Araceli Damián
Con
el voto mayoritario del PRI y del Verde se desechó la semana pasada en el pleno
de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción un punto de acuerdo que
presenté, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las
auditorías locales de Yucatán y Sinaloa a revisar los procesos de contratación
y ejecución de obra para la remodelación o construcción de cuatro hospitales, a
través del esquema de Asociación Público-Privadas (APPS) debido a que presentan
anomalías en algunas de sus fases.
Las
APPS son esquemas de contratación hasta por 30 años, en los que el gobierno
federal o los estatales aportan recursos públicos a la iniciativa privada para
que realice obra y ofrezca servicios.
Las APPS representan una clara estrategia de privatización, en este caso de
servicios de salud, que en vez de garantizar, asegura ganancias privadas a
costa del erario público.
Este
tipo de esquemas de inversión iniciaron en México en los años noventa. Sus
proponentes planteaban que la iniciativa privada era mucho más eficiente que el
sector público, donde impera una generalizada corrupción, elevada burocracia y
deficiencia en la prestación de servicios. Sin embargo, hay claras
demostraciones del mal funcionamiento y corrupción que también imperan en la
iniciativa privada, recordemos los escándalos de la petrolera Halliburton Co en
los noventa y la de Odebrecht en los últimos meses.
En
México, tenemos como ejemplo el desastre de las concesiones carreteras en los
noventa, primer gran proyecto en el que participaron los particulares, que
tuvieron que ser rescatados, costándole a los mexicanos inicialmente 58 mil
millones de pesos y que a diciembre de 2016 la deuda representaba más de 215
mil millones. No olvidemos que las
carreteras fueron devueltas a algunos de los inversionistas “rescatados”,
recibiendo así un triple beneficio (primera concesión, rescate y segunda
concesión).
Los
pagos comprometidos a privados mediante las APPS se realizan con gasto
corriente, lo que oculta un endeudamiento millonario, que favorece la imagen de
las finanzas públicas, no obstante, compromete la viabilidad financiera del
Estado.
De las cuatro APPS que se pedía
auditar en el punto de acuerdo, está la
concesión para la construcción y operación del Hospital Ticul, en Yucatán, en
la que se comprometió al estado a pagar 5 mil 600 millones de pesos, a lo largo
de cinco administraciones, iniciando en 2012. Las irregularidades iniciaron
desde la primera etapa. El Congreso del Estado aprobó el pago de 300 millones
de pesos para la construcción de un hospital de 60 camas, pero al firmar el
contrato el costo ascendió a 948 millones, por el supuesto aumento a 90 camas,
sin aprobación del Congreso. Por incumplimiento se rescindió el contrato y,
mientras que la obra está abandonada, la empresa demandó al gobierno estatal en
tribunales internacionales por 253 millones de pesos.
El
segundo hospital que debe ser auditado, es el regional de Mérida. El ISSSTE
otorgó un contrato por 27 años a la constructora y edificadora GIA+A, presidida
por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari,
Según información periodística esta
empresa concentra ya contratos por 10 mil millones de pesos a través de las
APPS. Cabe destacar que la propuesta
original del hospital la realizó la empresa, mediante la figura de propuesta no
solicitada, es decir, no es el ente público el que determina la utilidad
pública y aunque en la licitación participaron otras empresas, la
proponente (GIA+A) fue la elegida para obtener el contrato.
La tercera APP con irregularidades
en el sector hospitalario es el proyecto
de sustitución del Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastelum,
que benefició a las compañías “Promotora y Desarrolladora Mexicana de
Infraestructura S.A. de C.V”. y “Desarrolladora en Infraestructura de Salud
PROAN, S.A y C.V”. Según ha trascendido,
el monto que tendrá que pagar el Estado de Sinaloa por el terreno donde se
construirá el hospital supera en 3.5 veces la cantidad original aprobada por el
Congreso del Estado. Una investigación periodística reveló que la empresa
inmobiliaria que vendió los terrenos a la contraparte privada para la ejecución
de la obra sólo adquirió dichos predios una vez que el proyecto de
asociación-público privada se estaba elaborando. Ello puede señalar el ejercicio de prácticas de especulación
inmobiliaria alrededor de los recursos.
Finalmente,
tenemos el caso del proyecto para la demolición, construcción, equipamiento,
mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos del Hospital General
Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, de Tlatelolco, concedida por el ISSSTE en
octubre de 2014, a la compañía Consorcio Tradeco IGSA, por un monto de 8,068
millones de pesos sin IVA durante 23 años. La Auditoría Superior de la
Federación señaló que la demolición no
se había concluido como fue pactado (marzo 2015), que el ISSSTE no informó de
las causas de los retrasos, ni demostró contar con mecanismos de supervisión y
control, además de que la firma del contrato fue superior en más de 500 mil
pesos de cómo fue aprobado el proyecto original. El contrato fue rescindido por
incumplimiento y no es claro todavía que sucederá con los recursos ya erogados
y con el hospital.
No
me sorprende que el PRI y el Verde hayan votado en contra de auditar estos
hospitales, ya que seguramente están protegiendo intereses de empresas
favoritas de los gobiernos y de funcionarios públicos involucrados que pudieron
participar en actos de corrupción. Lo cierto es que la opacidad en las APPS
afecta no sólo las finanzas públicas, sino que los incumplimientos y retrasos
de las empresas dañan el derecho de los mexicanos, en este caso, a la salud. El esquema de APPS nos encaminan a un
proceso privatizador, en el que se privilegian las ganancias a costa del erario
público, sin importar realmente la atención que el estado debe brindar a la
población.
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