos presidentes
africanos para ganar el Récord Guiness al más corrupto en el mundo, de acuerdo
con una comparativa de la firma Guinness World Records citada por el
investigador Ernesto Villanueva durante una conferencia el martes pasado.
“Sería la cereza en
el pastel”, dijo el abogado Max Kaiser de IMCO.
Villanueva destacó que Veracruz tiene “una vergonzosa calificación
de 3.5” en el corruptómetro de la civil Organización Nacional Anticorrupción
(ONEA). La recibe por su nivel de Estado de Derecho, seguridad pública, acceso
a bienes y servicios, participación ciudadana, ecología y medio ambiente,
empleo y desarrollo humano.
El estado costero es
la punta del iceberg del país; solo una muestra. La Auditoría Superior de la
Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de
pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.
Respecto al combate a la corrupción, el 18 de julio debe
implementarse el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, IMCO,
Transparencia Mexicana y el sector empresarial presentaron el martes pasado el
Semáforo Anticorrupción a nivel estatal.
Los dos semáforos, explicó en entrevista Max Kaiser,
establecen parámetros objetivos para lograr una mayor homogeneidad y medir “la
rapidez y calidad” con la que cada congreso estatal está implementando las
reformas constitucionales y la ley del sistema anticorrupción local. Para
generar presión social, las organizaciones presentarán reportes mensuales.
Hasta el momento, a cuatro meses de que deba estar listo,
solo diez estados tienen una reforma constitucional “satisfactoria”, mientras
que nueve –entre ellos el Estado de México y Veracruz– aún no cuentan con
reforma constitucional. Además, solo Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del
Sistema Local Anticorrupción Satisfactoria, mientras que 24 entidades aún no
cuentan con Ley del Sistema Local Anticorrupción.
“El riesgo que se
corre es que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea nacional, es decir, que
le falten piezas y no tengan la misma calidad. Se busca que todas las
fiscalías, comités de participación y estructuras de coordinación [de cada
estado] tengan las mismas características, capacidades y nivel de autonomía e
independencia que deben”, determinó Kaiser.
Crisis Humanitaria En México.
La violación a los derechos humanos marcó el primer día del
gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquel sábado primero de diciembre de 2012 en
que el mandatario tomó protesta, hubo protestas en la capital del país y 104
detenidos. Actualmente todos están libres. Pero desde 2013 la liga de abogados
1DMX ha exigido la reparación integral por los daños referidos, así como una
indemnización que no supera los 100 mil pesos.
Dos años después, el parámetro se repitió. Al menos ocho
policías encapsulaban y golpeaban con toletes a un hombre arrodillado que
intentaba protegerse con sus brazos durante la manifestación del 20 de
noviembre de 2014, a dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala,
Guerrero. A lado otro ciudadano huía con un niño en brazos, reveló una
fotografía de Guillermo Perea de la agencia Cuartoscuro. Ese día hubo 11
detenidos, entre ellos, estudiantes.
Las detenciones arbitrarias y violentas, dijo la abogada
Izti-Guari Hurtado de la Liga de Abogados del Primero de Diciembre, generan
daño moral, psicológico y patrimonial al tener que gastar en la defensa legal.
De acuerdo con su homónimo Alejandro Jiménez, los derechos humanos que se
violan son la presunción de inocencia porque las autoridades asumen que por el
hecho de manifestarse se hace uso de violencia; el de libertad de expresión; el
derecho a la seguridad jurídica, e incluso el derecho a la dignidad porque en
ocasiones los rapan, los golpean y los insultan.
Pero además de
detenciones arbitrarias, en un México que lleva en guerra más de una década, de
norte a sur hay impunidad ante las miles de desapariciones, torturas y
ejecuciones extrajudiciales.
“Las reformas a la Ley General de Víctimas publicadas el 3
de enero de 2017 son insuficientes para resolver la grave crisis humanitaria
que vive el país desde hace más de 10 años”, sentenciaron más de 90
organizaciones, colectivos de familias de desaparecidos y redes de
organizaciones de derechos humanos.
El litigante Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, acusó que “hay una tendencia” a negar la existencia
del problema humanitario a través de “una actitud defensiva y un discurso
político que se contradice con la realidad” e impide el diálogo abierto entre
colectivos civiles e instituciones.
“Precisamente porque
no es un tema prioritario, no se le ha dado la atención suficiente ni siquiera
a la información para medir si el fenómeno va en aumento. No hay cifras
concretas, suficientes ni confiables; hay un descontrol absoluto”, añadió.
Aunque enfatizó que, en medio de este panorama, la
Secretaría de Gobernación reconoció en un acto público la importancia de la
labor de los defensores de derechos humanos.
Sobre el simbólico
caso de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos como México Unido contra
la Delincuencia o la Fundación para la Justicia acusaron “un alarmante mensaje
de impunidad” luego de que la Procuraduría General de la República (PGR)
entregó a los padres los resultados de la investigación interna iniciada a raíz
de las irregularidades detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI).
Los organismos
acusaron que la resolución “omitió” toda referencia al derecho internacional de
los derechos humanos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias,
al no responsabilizar al funcionario Tomás Zerón de violar el derecho a la
verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no
pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río.
Además dejó de lado el inicio de investigaciones penales.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también acusó que la Visitaduría
General de la PGR no atendió las irregularidades denunciadas por el GIEI.
Desaparecidos, Torturados Y Ejecutados.
La organización litigante I(dh)eas ha documentado y
acompañado jurídicamente diversos casos de violación a derechos humanos. Ha
detectado “trabas burocráticas” para la atención y reparación integral a
víctimas y una “falta de voluntad política”.
Entre los más de 28
mil casos de desaparecidos, el 10 de julio de 2013 policías de Fuerza Coahuila
–creada por el ex Gobernador Humberto Moreira– ingresaron a la casa de Víctor
Manuel Guajardo Rivas en Piedras Negras. Además de entrar sin orden de
aprehensión, lo torturaron en presencia de su esposa y se lo llevaron en una
camioneta. Lo señalaron de presuntamente pertenecer al grupo delictivo de los
Zetas, documentó el organismo con testimonios de la madre de la víctima.
Desde hace tres años,
María Hortensia Rivas Rodríguez desea localizarlo. “Yo sola me salía por las
noches y las madrugadas enteras a buscarlo, sin rumbo definido. Manejaba por
las carreteras solas y obscuras y me metía hasta por las brechas porque se sabía
que allí han dejado muchos cuerpos o que allí mismo torturan a muchos hombres
hasta matarlos”, afirmó al grupo civil litigante.
No es la única que se
ha topado contra la inacción gubernamental y policiaca. Madres de desaparecidos
en Coahuila durante la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas aseguraron
en la presentación del informe “En el desamparo” que las autoridades no las
atienden porque, argumentan, no tienen presupuesto ni personal.
En otros estados como Veracruz –donde el miércoles encontraron
11 cuerpos dentro de un auto– y Sinaloa, familias de desaparecidos han creado
redes de búsquedas en territorio nacional, lo que ha destapado una serie de
fosas.
Asimismo, desde el
año pasado, videos publicados evidenciaron diversos casos de tortura por parte
de las fuerzas de seguridad para obtener confesiones de crímenes. En abril se
reveló una grabación donde se mostraba a una policía militar y a un agente de la
Policía Federal interrogar a una mujer con una bolsa en la cabeza el 4 de
febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Otro video circulado en abril reveló que policías de la
Ciudad de México golpearon en el estómago a tres hombres después del atraco a
una tienda departamental.
A este conjunto de víctimas e impunidad, se suman
ejecuciones extrajudiciales como Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014 y
Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que
agentes de la Policía Federal ejecutaron a 22 personas durante un
enfrentamiento el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato. Estas fuerzas de seguridad
además les colocaron armas, torturaron a dos sujetos y a uno lo quemaron vivo.
Corrupción Y Violencia Frenan Crecimiento.
Una de las principales causas que están desacelerando a la
locomotora económica nacional es la caída en la inversión pública en carreteras
o puentes en todas las regiones del país, lo que hace que la inversión privada
se concentre solo en el centro y no haya un desarrollo a nivel nacional. Sin
embargo, han dicho economistas, los
empresarios extranjeros también huyen de invertir por la inseguridad y los
moches exigidos para asignación de contratos que encarecen sus costos de
producción.
“Independientemente de cualquier acontecimiento externo,
México debe continuar incrementando su competitividad frente al exterior e
impulsar su potencial de crecimiento en el mercado interno. En este sentido,
debe prevalecer el compromiso de implementar correcta y oportunamente las
reformas estructurales ya aprobadas y de continuar con el esfuerzo de
consolidación fiscal”, determinó el Banco de México en su informe trimestral.
La deuda pública, hoy
en 48.9 por ciento del PIB, registró un rápido nivel de aumento en estos cuatro
años por lo que agencias calificadoras alertaron que si la Secretaría de
Hacienda no conseguía una consolidación de las finanzas públicas, bajaría la
calificación del país. Como respuesta, la dependencia ha anunciado una serie de
recortes al gasto público, sin embargo, analistas económicos han reiterado que
los ajustes deben hacerse en gastos superfluos como publicidad oficial y
salarios a servidores públicos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.