Periodistas de las 32 entidades del
país agrupados en la Red Nacional de Periodistas (RNP) denunciaron los actos de
hostigamiento y persecución que presuntamente ha emprendido el gobernador
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí.
En una carta
enviada a los medios de comunicación, la RNP señaló que los actos de
hostigamiento iniciaron luego de que De los Santos Chandomí -directora asociada
del portal de noticias Chiapas Paralelo y corresponsal en ese estado de la
agencia de noticias con perspectiva de género Cimac- cuestionó los gastos por seis millones 561 mil pesos en comunicación
social y por cinco millones de pesos en combustible del gobierno municipal,
sólo en septiembre de este año.
La Red
también explicó que dentro de las acciones que el gobernador -candidato de la coalición del PVEM-PRI-NA- emprendió
contra la comunicadora y defensora de los derechos de las mujeres se encuentra
una campaña de desprestigio en redes sociales.
Tras estos señalamientos, la
organización hizo un llamado a frenar las acciones de intimidación que
claramente violan los derechos de la libertad de expresión, acusaron.
“(Las
autoridades municipales) en lugar de
ocuparse de transparentar y justificar el ejercicio de los recursos públicos
ante la población, se han ocupado de desplegar una campaña de desprestigio en
su contra a través de redes sociales, pretendiendo desmentir el trabajo
periodístico de Sandra por una supuesta falta de pruebas, cuando en realidad la
periodista ha referido claramente las fuentes de donde obtuvo la información”.
Por su
parte, la Dirección de Comunicación Social del municipio, que preside Enrique
Alonso Hernández Escobar, negó que los
comunicados que ha desplegado luego de darse a conocer la noticia sean parte de
una campaña de desprestigio pues, aseguró que se trata únicamente de su derecho
de réplica.
En la última
carta publicada el pasado 26 de octubre, el área de Comunicación Social
aseguró:
“Esta
administración respeta y seguirá respetando totalmente la libertad de expresión
de cualquier persona (…) pero estamos seguros de que dicha labor requiere de un
compromiso con la veracidad y la exactitud (…). En ese sentido reiteramos, como
lo seguiremos haciendo siempre que se publiquen datos falsos o inexactos, que
la única razón de nuestras cartas de réplica, es la de rectificar la
información publicada, en beneficio de quienes la reciben y no existe ninguna
de las ‘motivaciones’ a las que, increíble y falsamente, hacen referencia en el
documento dirigido a los organismos de Derechos Humanos”.
El 28 de
octubre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) radicó el
expediente de queja CEDH/0798/2017 y emitió la medida precautoria
CEDH/VGEAAM/MPC/039/201 contra Castellanos Cal y Mayor, para que se abstenga de
realizar cualquier señalamiento con el fin de denostar el trabajo de la
reportera”.
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