Salvador
Camarena.
Media hora le tomó el miércoles al
fiscal José Antonio Galdamez hacer una apretada relatoría del esquema criminal
montado por Javier Duarte de Ochoa para saquear Veracruz.
A pesar de todo lo que se ha
publicado sobre el sexenio de la corrupción duartista, el relato de Galdamez es
de escándalo.
Y sin
embargo, ese elemento de la audiencia
ocurrida en Guatemala, el más importante sin duda, ese retrato del modus
operandi de una pandilla dispuesta a delinquir, quedó sepultado en el tsunami mediático
que supone ver a un impopular político mexicano esposado, aporreado y lanzado
–cual fardo– al suelo laminado de un coche carcelario.
Acaso unos
cuantos medios supieron refrenarse ante el espectáculo y dar justo peso a lo
esencial de la audiencia. Por ejemplo, La Jornada y Expansión. destacaron que Duarte activó desde
diciembre de 2010, es decir, desde el momento inicial de su fallido sexenio, la
trama criminal mediante la cual desfalcaría a Veracruz.
“Según el
abogado Alfonso Ortega López –cuyas declaraciones, junto con las de otros
testigos, fueron dadas a conocer este 19 de abril por la Fiscalía de
Guatemala–, en esa fecha, durante una
fiesta en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, Duarte le ordenó prepararse para
recibir fondos y colocarlos en diversas inversiones. Ortega declaró a las
autoridades que aquella fiesta se
realizó en un departamento propiedad de Duarte, quien para entonces también
poseía otros dos, cada uno con un valor de 1.5 millones de dólares. En ese
tiempo, Duarte tenía menos de un mes de haber asumido el gobierno de Veracruz”, se lee en la cronología que
Expansión hizo a partir del relato del fiscal Galdamez.
(http://bit.ly/2p18KtV)
El fiscal
guatemalteco detalló las órdenes de Duarte: crear una inmobiliaria (de nombre Roor) para disfrazar la adquisición
de bienes, conseguir una lancha de casi 800 mil dólares, comprar una propiedad
por 47 millones de pesos en Las Lomas de Chapultepec, montar la red de las
empresas fantasma, sumar la adquisición del rancho El Faunito, utilizar los
fondos para seguridad para otros propósitos: “Arturo Bermúdez, exsecretario
de Seguridad Pública estatal –actualmente detenido–, declaró a las autoridades que, por esas fechas, el entonces tesorero de
la Secretaría de Finanzas, Tarek Abdala, le llamó para decirle que, por órdenes
de Duarte, a partir de ese momento los recursos federales destinados a tareas
de seguridad ya no pasarían por la Secretaría de Finanzas, sino que irían
directamente a su dependencia y ésta tendría que devolverlos a la Tesorería y
usarlos para pagar a ‘ciertos proveedores’. Bermúdez también dijo que esto
mismo ocurría en las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo
Agropecuario”. (Versión de Expansión).
De todo eso se habló en esa media
hora, en una audiencia pública y publicitada.
Lo último que relató el fiscal
Galdamez fue cómo Duarte y sus prestanombres discutían en 2016 sobre borrar de
los registros gubernamentales todo rastro de las transacciones. La soberbia del
exgobernador le hacía sentir que con eso estaba a salvo, incluso en contra de
la opinión de su testaferro Moisés Mansur, quien le advirtió que la huella de
esas operaciones es indeleble en el sistema bancario.
Es muy
poderosa la imagen de un Duarte maniatado. Pero no menos impactante debería ser
el relato de los hechos descritos en la causa penal que servirá para
extraditarle.
A Duarte, un exgobernador le
recomendó robar al inicio de su sexenio y luego dedicarse a tapar sus
fechorías.
Siguió la mitad del consejo, pero no
la segunda parte: por lo visto y escuchado ya no pudo parar, y mucho menos
ocultar sus delitos.
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