En un intento por
frenar los alcances de la investigación sobre el empresario brasileño Marcelo
Odebrecht y sus posibles sobornos a autoridades del sexenio pasado y del
actual, PRI y PAN empujan una nueva redacción del dictamen de la Comisión de
Transparencia que permitía cancelar los contratos existentes con gobierno
mexicano.
Desde la semana pasada, el PRI operó políticamente haciendo
el vacío a la comisión y evitando con ello que se sesionara por falta de
quórum. El miércoles 15, la Comisión de
Transparencia sometería a votación el dictamen a favor de que “se cancelen”
todos los contratos que tengan las filiales de las empresas de la que es dueño
Odebrecht, además de pedir a los congresos de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato
que hagan lo propio.
La Comisión de
Transparencia sí logró el quórum, pero desde el inicio el PRI pidió modificar
el orden del día para que el dictamen no fuera sometido a discusión y posible
aprobación. Su argumento fue que la junta de la comisión no se había reunido de
manera previa.
A su vez, el PAN
pidió más días para elaborar “una nueva redacción” sobre el dictamen, según
detalló el perredista Rafael Hernández Soriano, integrante de la comisión.
También explicó que el
PAN sugirió elaborar una nueva redacción para que cada uno de los contratos de
Odebrecht con México “se estudien y no se cancelen”.
Finalmente el PRI
apoyó al PAN y la diputada que sugirió desde el 2 de febrero pasado que se
investigaran los contratos, la legisladora de Morena Rocío Nahle, aceptó que se
estudie una nueva redacción.
De ahí que se decidió
que la comisión se mantenga en “sesión permanente”. De acuerdo con Nahle, se
acordó esperar hasta el martes próximo para que PAN y PRI presenten la nueva
redacción. Aclaró que esto no significa que la investigación ya se canceló.
Al arranque del
actual periodo ordinario, la diputada Nahle presentó un punto de acuerdo donde
se exhortaba a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que diera a
conocer los contratos que Odebrecht mantiene con el país, además de pedir a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisiones a todos los contratos y
que se cancelaran los mismos.
La Mesa Directiva
envió el punto de acuerdo a la Comisión de Transparencia para que emitiera un
dictamen, el cual fue a favor de las demandas de la legisladora, sin
embargo, desde el 15 de marzo, primero
el PRI, y hoy el PAN, han operado políticamente para frenar los alcances de las
indagaciones sobre este caso.
Según declaró Marcelo Odebrecht en diciembre pasado, entregó
10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, con el fin
de que se le entregaran varios contratos.
En el documento de la
diputada Nahle se hace un análisis pormenorizado de uno de ellos entregado
justo en esas fechas y que es transexenal: se trata el contrato para la
construcción de la llamada planta “Etileno XXI”.
La licitación para
construir la planta se entregó en 2010 durante el gobierno del panista Felipe
Calderón, pero se echó a andar apenas el mes de febrero de 2016 con la
presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del director de
Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya.
La planta tuvo un costo aproximado de 4 mil millones de
dólares.
Un contrato más lo
tiene Odebrecht con el gobierno de Veracruz y fue autorizado el 20 de abril de
2015, en la gestión del hoy prófugo Javier Duarte. Se trata de la concesión otorgada
a la empresa brasileña para privatizar el servicio a través del Sistema de Agua
y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.
En este caso Odebrecht participa en colaboración con una de
las más grandes empresas del mundo que controlan el suministro de agua, la
española Aguas de Barcelona. La
privatización del servicio alcanza los municipios de Veracruz, Boca del Río y
Medellín.
También tiene y
desarrolló contratos para brindar servicios en la refinería de Minatitlán por
289.5 millones de dólares; en la refinería de Tula, Hidalgo, por mil 55
millones de dólares; la refinería de Salamanca por 85.2 millones de dólares; el
gasoducto Los Ramones segunda etapa por mil 200 millones de dólares, y el
gasoducto transfronterizo Quetzal, México-Guatemala por 800 millones de
dólares.
Odebrecht empezó a operar en México desde 1991, pero no fue hasta 2005 que arrancó con la firma de
contratos millonarios.
Durante la sesión de la Comisión de Transparencia, una legisladora del PAN acotó que en 2006
la empresa llegó a Michoacán, donde “construyó la presa Francisco J. Mújica,
obra que involucró más de mil millones de pesos”, aunque presupuestó mucho más
bajo.
En respuesta, la
diputada Rocío Nahle, de Morena, comentó que así opera Odebrecht: “Cotiza a la
baja y cada año pide ampliaciones, elevando al final considerablemente los
presupuestos”.
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