Jorge Suárez-Vélez.
De repente parecería que la corrupción se manifiesta en todos
los ámbitos y acontecimientos. Su ubicuidad es profundamente hartante y
frustrante. Es como un cáncer cuya metástasis pone en riesgo al organismo e
imposibilita terapia. Nos enfocamos
demasiado en la consecuencia, y demasiado poco en las causas.
¿Qué pasaría en México si la corrupción desapareciera
mágicamente? ¿Cómo se compraría la 'paz' sindical? ¿Cómo se lograrían consensos
en las cámaras legislativas? ¿Cómo se alcanzarían fallos judiciales?
¿Quién trabajaría en
diferentes niveles de la administración pública recibiendo sólo la magra
remuneración oficial? ¿Quién arriesgaría su vida como policía (cuando un
policía municipal gana algo así como dos mil 800 pesos al mes)? La corrupción
es una especie grasa que posibilita lo que sin ésta se atoraría. Permite
premiar y negociar. En forma curiosa, la corrupción se nutre de una debilidad
institucional que a la vez compensa.
México se encuentra en
una coyuntura peligrosa. Nos escandalizan la corrupción e impunidad crecientes,
y nos preocupa la repentina reaparición del crimen y el recrudecimiento de la
violencia, la evidente liga entre ambos fenómenos debería de preocuparnos. Analizamos superficialmente lo que
ocurre y no proponemos soluciones proporcionales al tamaño de los problemas.
Seguimos creyendo en recetas instantáneas. Pensamos
que mágicamente surgirá quién resuelva, mientras nosotros sólo observamos.
El peor riesgo proviene de que el hartazgo se convierta en
apoyo a políticos populistas que convenzan a los electores de que ellos son
diferentes, aun sin proveer un ápice de evidencia que permita pensar que lo
son, o de que todo se resuelve simplemente con que el presidente no robe,
porque esa 'honestidad' se contagiará por ósmosis al resto de la administración
pública. Ha habido presidentes esencialmente honestos, como fue el caso de
Ernesto Zedillo, en cuyo sexenio hubo manifestaciones de profunda corrupción,
como la que se dio alrededor de los recursos de Fobaproa para el rescate de los
bancos. Los populistas buscan convencer de que hay recetas fáciles a problemas
complejos. La corrupción sistémica lo es, y requiere de soluciones
estructurales serias, que tomarán tiempo.
Hemos permitido que se
arraigue esta estructura de gobernadores virreinales que simplemente maman los
recursos federales que 'les tocan', sin rendir cuentas o dar resultados. Suman ya 17 exgobernadores que
tienen problemas con la justicia, la mayoría provienen del PRI (porque era el
partido con más gobernadores) pero ciertamente no todos. ¿Hay quien pueda afirmar que los nuevos gobernadores de partidos de
oposición no caerán en lo mismo? En arca abierta, el más justo peca, y ésta lo
está de par en par.
La opacidad es estructural. La única forma de incrementar la transparencia a nivel local es de
abajo para arriba, profesionalizando a los estados y municipios para que se
responsabilicen de recaudar localmente y de rascarse fiscalmente con sus
propias uñas, sin depender de recursos federales. Recaudar localmente incrementa el escrutinio, también a nivel
local, de quien administra los recursos fiscales. La solución pasa por formalizarlo todo. ¿Subsidios a la pobreza? Sólo
para quienes estén en la economía formal, en la forma de impuestos negativos.
Haciendo que el beneficiado exija
recibos que podrá deducir, y cumpla con trámites ágiles y sencillos para pagar
impuestos (aunque al hacer cuentas acabe recibiendo más que pagando). En
otros países de América Latina, como Chile, el grueso de la población cumple
con el trámite impositivo, no tenemos por qué creer que en México sería
imposible.
Los congresos
estatales, incluyendo a todos los partidos de oposición, han sido cómplices de
una estructura que ha pasado de ser clientelar a delictiva. La misma opacidad
que consiente financiar campañas, pagarle a estructuras clientelares y premiar
a aliados, permite desviar recursos a empresas fantasmas, comprar inmuebles
mediante testaferros, o simplemente llenar valijas con billetes. Ante la
creciente flagrancia de estructuras grotescas alimentadas con recursos
públicos, se vuelve imposible delimitar la frontera entre gobernante y
delincuente. Se hace
posible voltear la cara cuando algún audaz decide silenciar al periodista
incómodo, y rechazar recursos provenientes del crimen organizado para financiar
campañas se vuelve una táctica inocente y equivocada.
Si no hacemos algo en
serio, los narco-gobernadores se volverán norma. Provoca nausea la desfachatez
de Javier Duarte en Veracruz, y podemos especular hasta el cansancio sobre lo
que sería el estado si esos recursos hubiesen sido utilizados para lo que se
suponía que se otorgaban. Pero, hay una diferencia importante con el caso de Tomás Yarrington, un
hampón investigado por la DEA, buscado en dos países por lavado de dinero, que
tuvo una complicidad estrecha con el temible cártel de Los Zetas, y se sospecha
estuvo detrás del asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Hasta en el inframundo hay
niveles.
Las elecciones presidenciales se aproximan. Los electores
asocian corrupción y sistema. Más allá de votar por alguien antisistema,
asegurémonos de hacerlo por quien demuestre que toma al cáncer de la corrupción
con la seriedad que amerita.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.