Los ricos de EU piden pagar más impuestos; los de aquí negocian “ayuditas” por miles de millones.

En un contexto de un lento crecimiento económico –de no más de 2 por ciento– y baja movilidad social, especialistas en el tema de pobreza cuestionaron los regímenes especiales que permiten que los mexicanos más ricos, como Carlos Slim (América Móvil), Germán Larrea (Grupo México) o Alberto Baillères (Palacio de Hierro), paguen una tasa de impuesto sobre la renta de ente 1 y 13 por ciento en lugar de 30 por ciento, como las pequeñas y medianas empresas, lo cual permitiría una reducción en la desigualdad.

Académicos consultados coincidieron en que esto sucede porque a raíz del neoliberalismo, el poder económico y político de los empresarios, que trabajan “en alianzas” mediante los consejos de administración de compañías, es mayor que el “sumiso” Gobierno debido a “un pacto de impunidad” entre políticos y empresarios, y por un intercambio de favores entre ambos.

“En la cúspide del neoliberalismo el gran capital y empresas obtuvieron poder político con el económico y lograron tener un conjunto de gobiernos a modo, sumisos, complacientes y poco reguladores”, aseguró el politólogo Juan Luis Hernández Avendaño de la Universidad Iberoamericana.

“El SAT debería publicar a quienes se condonan los impuestos. El Gobierno tiene consentidos fiscales y ahí están los resultados: una sociedad desigual. Para que se mueva la estructura social mexicana, es fundamental que los súper ricos de México no sólo paguen impuestos proporcionalmente a lo que concentran de riqueza, sino mover las variables laboral, salarial y la política”, agregó.

El investigador Miguel Santiago Reyes Hernández aseguró que si los 4 mil 200 grupos económicos –grandes corporaciones y bancos con sellos familiares– no fueran beneficiados por todos estos regímenes especiales, se recaudaría 1 billón de pesos adicional. “Lo cual no es poco” si se considera que por impuesto sobre la renta se obtiene más de un billón 400 mil millones de pesos anuales.

“Si se tuviera un gasto efectivo de ese billón de pesos adicional, eso permitiría bajar 20 puntos el coeficiente de gini, un indicador de desigualdad que va entre 0 y 1 que mientras más cercano al cero es más equitativo. Actualmente es de 0.52 y estaría en 0.35, en niveles de Hungría o los países escandinavos. Habría recursos para seguridad social, educación, salud y obras de infraestructura”, afirmó el académico del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.

La riqueza de estos grupos económicos, en “un país de monopolios”, ha aumentado de manera exponencial en los últimos 25 años porque no sólo tienen condonaciones de impuestos, sino “facilidades y favores del gobierno” para su crecimiento y desarrollo. Estas firmas concentran el 60 por ciento del PIB y casi el 50 por ciento de las exportaciones, documentó Reyes Hernández.

Al empresario Carlos Slim Helú, ejemplificó, “le entregaron Teléfonos Mexicanos sin deudas, le quitaron un impuesto específico de telefonía y la protegieron durante muchos años de la competencia internacional”.

Los ingresos presupuestarios del sector público durante 2016 se ubicaron en 4 billones 840 mil 903 millones de pesos (14 por ciento del PIB), de los cuales 2 billones 715 mil 956 millones de pesos fueron por impuestos, reportó la Secretaría de Hacienda. El 29 por ciento fue por Impuesto Sobre la Renta, 16 por ciento por Impuesto al Valor Agregado y 8 por ciento por Impuesto Especial a Productos y Servicios.

Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hay registrados 58 millones 076 mil 266 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, hasta enero de este año. En el ejercicio fiscal de 2016, por pago de impuestos de grandes contribuyentes se recaudó 1 billón 28 mil 122 millones de pesos.

Sin embargo, los beneficios del Gobierno hacia la cúspide empresarial se deben, dijeron ambos académicos, al intercambio de favores entre empresarios y políticos.

“Con el neoliberalismo, el Gobierno no sólo ha perdido recursos, también capacidad de acción. En términos políticos y económicos, ahora las corporaciones son las que ponen o quitan gobernadores o legisladores. Hay influencia directa sobre la política. Además es un Gobierno que depende de ellos porque muchos de esos grandes empresarios han financiado campañas políticas”, destacó Miguel Reyes.

El politólogo Juan Luis Hernández Avendaño expuso que la desigualdad es multifactorial y uno de ellos es la condición de privilegios de las que gozan los súper ricos y las grandes empresas que suelen eludir impuestos por lo que no son multimillonarios “solo por un esfuerzo y habilidad empresarial”.

“A mediados de los 80 sólo había una familia con más de mil millones de dólares, y 30 años después hay 17 así. Eso quiere decir que las reglas fiscales, laborales, salariales y políticas son las que han hecho que unos pocos se lleven una tajada importante del pastel en detrimento de los muchos”, reiteró.

SinEmbargo documentó en septiembre pasado que dueños de grandes empresas y otros personajes reconocidos en la arena política y empresarial nacional recibieron el perdón del Gobierno federal para no pagar adeudos fiscales en 2015.

En Estados Unidos, por el contrario, la directora de documentales Abigail E. Disney, sobrina nieta de Walt Disney; el especulador financiero George Soros; Steven Rockefeller, hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos Nelson Rockefeller, y más de 70 multimillonarios radicados en Nueva York sugirieron ayer a los demócratas que ellos deberían pagar más impuestos. Con eso se recaudarían 2 mil millones de dólares para financiar escuelas, carreteras, puentes y programas de ayuda a los pobres y sin techo del estado.

Los miembros del 1 por ciento de la población de Nueva York con mayores ingresos (más de 650 mil dólares) destacaron en una carta la necesidad de “invertir para salir de la pobreza y mejorar el nivel económico de todos sus conciudadanos”.

En el caso de México, aunque el Producto Interno Bruto (1 billón 894 mil millones de dólares) se sitúa en el segundo sitio de América Latina por debajo de Brasil, es el tercer país latinoamericano con el salario mínimo más bajo (73.04 pesos antes del aumento en enero a 80.04) y en los últimos 40 años el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido 71 por ciento, destacó Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México.

Con ese salario mínimo, un trabajador mexicano puede comprar solo una cuarta parte de la canasta básica que compraba hace 35 años.

En contraste, el hombre más rico, aunque bajó a nivel mundial, es Carlos Slim Helú al poseer una riqueza de 54 mil 500 millones de dólares mediante sus negocios en telecomunicaciones, tiendas departamentales, construcción y energía.

Germán Larrea Velasco, cuyo rostro ha sido publicado contadas veces, cuenta con 13 mil 800 millones de dólares por sus negocios en minería, Cinemex y Ferromex. Grupo México fue señalado a finales de 2014 por el derrame de tóxicos de una de sus mineras sobre ríos de Sonora que afectaron la salud de los habitantes.

El tercer hombre más rico en México es Alberto Bailléres Gónzalez, aficionado de la fiesta taurina, que cuenta con 10 mil 800 millones de dólares a través de Peñoles (minería), Palacio de Hierro y GNP. Fue el fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del cual han egresado el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, responsable de la política fiscal del país; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; y el gobernador de Banxico, Agustín Guillermo Carstens.

María Asunción Aramburuzabala (Fondo Tresalia, 5 mil 800 millones); Eva Gonda de Rivera (viuda del presidente de FEMSA, 5 mil 600 millones); Juan Francisco Beckmann Vidal (José Cuervo, 5 mil 200 millones); Jerónimo Arango (Cifra-Walmart, 4 mil 200 millones); Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca, Grupo Electra, Banco Azteca, 3 mil 600 millones); Antonio del Valle Ruíz (Mexichem, BX+); y Emilio Azcárraga (Grupo Televisa, 2 mil 100 millones) son los otros multimillonarios dentro del top 10 de Forbes.

Héctor Rubio, del Frente Nacional Contra la Pobreza, dijo ayer durante una conferencia que la pobreza no solo afecta a los pobres, porque debilita la democracia al “generar un terreno propicio para el clientelismo, la corrupción y la impunidad”; debilita la economía al condicionar el mercado interno; mina nuestra estabilidad como país al excluir a millones de personas y regiones del desarrollo; y las grandes desigualdades han sido “el caldo de cultivo propicio” para el crimen, la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos.

“El divorcio entre política económica y política social ha hecho imposible superar la pobreza y la desigualdad”, dijo Rubio, por lo que llamó a erradicar los privilegios y la corrupción.