Luego de estar presa
casi tres años acusada de secuestro, Dolores, una joven habitante de una comunidad
rural de Oaxaca, fue liberada el pasado 15 de marzo. Estuvo encarcelada debido
a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos por los que fue
acusada y ahora no puede volver a su casa, ante la amenaza de que los vecinos
de su comunidad la agredan.
La tarde del 8 de mayo de 2014, Dolores salió de trabajar en
Zapotitlán Palmas, Oaxaca, y decidió buscar a su entonces pareja en Guadalupe
de Recreo, el pueblo vecino, de donde es originario, porque estaba embarazada y
él había dejado de comunicarse, abandonándola a su suerte. Nerviosa, al llegar
a la casa del joven, Dolores decidió no tocar la puerta.
Al llegar ante la puerta de la casa, Dolores escuchó gritos
dentro, por lo que se espantó y decidió volver a su pueblo.
En el camino, sin
embargo, Dolores fue detenida por dos policías comunitarios y subida a una
camioneta particular, en donde estaban ya otras tres personas sometidas.
Los policías comunitarios mantuvieron a las cuatro personas
detenidas en un inmueble del pueblo, durante un día y medio. Aunque Dolores no había sido informada, la
policía comunitaria la vinculaba con un secuestro presuntamente cometido por
los otros tres sujetos aprehendidos.
Mientras Dolores y los tres presuntos secuestradores
estuvieron dentro de este inmueble, fuera, los pobladores amenazaban con
linchar a los cuatro.
Sin pruebas.
El abogado de ASILEGAL, la organización que acompañó
legalmente el caso, Edgardo Calderón, explica
que Dolores fue detenida por policías comunitarios, golpeada y encarcelada,
bajo la acusación de intentar secuestrar a la madre y la adolescente embarazada
que se encontraban dentro de la vivienda de su expareja.
“Entonces el pueblo quiere linchar a todos, dura día y medio
esta situación y en ese momento Dolores todavía no sabía por qué la detuvieron,
hasta que después de este tiempo la llevaron al Ministerio Público y le
informaron”, comentó Calderón.
En el Ministerio
Público, ella avisó que tenía dolores en el vientre y que necesitaba atención
médica –que no le habían dado– a pesar de haber sido golpeada.
El médico legista del
Ministerio Público no la atendió. Fue hasta que llegó la abogada de oficio que
le asignaron, siete horas después, que la trasladaron a un hospital, donde no
la atendieron “porque estaba sucia”.
La regresaron a los
separos, donde su hermana la esperaba con lo necesario para que se aseara.
Luego de limpiarse, Dolores volvió al hospital, donde sin informarle le
practicaron un legrado por raspado.
Como estaba en
calidad de detenida, fue dada de alta inmediatamente y encarcelada, para enfrentar
un juicio que dos años y 11 meses después concluyó con su declaración de
inocencia y liberación, consumada el pasado 15 de marzo.
Viacrucis procesal.
En estos casi tres
años de reclusión, a pesar de que expresó en varias ocasiones que presentaba
dolor en la columna, Dolores no fue atendida. Ahora sabe que ese dolor será
permanente, ya que es resultado del procedimiento de aborto por legrado que le
practicaron durante el proceso de detención.
Además, mencionó el abogado, hubo otro detalle que llamó la atención de la defensa del caso: no
llevaban a Dolores a sus audiencias “porque no había dinero para comprar
gasolina y trasladarla”, lo que convirtió el juicio en un “viacrucis
procesal”.
El caso de Dolores no
es único. De acuerdo con información de ASILEGAL, el 75% de las mujeres en el
Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, donde estuvo presa, están ahí
sin sentencia que compruebe su culpabilidad.
Ahora Dolores está
libre, pero ella y su hija no han vuelto al pueblo de donde son originarias
“por su seguridad”, y es que “la comunidad es muy de hacer justicia por su
propia mano”, agregó Calderón.
El abogado de
ASILEGAL dijo a Animal Político que todavía no descartan la idea de presentar
denuncias contra las autoridades que cometieron las “dilaciones graves a los
derechos humanos de Dolores”, porque hasta ahora sólo podrían investigarse como
faltas administrativas.
“Desafortunadamente este caso constituye un referente de las
deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia penal y son prueba de la
necesidad de que en las instituciones se cuente con personal capacitado para
implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con base en el respeto a
los derechos humanos”, concluyó Calderón.
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