La corrupción o el ejercicio indebido
del poder público vulneran los derechos humanos de los mexicanos, al reducir y
condicionar los recursos públicos disponibles, “de por sí limitados”, denunció el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En la
presentación del estudio y foro de discusión “Los derechos humanos y la
corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre
el 2000 y el 2017”, González Pérez
aseguró que los actos de corrupción afectan de manera más acentuada a los
grupos más vulnerables, “los más pobres”, al ser los que dependen
mayoritariamente de los programas públicos.
Cuando se distraen los recursos que,
explicó, originalmente estuvieron destinados a políticas públicas (hospitales,
infraestructura y educación, por ejemplo), se ven mermadas las posibilidades y
oportunidades a las que tienen derechos estos sectores marginados.
Por ello
expresó que buena parte de las carencias
que enfrenta el país para acceder a servicios de salud, seguridad social,
vivienda, servicios básicos, alimentación o educación podría paliarse con el
buen y eficiente uso de los recursos.
Más tarde,
al inaugurar las cuatro mesas de discusión del estudio que realizó la CNDH, en
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, el ombudsman
nacional advirtió que es inconcebible
que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que tales
conductas permanezcan en la impunidad.
Además
lamentó que, a pesar de la existencia de
tratados y convenciones para combatir la corrupción, existe una “brecha” en su
aplicación, por lo que aclaró que “no puede haber un verdadero Estado de
Derecho mexicano si subsisten las prácticas de impunidad”.
Al concluir
el acto, González Pérez hizo un llamado a los servidores públicos a brindar los
servicios “en términos de lo que es su mandato”, y a aplicar e incentivar la
ley.
Sentenció: “La alerta es a combatir la impunidad, prevenir
la corrupción, incentivar una cultura de actuar con forme a derecho cuando se
detecte un acto de corrupción; queremos ver a servidores públicos en la
cárcel”.
Las
advertencias de González Pérez
contrastaron con el reconocimiento que minutos antes, al inicio del encuentro,
hizo del actuar de Arely Gómez, secretaria de la Función Pública. Entonces
dijo: “Muchas gracias por acompañar este evento, ha sido una de las
funcionarias que más ha acompañado estos esfuerzos (para combatir la
corrupción)”.
En la presentación
del foro “Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos en México” también estuvieron presentes Roberto Salcedo
Aquino, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF); Julián Olivas Ugalde, magistrado de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; Adriana Alcalá Méndez, secretaria de acceso
a la información, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; Pedro Salazar Ugarte, director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Arely Gómez,
secretaría de la Función Pública.
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