Raymundo Riva Palacio.
El secretario de Comercio de Estados
Unidos, Wilbur Ross, ha sido muy claro al hablar de los vericuetos políticos en
la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
particularmente con México. En diferentes momentos ha mencionado la urgencia de
aprobarlo para que no sea contaminado por las elecciones. No sólo las
legislativas de medio término de Estados Unidos, en noviembre del próximo año,
sino las presidenciales en México, el 3 de junio de 2018. Ross ha expresado
indirectamente el factor que contamina el proceso: la urgencia del presidente Enrique Peña Nieto de que termine este
mismo año la negociación, porque de su resultado decidirá el candidato del PRI
a la presidencia. “Quisiera que hubiera resultados mañana, pero no es la
manera como trabaja el mundo”, dijo en una entrevista con Bloomberg TV.
La premura de Peña Nieto la siente
el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, jefe del equipo
negociador. La presión del presidente
sobre su canciller permite asumir que Peña Nieto está convencido de que las
elecciones en el Estado de México, en junio, serán positivas para el PRI y no
serán un obstáculo en la decisión para escoger sucesor. Los ladrillos que
pavimenten la candidatura presidencial están colocados. En el campo político,
la designación de Claudia Ruiz Massieu –a regañadientes por parte de ella– como
secretaria general del PRI, cumple un objetivo estratégico, que es el de evitar
que dentro del PRI intenten una asonada para arrebatarle al presidente el
control, en este momento intocado, de decidir quién será su sucesor.
Hace
seis años, el presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria,
violando las normas del PRI, para impedir que el senador Manlio Fabio Beltrones
desafiara a Peña Nieto por la candidatura. Esa acción, que allanó el camino de Peña Nieto a la presidencia, le
ganó la protección jurídica y política que goza hasta hoy día, en agradecimiento.
Hoy, Peña Nieto no quiere abrir
ningún flanco. El otro ladrillo político es la elección en el Estado de México.
Cada lunes hay una reunión en Los Pinos, donde se reúnen funcionarios federales
con representantes del gobernador Eruviel Ávila y de la campaña del candidato
Alfredo del Mazo, para analizar la estrategia. Aunque no participan miembros
del gabinete, en ocasiones han asistido secretarios de Estado e incluso el
presidente Peña Nieto.
El
control de la campaña de Del Mazo no la tiene el candidato, sino el gobernador
Ávila, que goza del respaldo del gobierno federal. Del Mazo se encuentra
acotado en sus acciones y no está tomando las decisiones más importantes, o
revierten iniciativas estratégicas que toma, como la designación de su equipo
de prensa y propaganda. El manejo vertical de la campaña de Del Mazo es lo que
le da espacios de tranquilidad al presidente Peña Nieto sobre lo que sucederá
en el Estado de México, y lo ha llevado a presionar a Videgaray para que
entregue la negociación a tiempo para que defina, en las últimas ocho semanas
de este año, como máximo –por el requisito legal que obliga a que quien sea
ungido no tenga un cargo cuando menos seis meses antes de la elección–, quién
será el candidato del PRI.
El cronograma de la negociación, que
Ross quería llevar hasta el próximo año, fue acortado por Videgaray durante sus
reuniones bilaterales en Washington, con el propio secretario de Comercio, el
consejero comercial del presidente Donald Trump, Peter Navarro, el secretario
de Estado, Rex Tillerson, y el consejero especial del jefe de la Casa Blanca,
su yerno Jared Kushner, con quienes, según personas en su entorno, ha
construido la mejor relación. El cronograma plantea el inicio de las
negociaciones en junio o julio –probablemente julio–, para que pueda ser
ajustado y notificar al Congreso estadounidense en diciembre, que tiene un
plazo de 90 días para iniciar el proceso legislativo, con lo que pudiera quedar
aprobado, en el mejor de los casos del documento y los tiempos, para la elección
presidencial en México.
Si bien la eventual firma del
tratado renegociado se empalmaría con ella, el apremio no es su aprobación
legislativa en los tres países, sino la firma de los ejecutivos. Los tiempos
son muy apretados, aunque la consideración de Videgaray y del secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, es que al ser una modernización, es posible
lograrlo. Videgaray está colocando piezas experimentadas que hagan expedita la
negociación con los canadienses, por lo que nombrará a Dionisio Pérez Jácome,
actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, en París, como embajador en Ottawa. Jácome, que será
sustituido por la subsecretaria de Comunicaciones, Sofía Aspe, y relevará a
Agustín García López, quien formó parte del equipo negociador en el tema
agrícola del TLCAN en los 90, como embajador en Ottawa, por lo que no sólo
conoce perfectamente el acuerdo, sino a muchos de los canadienses que lo
negociaron y que aún trabajan en el gobierno de Justin Trudeau.
El
problema que enfrenta Videgaray en este proceso está fuera de su control, e
incluso de los propios estadounidenses. La actitud mercurial del presidente
Trump introduce una variable que constantemente se mueve. En las últimas
semanas el discurso de Washington se ha alineado en el contexto de los que
favorecen el TLCAN, pero lo impredecible de Trump vuelve muy inestable el
proceso, incrementa las presiones de Peña Nieto sobre Videgaray, y coloca la
sucesión presidencial en los tiempos que marque la Casa Blanca o, mejor dicho,
Trump.
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