El Estado está
“secuestrado” por un grupo de empresarios que no cumplen su obligación fiscal
de pagar la tasa de impuestos proporcional a su nivel de ingresos, lo que
permitiría generar un mayor bienestar y desarrollo económico en el país,
aseguraron académicos y miembros de Fundar, Cepal y Oxfam. Por ello, exigieron,
se necesita combatir la corrupción y la intervención del poder judicial.
Alguna vez el hombre
más rico de México, Carlos Slim Helú, vio la tasa de impuesto que pagaba su
secretaria, ERA MÁS ALTA DE LA QUE ÉL PAGABA, relató Diego de la Mora,
investigador de Fundar.
Eso es injusticia
fiscal, pero no existe la transparencia suficiente para saber otros casos, es
decir, quiénes y cuántos gozan de condonaciones de pago de impuestos. Esto afecta a la recaudación de ingresos
públicos y la capacidad de modificar las condiciones económicas de un país
donde la mitad de su población vive en pobreza, expusieron en la conferencia
“Presupuestos públicos para la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales”.
“El Estado, el
presupuesto y la justicia están secuestrados por intereses económicos lícitos e
ilícitos. Todos nosotros pagamos el
precio de un Estado disfuncional que no da ni protege lo que debe y que permite
que estas dinámicas se sigan acentuando”, afirmó Helena Hofbauer, directora
de la Fundación Ford y fundadora de Fundar.
“Contrarrestarlo,
liberar al Estado, nos llevará una batalla titánica de décadas. Primero se
tiene que combatir la corrupción porque gran parte del presupuesto se va por
las grietas de ésta y eso se refleja en el nivel de servicios públicos que no
corresponde con el presupuesto”, agregó.
Pablo Yanes, jefe de la unidad de Desarrollo Social de la
Cepal México, explicó que la justicia fiscal y presupuestal es a cada quien su
capacidad y a cada quien sus necesidades, es
decir, que todos deben contribuir al pago de impuesto conforme a sus recursos y
capacidades, y todos deben recibir conforme a sus necesidades.
Sin embargo, “por el
modelo económico predominante” pagan hasta los más pobres que no tienen la
misma capacidad adquisitiva que los empresarios.
Para dimensionar la riqueza de los multimillonarios en
México, el economista y miembro de Oxfam, Carlos Brown, expuso que si se pone
en los bancos la riqueza total de Carlos Slim (América Móvil), Germán Larrea
(Grupo México y Cinemex), Alberto Baillères (Palacio de Hierro) y Ricardo
Salinas Pliego (TV Azteca), cuatro de las personas más ricas de este país, la tasa de interés de referencia de esas
fortunas bastaría para darle un salario mínimo a 2 millones de personas durante
un año.
No obstante, uno de
los factores para que la élite empresarial no sea tocada es el silencio del
poder judicial.
“El poder judicial a
través del amparo –que debería ser una herramienta de derechos humanos– protege
a las empresas que tienen abogados fiscalistas expertos”, afirmó el
politólogo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo
Gutiérrez.
El 41 por ciento de las sentencias que ha emitido el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va en materia fiscal, documentó.
“Quienes están
utilizando el amparo para defender sus intereses son las empresas. Eso tiene un
impacto en el presupuesto. Pero en el contexto del neoliberalismo de eso los
jueces no dicen nada”, añadió Gutíerrez.
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