Raymundo Riva Palacio.
Seguritech es el
nombre de una empresa que genera muchos murmullos, pero de la que nadie quiere
abiertamente hablar. Empezó en 1996
como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde
evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos
mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de
telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es
Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado
que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por
ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19 por ciento,
es una notaría pública en Veracruz. Como Tecnoradio SA de CV, Seguritech es una
empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la
primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos
sean públicos.
Personas que han
seguido su vertiginoso crecimiento recuerdan que Picker se relacionó con el
entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios
miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto
hace dos domingos por la revista Proceso,
es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la
diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos.
Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de
él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una
relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la
confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante
de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel
Ávila.
Seguritech era una
empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la
Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus
relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de
los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de videovigilancia),
los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros
de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por
la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo
de procedimiento no habría despertado
sospecha en la industria, de no ser porque concentran cerca de 80 por ciento de
todas las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno de Peña Nieto en
materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.
En la industria se
quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con
Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato
asignado”, dijo un ejecutivo de una empresa de seguridad, que citó el caso
de un gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus
primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de
seguridad a la empresa. Picker, por otra parte -señaló una persona que conoce
la forma como se realizan estos negocios-, sólo los concreta con quienes
gobiernan en los estados. “Su fuerza no
está en Korenfeld o en el Estado de México -añadió otra persona que conoce los
vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo-. La
fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.
No está claro en la
industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado
una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se
adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro
lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a
Seguritech como una empresa preetiquetada y le entreguen adjudicaciones
directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De
la misma manera, la tensión que se ha
dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno
estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por
contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker
hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores
a tomar acciones en su contra.
El caso de
Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos
ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a
altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que
permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña
Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de
procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de
interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con
el de Seguritech la situación es distinta.
No habrá manera de
abrir esa caja negra, que es en donde se maneja, para conocer el mapa de su
crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo
los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los
estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y
comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio,
lo que no significa que la protección, quizá mutua, sea para siempre.
P.D. En la columna anterior, 'La misteriosa Tecnoradio', se
apuntó que el Imer depende de la Secretaría de Gobernación. Depende de la
Secretaría de Educación.
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