Tumbas masivas.

Raymundo Riva Palacio.

La historia de México de los últimos años está por escribirse. La va a contar la vida y la muerte de cientos de cuerpos que están siendo encontrados en las fosas clandestinas que están brotando por todo el país. Jojutla, en la zona más caliente de Morelos, es la última comunidad donde la tierra empezó a escupir lo que se le atora, y que acentuó la atención mundial luego de los escatológicos hallazgos en Veracruz de las dos últimas semanas. El interés ha sido extremadamente tardío para un fenómeno inexplicable en un país supuestamente en paz, pero que dada su dinámica de violencia, se puede alegar que está inmerso en una guerra civil sui géneris entre múltiples bandos criminales y el gobierno federal.

Un grupo de trabajo privado ha documentado, a partir de fuentes abiertas, que de 2014 a 2016 se localizaron 672 fosas en el país, donde contabilizaron mil 557 cuerpos. Estos cuerpos no están registrados dentro de las estadísticas sobre homicidios que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debido, explicaron los autores del reporte, a que en algunos casos se encuentran sólo partes de cuerpos, que no permite determinar el número de personas a las que corresponden.

¿Cuántas personas fueron asesinadas y enterradas en estos cementerios clandestinos que ocupan un segundo corte en la corteza terrestre mexicana? No hay realmente datos confiables que permitan conocer actualmente periodos en los cuales se dieron esos asesinatos, ni la demografía de las personas que fueron tiradas ahí. Tampoco hay información genética que permita comparar los restos de los cuerpos con las bases de datos de personas desaparecidas. Pero el fenómeno es nacional.

Solamente ocho de las 32 entidades del país no tienen fosas clandestinas, o cuando menos conocidas hasta ahora: Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Del resto, Guerrero es el que ocupa el primer lugar de tan dramática clasificación. Entre enero de 2014 y enero de 2017 se han encontrado 683 cuerpos en estas tumbas clandestinas, que representan 41.5 por ciento del total en el país. Le sigue Veracruz, donde se habían encontrado, hasta hace dos meses, 265 cuerpos; pero con los 304 restos de cuerpos localizados en los últimos 15 días, se duplicó en un parpadeo la aterradora contabilidad. En tercer lugar de esta lista se encuentra Nuevo León, con 99 cuerpos.

No deja de llamar la atención que estos tres estados cambiaron de gobierno en los 18 últimos meses. Aunque no existe un patrón en cuanto al conflicto entre bandas criminales, a las que las autoridades responsabilizan de estos asesinatos, hay algunos vasos comunicantes. En Guerrero luchan de manera más enconada las escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que a su vez se separaron del Cártel del Pacífico, que pelea en Nuevo León contra Los Zetas, que a su vez enfrentan al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se desdobló hace varios años de los sinaloenses. Pero la duda sobre qué llevó a esas tumbas clandestinas sigue sin poder responderse con precisión. Jorge Winckler, el fiscal de Veracruz, ha dicho, sin evidencia forense, que los restos que han encontrado en el estado pudieron haber sido el resultado de asesinatos de hace varios años.

La explicación de Winckler pudiera tener solidez en estados como Tamaulipas y Michoacán, número cuatro en la lista, con 89 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, y Sinaloa, con 66 cuerpos encontrados, o en Jalisco y Morelos, con 49, que son los siguientes estados en la lista. Pero hay entidades como Aguascalientes, que se encuentra en el último lugar de esta tabla, con un solo cuerpo en una fosa clandestina, donde la duda si se trata en efecto de un acto cometido por cárteles o un asunto de índole personal, añade complejidad al entendimiento del fenómeno.

Estados como Guanajuato, con 23 cuerpos en fosas clandestinas, llaman tanto la atención como Colima, donde se han encontrado 19, porque la violencia criminal sólo ha repuntado en el último año, mientras que en entidades como Baja California, Chihuahua y Coahuila, donde se escenificaron algunas de las batallas más sangrientas entre bandas criminales, se descubrieron en ese periodo 39, 33 y 26 cuerpos, respectivamente, que parece un número pequeño para el tipo de guerra que vivieron. Hay entidades con cárteles dominantes donde los hallazgos de cuerpos son bajos, como en Zacatecas y Tabasco, controlados por Los Zetas, con 36 y siete, respectivamente, o Sonora, territorio de los sinaloenses, con 12.

Baja estadística de cuerpos encontrados, como en Puebla y Campeche con tres cada uno, no se comprenden con amplitud dentro de un patrón criminal por el incipiente pero creciente conflicto entre grupos delincuenciales antagónicos, que es lo que sucede en estados como San Luis Potosí y Baja California Sur, con 10 y siete cuerpos, respectivamente, encontrados en fosas clandestinas. Oaxaca y Chiapas, que no tienen pugnas notables entre cárteles, registraron en el periodo cuatro cuerpos cada uno, pero en el Estado de México, duodécimo en la lista, se encontraron 30 cuerpos, pese al control por regiones de las organizaciones criminales.

¿Cómo pudo todo esto pasar en México ante los ojos de todos? “Por muchos años los cárteles de la droga desaparecían a la gente y las autoridades eran complacientes”, explicó el fiscal Winckler durante una reciente entrevista. Aunque no ofreció prueba alguna, como hipótesis de trabajo es la línea de investigación que menos debe descartarse.