El “Banortegate”, en curso en el Edomex.

Una nueva manera de “incidir en el voto” se ha desplegado en el Estado de México para salvar al PRI de una eventual derrota en los comicios del próximo junio: consiste en el reparto de miles de tarjetas La Efectiva Liconsa, de Banorte, a cambio de la entrega de la credencial de elector, más el despliegue de recursos y apoyos de 230 programas federales y estatales de combate a la pobreza, de los cuales “170 no cuentan con reglas de operación ni con población objetivo clara ni son auditables sus recursos”.

Así describe el senador Mario Delgado, exsecretario de Finanzas capitalino y actual legislador por Morena, lo que considera una “nueva careta” para orientar excesivamente los programas sociales en la compra del voto en el Estado de México.

Tan sólo en el primer mes de análisis de los porcentajes y de los montos del presupuesto de los programas federales y estatales destinados al Estado de México en periodo electoral, Delgado calcula que se han gastado 2 mil millones de pesos, y la cifra puede llegar a 6 mil millones antes de las elecciones.

– ¿Hablamos de una “elección de Estado” típica? –se le pregunta.

–No. Estamos hablando de una invasión del gobierno federal, que está desviando los objetivos y recursos de los programas federales para focalizarlos durante un periodo muy corto en el Estado de México para ocultar muchísimo dinero. Están perdiendo hasta las formas. Los funcionarios federales reparten apoyos y beneficios a diestra y siniestra. Ya enviaron al secretario de Hacienda de matraquero, a la primera dama, al secretario de Salud. A todos.

El legislador explica que Liconsa destina 30% de sus recursos ahora al Estado de México; y del programa de Comedores Comunitarios, 35% se ha concentrado en febrero y marzo en la entidad. Y en los últimos siete meses, 21 funcionarios federales, incluyendo secretarios de Estado, han realizado al menos 107 visitas públicas a municipios mexiquenses para entregar apoyos o lanzar programas.

Entre otros de esos funcionarios, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado ocho giras, al igual que el presidente Peña Nieto, quien ha encabezado ocho recorridos desde agosto de 2016 para entregar obras y planes de apoyo social.

El pasado 14 de marzo Osorio Chong atestiguó la entrega de mil 500 créditos de vivienda, equivalentes a 100 millones de pesos, a efectivos de la Policía Federal que laboran en el Estado de México.

Tan sólo al acto del 26 de marzo, cuando Del Mazo Maza rindió protesta como candidato del PRI a la gubernatura, asistieron cinco secretarios de Estado, 12 gobernadores priistas y uno del Partido Verde, así como todos los exgobernadores vivos del Estado de México.

“Toda esta invasión es a destiempo, no es una acción normal, son acciones extraordinarias dentro de lo que son las tareas regulares de una secretaría de Estado”, afirma Delgado.

– ¿Dónde está la FEPADE (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales)?

–Dirán que no hay delito electoral porque están actuando conforme a la tarea normal de las secretarías. Alteran la equidad electoral porque es una orientación excesiva de los programas federales. Estos programas se convierten en las caretas de la compra del voto, que es difícil de detectar.

– ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen miedo de perder?

–Porque no saben hacer otra cosa. Lo que saben hacer es comprar votos. Siempre lo han hecho, pero ahora de manera descarada y preocupante a través de los programas federales. ¿Qué van a decir? ¿Qué Peña Nieto es bueno? ¿Qué Alfredo del Mazo no es su primo?

Delgado subraya que “lo más preocupante es la parte de las tarjetas, porque es la menos visible. Porque para entregártela te piden tu credencial de elector y es dinero que no se ve.

“¿De quién crees que son las tarjetas? De Banorte. ¿Quién es el director de Banorte? El nieto de Carlos Hank González. Es el ‘Atlacomulco Power’. De 2 mil 700 pesos a 3 mil pesos mensuales cada una”, abunda.

El pasado 30 de marzo Delgado promovió un punto de acuerdo en el Senado señalando que la utilización de Banorte “no es coincidencia, sino que parece parte de toda una operación del grupo político hegemónico en el Estado de México para beneficiar al PRI. Cabe recordar que miembros del Consejo de Administración de Banorte tienen estrechos vínculos con el denominado grupo Atlacomulco”.

“Las autoridades regulatorias del sector bancario no pueden dejar pasar desapercibida la réplica de la práctica que en 2012 trajo como consecuencia el llamado Monexgate, que vinculó a instituciones financieras en la compra del voto. Ahora, desde el gobierno local del Estado de México se utilizan tarjetas Banorte para repartir beneficios y recursos públicos con la finalidad de inclinar la balanza de la contienda a favor del PRI”, argumentó Delgado.

En el punto de acuerdo los senadores que apoyan la propuesta piden que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su carácter de autoridad regulatoria, para impedir lo que ocurrió en 2012.

También le demandan al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la FEPADE actuar “ante las violaciones a los principios de la contienda previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal” y se sancione a los servidores públicos federales y estatales por la utilización de los programas sociales y de sus recursos en los ámbitos federal, estatal y municipal.

– ¿Todo este despliegue de recursos es para amarrar los 2 millones de votos “duros” del PRI? –se le cuestiona al senador.

–Ellos se van a mover sobre esa hipótesis, sobre los 2 millones. Aquí el tema es el porcentaje de participación. Mientras más vota la gente, más vota contra el PRI. Por eso la posibilidad de que gane Morena es mayor.

– ¿Qué sigue si ven que su candidato se cae en las preferencias electorales?

–Creemos que sigue la campaña de miedo. Para inhibir la participación.

El mismo 30 de marzo, días antes del arranque formal de la campaña –que será este lunes 3–, la mayoría de 40 votos del PRI, Nueva Alianza, Partido Verde, Partido Encuentro Social y un diputado del Movimiento Ciudadano aprobaron mantener 67 programas estatales durante el proceso electoral, a pesar del voto y la argumentación en contra de 31 diputados locales del PAN, PRD y Morena, que por primera vez formaron un bloque en el Congreso local para denunciar la “elección de Estado”.

Sólo 23 programas se suspenderán desde el próximo lunes 3 y la mayoría se mantienen en los 122 municipios de la entidad.