Adrián López Ortiz.
La guerra –declarada-
contra el narcotráfico en México lleva ya diez años. Tras ese período, miles de
muertos y desaparecidos nos recuerdan a diario el fracaso de la “estrategia”.
El precio ha sido muy
alto. Ningún país merece sufrir tanta sangre y dolor impunes.
Lo más grave es que
parece que no avanzamos: el crimen organizado sigue rampante, poderoso y
diversificado. El
Índice de paz 2017 enseña como 19 estados del país tienen tasas más altas de
homicidio que en 2011, lo que los expertos llaman “el año de la epidemia”. Una epidemia que antes era focalizada y
ahora es nacional.
En medio de la
atrocidad, parece esquizofrénico continuar en el paradigma prohibicionista
cuando más de la mitad de los estados de la Unión Americana empezaron ya a
regular la mariguana. El primero de enero de 2018 California hará lo propio y yo no puedo
imaginar qué sucederá en Tijuana. ¿Cómo
reaccionarán los carteles?, ¿qué harán las autoridades?
Mientras tanto, es
tanta la miopía que la discusión versa no sobre las soluciones, sino sobre cómo
normalizar el mal equilibrio: regular el actuar del ejército en la calle en
lugar de construir policías. Expertos y activistas han señalado las
falencias y ambigüedades de las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior que
se encuentran en el Senado.
En un texto publicado en El Universal, Catalina Pérez Correa
lo decía impecable: “Una propuesta
responsable en la materia tiene que ir acompañada de un plan de retiro de las
fuerzas armadas y la formación paralela de policías”.
Lo que preocupa y señalan organismos internacionales y
académicos, es la inconstitucionalidad de las propuestas. El problema es que
esa inconstitucionalidad es ahora el paradigma normal en muchos estados del
país: al crimen se le combate con el
ejército, ya no solo en colaboración con las policías locales, sino desde
posiciones definidas de liderazgo.
En Sinaloa, con el
argumento –comprensible y cierto, pero no suficiente- de que faltan policías y
los que hay están reprobados o coludidos con el crimen, el Gobernador Quirino
Ordaz instaló al ejército en las calles. Lo hizo sin discutirlo ni
socializarlo.
En Culiacán, puede usted ver a los uniformados camuflados
sobre las patrullas municipales o estatales. La policía militar patrulla y ocupa los liderazgos en las tareas de
seguridad del estado.
Una medida a todas
luces inconstitucional que los ciudadanos consienten con una excusa terrible:
como no confiamos en la policía, esperamos que el ejército si pueda contener al
crimen. No queda de otra, pues. Es temporal.
Pero después de 4 meses de gobierno, eso tampoco ha sucedido.
El vínculo de confianza entre ciudadanos y los cuerpos de seguridad está
profundamente roto.
Los homicidios dolosos
en Sinaloa han crecido a doble dígito comparados con 2016. La fractura al interior del Cártel
de Sinaloa genera balaceras lo mismo en Navolato, en Culiacán o en Elota. Presos de alta peligrosidad salen por la
puerta del penal de Culiacán como si nada, el robo de auto alcanza hasta a
magistrados, las cámaras de seguridad recién instaladas son destruidas a
balazos y un ejecutado es lanzado desde una avioneta en Eldorado.
El mensaje es claro: el
crimen manda. Y hará todo por seguir mandando.
La zozobra y el miedo
campean, incluso para una sociedad que se ha acostumbrado a vivir con cierta
violencia porque no tiene más opción. Una sociedad que decide obviar la realidad y prefiere
comprarse la negación que las autoridades le venden.
El apoyo de la federación en materia de seguridad ha estado
presente en Sinaloa. El General
Cienfuegos ha venido en repetidas ocasiones a refrendar su respaldo al
gobernador. Se sabe complacido por la neutralización de Francisco Zazueta,
alias “Pancho Chimal”, a quien se atribuye la autoría de la emboscada el 30 de
septiembre contra un convoy militar.
“Pancho Chimal” ere
jefe de sicarios de los Guzmán y esta semana fue enterrado entre balazos al
aire, caballos bailadores y música de banda. La autoridad
consintió las ráfagas de los cuernos con absoluta normalidad. Los videos están
allí, son virales, pero el gobierno no quiso verlos.
En fin, el caldo de la violencia se pone cada vez más espeso
en Sinaloa y en el resto del país. La
más reciente encuesta de INEGI enseña como la percepción de inseguridad se
mantiene a la alza: tres cuartas partes de la población mexicana se siente
insegura.
Me sumo a la invitación que Genaro Lozano hizo en su columna
de esta semana en Reforma: es momento de
entrarle en serio a la discusión de la regulación de mariguana. Ya es tiempo de
dejar de hacernos tontos con un tema que es ineludible.
Regular no acabará con
el crimen organizado, pero desactivará algunos de sus incentivos. La tarea de
seguridad, de construcción de policías, de procuración de justicia, seguirá
allí; pero al menos habremos puesto una parte del problema en su sitio. Es
momento de regular, de intentar un modelo alternativo, de ser audaces.
Insisto, seguir
discutiendo al ejército en las calles es perfeccionar el medicamento costoso
para la enfermedad incorrecta. Seamos inteligentes.
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