Gobierno de EPN busca favorecer a OHL con más contratos en nuevo aeropuerto: Paulo Díez

El abogado Paulo Díez envío un escrito al responsable de las obras en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) para cuestionar la decisión de beneficiar a una empresa acusada de corrupción en España.

En reunión de fiscales sobre Odebrecht, PGR mandó a representante del encargado de despacho.

En lugar de asistir Alberto Elías Beltrán, fue el subprocurador de PGR, Felipe de Jesús Muñoz. En contraste, los fiscales de otros países sí estuvieron presentes; denuncian presiones.

Jueza federal suspende gasoducto en Altamira, Tamaulipas.

Por poner en riesgo la ecología del lugar y amenazar a especies con la extinción, se ordenó suspender un gasoducto promovido por el ex titular de la CFE y hoy presidente del PRI, Enrique Ochoa.

“Más allá de las críticas”, México destaca en crecimiento según EPN y hoy, el Inegi anunció la caída del PIB.

Enrique Peña Nieto, dijo que más allá de las voces que critican y señalan las inconsistencias de su Gobierno, el país hoy está acreditando crecimiento económico y mayor consumo.

“Cuando los aeropuertos crecen en demanda, cuando las líneas aéreas tienen mayor número de pasajeros. Cuando los destinos turísticos tienen una afluencia mayor de turistas nacionales y extranjeros, es precisamente un referente y es sinónimo de que el país está avanzando, de que la economía está creciendo y que está habiendo un mayor dinamismo económico en el país.

“Eso es justamente lo que está ocurriendo en México, más allá de las voces que puedan elementalmente ser críticos y señalar inconsistencias o ser críticos por serlo nada más, lo cierto es que nuestro país hoy está acreditando crecimiento económico y mayor consumo”, dijo el Ejecutivo federal durante la inauguración de la nueva Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Las declaraciones del presidente se producen a unas horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que la economía de México se contrajo 0.2 por ciento en el tercer trimestre de 2017, el primer retroceso no visto en más de cuatro años.

De acuerdo con el Inegi, en su comparación trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.2 por ciento entre julio y septiembre, en el contexto de dos sismos que causaron pérdidas humanas y severos daños en distintos estados del país.

Por primera vez en más de cuatro años la economía de México reportó una contracción, en el segundo trimestre de 2013 el PIB descendió 0.7 por ciento.

Las actividades terciarias o de los servicios, el principal brazo impulsor de la economía, descendieron 0.1 por ciento en el tercer trimestre. Este sector mostró su primer retroceso no visto desde el segundo trimestre de 2013, cuando descendió 0.3 por ciento, según cifras desestacionalizadas.

Esta no es la primera declaración que hace Enrique Peña Nieto y causa polémica. El pasado 16 de octubre criticó a quienes dicen que todo lo malo que ocurre en México es por culpa de la corrupción y defendió que en su gobierno este problema no aumentó, sino que anteriormente los casos no se ventilaban en las redes sociales.

“A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Casi, casi si hay un choque aquí en la esquina… ¡ahh! fue la corrupción, algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo para que no funcionara?”, señaló el mandatario durante su participación en el “Foro Impulsando a México” organizado por el diario El Financiero.

“Tenemos ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos y detrás de cada evento queremos encontrar un responsable y un culpable y siempre, es decir, es la corrupción. Cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento o consecuencia de algo tenga que ver con la corrupción”, añadió.

“El Cachetes” está libre luego de 3 meses de prisión, y entre ola de muerte por huachicol en Puebla.

Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, empresario gasolinero y presunto líder huachicolero detenido el 20 de agosto en un operativo de la Marina Armada de México, quedó en libertad este día luego de una audiencia en la que fue cambiada la medida cautelar de prisión.

“El Cachetes” salió en libertad después de que hace dos semanas tuvo una serie de complicaciones médicas, por la que fue llevado al hospital Beneficencia Española en la capital de Puebla.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia no han confirmado cuales fueron los motivos de la permuta, aunque se prevé que se le permita seguir su proceso en libertad.

El 20 de agosto, el empresario ligado al morenovallismo fue detenido en su casa de Lomas de Angelópolis. A pesar de que fue acusado de ser un presunto líder de ladrones de combustible, al final solamente se le iniciaron cargos por posesión de armas y narcotráfico.

En las últimas horas una serie de asesinatos presuntamente ligados a pugnas entre huachicoleros han cobrado la vida de 16 personas en varios municipios del estado, incluida la turística Puebla capital.

La versión oficial de la Fiscalía General del Estado, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señala que “se ha generado la escasez de producto robado y como consecuencia se registran enfrentamientos entre bandas dedicadas a esta actividad ilícita, que están impedidas para realizar sus entregas”.

Crisis por corrupción y fracaso económico alientan a mexicanos a votar por AMLO, dice Bloomberg

Los presidentes Enrique Peña Nieto, de México, y Michel Temer, de Brasil, llegan al final de sus periodos con severos escándalos de corrupción y sin haber podido estimular sus economías, problemas que están impulsando el deseo de un cambio radical entre los votantes, advirtió Bloomberg.

Para el medio estadounidense especializado en negocios, los actuales presidentes de las dos economías más grandes de América Latina han impulsado el anhelo de los votantes a un cambio y los candidatos mejor posicionados de ambos países: Andrés Manuel López Obrador (México) y Jair Bolsonaro (Brasil).

En el caso de Andrés Manuel afirmó que “después de 36 años de tecnócratas de libre mercado, los mexicanos podrían ungir a un extremista izquierdista que amenaza con enfrentar a Donald Trump”.

En Brasil, donde el partido obrero populista dominó durante 13 años hasta 2016, dijo: “un electorado cansado de escándalo está coqueteando con un ex capitán del Ejército.

“En ambos casos habrá fuga de capitales, presiones sobre la moneda de los inversores que se asustarán; en el caso de México habrá una reversión de las reformas y, en el caso de Brasil, un bajo compromiso con las reformas”, señaló el texto.

De acuerdo con Bloomberg, el anhelo de los votantes mexicanos por el cambio está impulsando por el mal desempeño del Gobierno.

“Enrique Peña Nieto se presentará para la reelección con unos índices de aprobación muy bajos que difícilmente ayudarán a un sucesor elegido a dedo. Su administración ha sido perseguida por interminables acusaciones de corrupción y no ha sido capaz de estimular la economía para que crezca lo suficientemente rápido como para satisfacer a la clase media”, sentenció.

El medio también menciona a Donald Trump como un factor que puede jugar a favor de López Obrador y entregarle la Presidencia de México.

“El Presidente de Estados Unidos se ha enemistado con México al exigirle a la nación que pague un muro fronterizo y al amenazar con romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los partidarios de AMLO, como se le conoce popularmente, ven su estilo impetuoso como la mejor manera de enfrentar la hostilidad de Trump”, indicó Bloomberg.

Para el medio estadounidense, si los Estados Unidos sale del TLCAN, López Obrador estará más cerca de la Presidencia en las votaciones de julio de 2018.

“México podría tener un cambio bastante intenso en la orientación política”, dijo a Bloomberg Mario Mesquita, economista en jefe de Itaú Unibanco Holding SA. “Los economistas están justamente preocupados por un posible fin del TLCAN y cómo eso podría llevar a una victoria de López Obrador”.

El medio destacó unas de las propuestas de López Obrador como aumentar el salario mínimo e incrementar el gasto social para ayudar al 50 por ciento de la población que vive en la pobreza.

Sin embargo, mencionó que los inversionistas están más preocupados por la promesa del candidato de revisar y posiblemente revertir las difíciles reformas que abrieron las industrias del petróleo y la electricidad a las empresas privadas como Chevron, Exxon Mobil , Total y China National Offshore Oil Corp.

“Estas empresas se encuentran entre las casi 70 compañías que han firmado contratos de petróleo que se espera aporten hasta 80 mil millones de pesos durante la vigencia de los acuerdos, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

Las empresas, dijo Bloomberg, al menos pueden consolarse con la perspectiva de que es improbable que el partido de AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtenga una mayoría en el Congreso.

La semana pasada, la revista británica The Economist destacó que Donald Trump podría convertir las elecciones de México en una contienda de antiamericanismo, especialmente si abandona el TLCAN y podría empoderar a Andrés Manuel López Obrador, quien es favorito en las encuestas presidenciales.

La publicación británica dijo que en un país cuyos líderes recurrieron intermitentemente al antiamericanismo para “apuntalar el gobierno autocrático o justificar las políticas proteccionistas, los modernizadores han trabajado durante mucho tiempo para superar la desconfianza hacia los Estados Unidos”.

“El resentimiento se aprendió temprano, en las lecciones de la infancia sobre gringos con colmillos o colmilludos estadounidenses, robando territorio en el siglo XIX y, más recientemente, oprimiendo a los 36 millones de mexicanos que viven en la frontera, hasta 6 millones de ellos sin papeles legales”, refirió.

La Cámara de Diputados desacata al Tribunal Electoral por precio de gasolinas.

Durante este 2017 y para evitar someter a discusión la reducción del precio de las gasolinas –que al arranque de año se incrementó entre dos y tres pesos por litro, lo que provocó ira social en la mayor parte del país–, la Cámara de Diputados se dedicó a litigar en contra de la ciudadanía.

El 12 de julio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados dictaminar, discutir y votar la iniciativa que el 2 de febrero presentaron un grupo de 12 ciudadanos y la diputada priista Ivonne Ortega Pacheco para reducir el precio de las gasolinas en la misma proporción que aumentó.

Después de medio año sin dictaminar en comisiones la iniciativa, Ortega y el grupo de ciudadanos acudieron al tribunal para reclamar la “omisión” de la Cámara de Diputados, lo que violentaba, expusieron, sus derechos político-electorales.

La Cámara se negó a dar trámite al proceso legislativo porque discutir la iniciativa abría la posibilidad de que se aceptara la reducción, con lo cual el gobierno federal dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, según se reveló la noche del miércoles 18 durante la sesión de la Comisión de Hacienda.

De acuerdo con la resolución del máximo tribunal –del cual Proceso tiene copia–, la Cámara, por conducto de su representante legal, litigó contra los ciudadanos y sus propios diputados. Alegó que los denunciantes no tenían “interés jurídico”, que el tribunal era “improcedente para combatir omisiones legislativas”, que “no es vía para combatir actos de carácter legislativo”; peor aún, reclamó la “inexistencia del acto reclamado”.

Del documento se desprende que la Cámara de Diputados buscó que el máximo tribunal no diera entrada al juicio, que no se entrara al fondo del reclamo, menos aún que un poder alterno –el Judicial– le enmendara la plana al Legislativo.

Pero no ocurrió así. Por unanimidad, los siete magistrados dieron la razón a los demandantes y exigieron a la Cámara de Diputados que cumpliera con su objetivo de legislar, repusiera el procedimiento y emitiera un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. A la fecha no ha cumplido y está en desacato.

Los magistrados consideraron que la posibilidad de iniciar leyes por parte de los ciudadanos forma parte del ejercicio del derecho político-electoral, por lo que su debido ejercicio “debe ser tutelado por los tribunales electorales”.

Luego de lo anterior, la Cámara de Diputados interpuso recursos en donde alegó “causales de improcedencia” como, por ejemplo, “que la parte actora carece de interés jurídico al no advertirse que aduzca violación a alguno de sus derechos político-electorales”.

Los magistrados desestimaron su alegato debido a que la reforma del 9 de agosto de 2012 al artículo 35, fracción VII de la Constitución, permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley. Y la iniciativa ciudadana “es un mecanismo de democracia directa”, por lo que tienen el derecho a fin de que puedan “participar de manera inmediata en la toma de decisiones públicas gubernamentales.

En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se obtuvo un IEPS por combustibles del orden de los 30 mil 321 millones de pesos, con el aumento para este 2017 se pronosticó un cierre de 284 mil 884 millones de pesos.

La iniciativa se presentó al día siguiente de que inició el periodo de sesiones de este año. Los demandantes exigían una disminución en la misma proporción del aumento.

La noche del miércoles 18, cuando se disponían a aprobar el dictamen de la Ley de Ingresos para 2018, los diputados de la Comisión de Hacienda se percataron de que tenían la demanda en el cajón, que habían caído en desacato de un ordenamiento judicial y se enredaron en interpretaciones judiciales de lo que ello significaba.

Lo que sí estuvieron de acuerdo es que de haber dado marcha atrás al aumento al IEPS como era la demanda, el gobierno dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, “y la iniciativa no dice cómo se sustituiría ese recurso, de dónde se obtendría”.

Precisiones.

El tribunal destacó que los ciudadanos cuentan con interés jurídico para controvertir la omisión de los órganos legislativos de dictaminar los proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos que hayan presentado.

El representante legal de la Cámara alegó que el hecho de que tengan derecho a presentar una iniciativa ciudadana no implica “que tengan como efecto vincular a la Cámara para dar respuesta o dictaminar en determinado sentido”.

Pero el tribunal le aclaró que la demandante no controvierte una “omisión legislativa”, sino “su omisión de ejecutar un proceso legislativo”. Según la Cámara, esa “omisión” no afecta los derechos político-electorales, sino atañe al ámbito parlamentario administrativo.

Sostiene también que no hay omisión porque en el momento de la demanda se estaba “en receso legislativo” y tampoco la hay porque el 18 de mayo la entonces presidenta de la mesa directiva “turno a comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto” la iniciativa ciudadana.

El tribunal le respondió que, según el reglamento del Congreso, las comisiones deben sesionar una vez al mes, aun en periodo de receso, y tienen 45 días para dictaminar una vez que se remitieron a comisiones y, cuando las comisiones no han dictaminado, una vez vencido el plazo en la siguiente sesión del pleno se debe someter la iniciativa a discusión. Lo anterior significa que el 5 de septiembre debió discutirse, pero ello no sucedió.

La diputada de Morena Ariadna Montiel integrante de la Comisión de Hacienda, recuerda un párrafo de la resolución SUP-JDC-470/2017 del tribunal, que califica “la citada omisión (de no dictaminar) se traduce en un actuar doloso de la responsable que intenta llevar al límite de los plazos la tramitación de la iniciativa”.

Justo antes de dictaminar, la ley para el siguiente año y la cual se aprobó en el pleno al día siguiente, el jueves 19, los diputados de PAN, MC, PRD y Morena demandaron que se atendiera la resolución del tribunal; es decir, que se dictaminara la iniciativa “pero en comisiones unidas”.

“Es el colmo que el Poder Judicial tenga que venir a enmendarnos la plana porque no hacemos lo que nos toca, que es legislar, discutir, votar”, dice la diputada.

Y agrega: “Ha sido tan irregular el proceso de esta iniciativa, que, en lugar de dictaminar en comisiones unidas, como fue el mandato, votamos ‘un proyecto de dictamen’ en la Comisión de Hacienda”.

Waldo Fernández, del PRD, reclamó que las comisiones no votan proyectos, sino dictámenes. Lo legal es que se vote en comisiones unidas. Por lo irregular del proceso, PRD, MC, PAN y Morena votaron a favor de la iniciativa, logrando 12 votos, pero el PRI, PES y Verde sumaron 21.

A pesar de ello, el proceso sigue siendo irregular y la Cámara no sólo litiga contra los ciudadanos, sino que apenas el martes 24 lo hizo en contra de reducir el IEPS.

La diputada Montiel explica que la resolución, de ser positiva, afectaría únicamente a los dos meses que restan del año, lo que implicaría que el gobierno deje de percibir cerca de 20 mil millones de pesos y los ciudadanos pagarían por la gasolina lo que desembolsaron en 2016, “pero además hubiera incidido en la votación para la Ley de Ingresos de 2018”.

El diputado Alejandro Armenta, también de Morena, la única voz discordante, junto con sus correligionarios Vidal Llerenas y Ariadna Montiel, en el rechazo a la Ley de Ingresos de 2018, explicó que toda la ley es una “farsa”; es irreal y se “miente a la ciudadanía”.

Ese dinero de los excedentes acusa, se destina en un 60% a los fideicomisos públicos que no tienen reglas de operación claras. Por ejemplo, dice mientras sostiene los documentos, en la administración de Peña Nieto se han obtenido excedentes por 2.8 billones de pesos. Y tan sólo de enero a junio de 2017 ya se tienen 477 mil 202 millones de pesos. “Ese dinero es ocho veces más de lo que se requiere para la reconstrucción; si se aplicara como es debido no se tendría que aumentar el precio de gasolina ni ajustar programa a la baja con el pretexto de atender los daños del sismo”.

Les roban su identidad para encubrir fraude millonario en Oaxaca.

Una empleada de mostrador, un talachero y un chofer son los “presos” del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a los que, presuntamente, les “robaron su identidad” para encubrir un millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Lo sospechoso del caso es que Silvia Alicia Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores del Grupo Empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la mencionada dependencia por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a vehículos en oficinas de gobierno.

Por investigaciones realizadas por la propia familia y el cuerpo jurídico de Alicia, Jaime y Ángel, concluyeron que “utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada” y encubrir así a los que verdaderamente fraguaron el fraude maquinado en la Secretaría de Salud.

Sin una investigación a fondo, el gobierno de Murat, a través de la Fiscalía General de Oaxaca, detuvo el pasado 7 de junio a la empleada Alicia, al talachero Jaime y al chofer Ángel, quienes fueron vinculados a proceso, les dictaron auto de formal prisión por fraude maquinado y ahora les niegan la libertad provisional bajo caución.

Con estas detenciones, “el gobierno actual trata de dar un mensaje de que no tolerará la corrupción, pero no se está investigando el fondo, a los verdaderos responsables, solo buscan chivos expiatorios para proteger a los verdaderos peces gordos”, sostuvo Alfonso Renato Ramírez, hermano de una de las detenidas.

El familiar considera que Alicia, Jaime y Ángel se encuentran como rehenes políticos para mandar el mensaje de que se combate la corrupción porque se encuentran incluidos en el paquete del expediente contra el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, recluido en el penal de Ixcotel. Sin embargo, los verdaderos ladrones siguen libres.

El pasado 3 de junio fue detenido Tenorio Vasconcelos, acusado del delito de “abuso de autoridad”. El 9 de junio, el Juez Segundo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. Dos días antes de ese fallo, el 7 de junio, la Fiscalía General ejecutó órdenes de aprehensión contra seis supuestos empresarios –Ángel Martínez Carreño, Silvia Alicia Ramírez, Ceiba López Méndez, Jaime Taboada Cruz, Jackson Méndez Ramírez e Isaac Abraham Flores-, quienes supuestamente fueron contratados en la administración de Tenorio Vasconcelos y son acusados de fraude maquinado por la construcción de baños ecológicos en comunidades de alta marginación y por los cuales presuntamente recibieron 26 millones de pesos.

Y es que, según la Fiscalía, los acusados relacionados en los expedientes 44/2017, 47/2017 y 48/2017 presentaron expedientes ficticios e, incluso, fianzas inexistentes con los que se les autorizaron los recursos económicos, pero las obras nunca se llevaron a cabo.

Los indiciados afirman que nunca estuvieron enterados de esas operaciones fraudulentas ni firmaron nada y menos les hicieron transferencias electrónicas de dinero desde la Secretaría de Salud a sus cuentas bancarias.

Robo de identidad.

Alfonso, hermano de Silvia Alicia, considera que se debe de investigar al responsable del manejo de la documentación personal de la empresa Avantires S.A. de C.V. que pertenece al grupo empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, ya que “es mucha coincidencia que Silvia, Jaime y Ángel trabajaban en una de las cinco empresas del Grupo Empresarial MTO en el 2012”.

El Grupo empresarial MTO lo conforman: Avantires S.A. de C.V., Multillantas Avante de Oaxaca, S.A. de C.V. y Llantas MAO, S.A. de C.V. (personas morales) Carlos Martínez Olivera y Guillermo Martínez Olivera (como dos personas físicas), hijos de Martínez Tamayo.

Además, éste “realiza y gana licitaciones o le adjudican contratos en la Secretaría de Salud por concepto de venta de llantas, servicios de mantenimiento a vehículos de dependencias de gobierno, incluida los Servicios de Salud de Oaxaca”.

Aunado a ello, tiene familiares trabajando en el área administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca como su prima hermana, Raquel García Martínez, quien es jefa de Unidad de Servicios al Personal y labora ahí desde 1999.

Lo mismo su primo Roberto Carlos Martínez Gómez, quien es jefe del Departamento de Relaciones Laborales en los Servicios de Salud oaxaqueños.

Lo que genera mayor sospecha es que el empresario se comprometió con ponerles a sus trabajadores una defensa jurídica y a uno le sigue pagando su salario.

Los documentos personales de Silvia Alicia estaban bajo el resguardo de la empresa de Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien los proporcionó o facilitó para que fuera utilizada en la suplantación que hicieron de su persona para defraudar a los servicios de Salud de Oaxaca porque falsificaron su firma y utilizaron sus generales para simular actos jurídicos.

Silvia Alicia Ramírez, madre soltera de 42 años, era empleada de la empresa Avantires S.A. de C.V., ubicada en Trinidad de las Huertas, donde desde el año 2000 realizaba labores de limpieza en la tienda, atención a clientes o venta de llantas y rines. Según el expediente 47/2017, se le acusa de un fraude maquinado en la construcción de 198 sanitarios en Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón, Cuicatlán y Huajuapan de León por un monto de cuatro millones 649 mil 853 pesos.

De acuerdo con el expediente que se encuentra en el juzgado segundo de lo penal, los Servicios de Salud le hicieron un depósito, vía transferencia, de dos millones 324 mil 926 pesos con 56 centavos (50% del contrato) a la cuenta bancaria 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero de 2013.

La detenida es señalada de ser la administradora única de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., la cual fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez, el 16 de febrero de 2011 ante el Notario Público número 94, Rodolfo Morales Pasos, mediante el volumen 620, instrumento 29468, donde fungió como representante legal Judith Javier Mesinas.

Al rastrear a la Construcciones ICIBIT, S.A. de C.V., se percataron que se encuentra en la lista de empresas no localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entonces, se dieron cuenta de que sí existe, pero se ubica en Puebla y cambió de domicilio fiscal.

También observaron que quien tramitó los sellos digitales ante el SAT fue la representante legal Javier Mesinas, quien se deduce fue la persona que realizó el trámite de apertura de cuentas bancarias. El plan realizado fue la de nombrarla a ella como representante legal y utilizar la documentación de Silvia Alicia para nombrarla como administradora única y no tener responsabilidad penal. Por esa razón no aparece investigada ni fue detenida en el presente caso.

Sin embargo, Judith Javier Mesinas aparece en varias de las empresas relacionadas con el fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca que tienen el mismo domicilio, ya sea en Oaxaca, Veracruz o Puebla, por lo que a través de estas empresas fachada es donde utilizaron documentos y falsificaron firmas de otras personas para realizar este tipo de fraude.

De ahí que varios “representantes legales” o “administradores únicos” son o fueron trabajadores de este grupo de empresas que se dedican a proporcionar asesoría contable, fiscal, laboral, penal.

Por su fuera poco, Judith Javier Mesinas no aparece registrada ante el INE con los datos que se asentaron en las actas notariales.

Momento de suplantación.

El 30 de noviembre de 2012, mediante el volumen 660, instrumento 32249, ante el notario público 94, Rodolfo Morales Pasos, se protocolizó un acta de asamblea extraordinaria en la que nombraron como administrador único a Silvia Alicia Ramírez y ratificaron como representante legal a Judith Javier Mesinas, quien supuestamente compareció ante el notario a protocolizar esta acta.

Entre las irregularidades que se encontraron destacan que el acta anexa a la protocolización no tiene fecha; como domicilio social de la empresa únicamente se menciona la ciudad de Puebla; los datos generales de Judith Javier Mesinas no coinciden con los que asentó el notario; no se anexa copia de la credencial de elector de Silvia Alicia; no aparecen las firmas de Patricia Castellanos y Leonor Carrasco, socias fundadoras que en el acta que supuestamente, cedieron sus derechos a Silvia Alicia y a Hortencia Acevedo Sánchez y este documento no está inscrito aún, según investigación, ante el Registro Público de Comercio.

Por consiguiente, los detenidos nunca participaron en este fraude, sino que solo utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada. Y, si bien es cierto se constituyeron notarialmente y gestionaron los sellos fiscales ante el SAT, ello fue a través de gestores.

Es decir, los administradores jamás comparecieron ante el SAT, tampoco a la apertura de cuentas bancarias y en la transferencia de fondo de la Secretaría de Salud porque fueron vía electrónica.

El hecho es que es un dinero que nunca tuvieron en sus manos, una sociedad mercantil en la cual nunca tuvieron conocimiento de su constitución, ni como socios, ni como administradores, pero como utilizaron sus generales e identificaciones los involucraron y hoy están procesados.

Los inculpados insisten en que “son chivos expiatorios y son personas que injustamente fueron acusados de fraude maquinado cuando ellos no estaban enterados de esta triangulación desde la Secretaría de Salud, agentes externos y gestores, avalados con un notario público para darle formalidad a unas empresas que fueron creadas exprofeso para eso porque no tienen trabajadores ni historial fiscal”.

Además, consideran que los trabajadores son un sector vulnerable, por eso los utilizaron para proteger a los que saquearon la Secretaría de Salud, no con 26 millones de pesos, sino con miles de millones.

Otra de las irregularidades es que los procesos penales que les siguen no les permiten tener su libertad provisional bajo caución cuando es un delito no grave y no existe riesgo de fuga o peligrosidad.

Finalmente, dejan la pregunta en el aire: ¿A quién están protegiendo el gobierno de Alejandro Murat?

Presuntos normalistas incendian oficinas educativas en Chiapas.

Uno grupo de 40 presuntos normalistas que reclaman plazas para docentes en Chiapas, incendiaron esta mañana las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), ubicadas en el nororiente de la capital del estado.

Alrededor de las 6:00 horas, un camión retenido de la empresa Rápidos del Sur con al menos 40 jóvenes encapuchados llegó hasta las oficinas de la SEF, sobre el Bulevar Fidel Velázquez, en la Colonia 24 de junio, donde bajaron y empezaron a tirar piedras y bombas molotov.

A esa hora no había personal laborando en la SEF, pero los guardias reportaron de inmediato a la estación de bomberos, quienes llegaron y sofocaron el fuego, sin embargo, cuando se creían que todo estaba apagado, el incendio se propagó a otras áreas del edificio.

Tan pronto inició el incendio, los jóvenes se trasladaron en la misma unidad hasta la Escuela Normal del Estado, ubicada en la Calzada al Sumidero, muy cerca de donde provocaron la conflagración.

Los normalistas fueron identificados como miembros de la Coordinación de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (CENECH), una organización que reclama plazas de forma automáticas para todos sus agremiados, sin embargo, la CENECH, se deslindó de los hechos.

Hasta las 10:30 de la mañana el incendio aún seguía y no habían podido ingresar los peritos para cuantificar los daños en el edificio.

“El día de hoy las autoridades de la secretaria de educación federalizada reportó un incendio dentro de las mismas instalaciones, por tal motivo somos parte de las acusaciones que han hecho a nuestra gloriosa coordinadora. Por esta situación en la que se nos señala como los responsables de dichos actos, repudiamos la acusación y nos deslindamos de dichos hechos”, dijo esa organización de normalistas.

Hicieron responsables de este sinestro a las propias autoridades educativas y al gobierno del estado y federal por la represión física y psicológica que llegara a pasar a cada uno de los estudiantes normalistas adheridos a la CENECH.

“De igual manera refrendamos al gobierno del estado y a la secretaria de educación, que se nos sigan atendiendo nuestras peticiones y pedimos cumplir los acuerdos que se tienen. Que nada de lo sucedido detenga nuestros acuerdos”, agregaron.

Por su parte, al reprobar todo acto de violencia, el fiscal de Distrito Metropolitano, Felipe Neri León Aragón, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por los hechos violentos registrados la mañana de este martes en las instalaciones de la SEF en Tuxtla Gutiérrez.

El fiscal de Distrito señaló que, de acuerdo a las primeras investigaciones y al análisis de diversos circuitos de video vigilancia, se logró conocer que alrededor de las seis de la mañana un grupo de aproximadamente 40 personas ingresó al inmueble donde realizó destrozos y provocó un incendio en el tercer nivel.

Neri León Aragón subrayó que estos actos son investigados y que no habrá impunidad para nadie, por lo que dejó en claro que el grupo interinstitucional ya realiza operativos de búsqueda para lograr la detención de los responsables.

Cierran por la violencia más de 600 escuelas en Guerrero.

Más de 600 centros escolares de nivel básico, medio y superior de la región Centro, permanecen cerrados por la ola de violencia que no cesa en los municipios indígenas de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Ahuacuotzingo.

La medida, que exhibe el nivel de ingobernabilidad que se vive en Guerrero, afecta a 62 mil 300 estudiantes y más de 3 mil 400 docentes y personal de apoyo.

En esta franja de la entidad, los grupos criminales de Los Jefes y Los Ardillos, así como guardias comunitarias vinculadas con la delincuencia, mantienen una brutal confrontación por el control de las rutas de trasiego de heroína en Guerrero.

Al respecto, autoridades de la Secretaría de Educación estatal dieron a conocer que al menos 663 escuelas de la zona denominada Montaña baja, permanecen cerradas desde hace cuatro semanas, porque docentes y alumnos simplemente no tienen garantías de seguridad.

Previamente, funcionarios de la dependencia estatal habían emplazado a los profesores a presentarse a laborar desde la semana pasada, pero una amenaza lanzada a través de redes sociales obligó de nueva cuenta a suspender clases por la inseguridad.

Al respecto, trabajadores de la educación dieron a conocer públicamente un oficio de la dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG, donde se anuncia oficialmente la cuarta semana de suspensión de labores en los planteles escolares de la región Centro, específicamente las escuelas ubicadas en los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, así como Atlixtac, Acatepec y Zapotitlán tablas.

El documento indica que no se aplicarán faltas y retardos al personal académico y administrativo de la zona de la Montaña baja.

La ola de violencia que afecta al sector de educación pública también ha repercutido en el sector privado y la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilapa, donde permanecen cerrados centros educativos.

Entre ellos, la preparatoria 26 de la UAGro y escuelas particulares como el colegio José Vasconcelos y el Centro Universitario Aurora Meza.

Así como los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

De nivel superior, la Universidad Tecnológica, todos ubicados en Chilapa.