lunes, 30 de octubre de 2017

AI urge al Gobierno del Edomex aclarar y castigar abusos y torturas contra internos del penal Neza Bordo.


Amnistía Internacional llamó al Gobierno del Estado de México a iniciar una investigación de manera independiente que incluya a toda autoridad relacionada en el caso para aclarar los hechos de tortura cometidos dentro del Penal de Neza Bordo.

“Se requiere de una investigación imparcial, independiente y efectiva sobre los hechos, que incluya a toda autoridad que tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que se estaban cometiendo tales abusos en el centro penitenciario. Es urgente que se aclaren todas las complicidades que fueron necesarias para que sucedieran estos hechos”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas refirió que las autoridades deben de actuar contundentemente ante los abusos cometidos en contra de los reos.

Luego de que este jueves se difundieron videos en los que se observa a varios reos del penal Neza Bordo torturar a sus compañeros para extorsionar a sus familiares, José Duarte Franco, director de esta prisión, fue destituido de su cargo.

De acuerdo con los primeros reportes, a Duarte Franco se le iniciará una investigación de los hechos y Miguel Ángel Correa Peralta será el nuevo director de este penal.

Sin embargo, dicha destitución fue calificada por Amnistía Internacional como “insuficiente”, pues explica que eso sólo es un paso necesario.

Los actos de tortura a otros reos fueron realizados en aparente complicidad con las autoridades penitenciarias, reveló Noticias MVT, pues ellas tienen conocimiento de las agresiones, y permiten los abusos.

Varios videos, entregados a dicho medio, documentan escenas violencia de un grupo delictivo que opera en el Centro de Prevención y Readaptación del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, y cuyo líder es identificado como Luis Fernando Arias, alias “El Tato” o “El Tatos”.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los internos son víctimas de vejaciones para presionar la entrega de dinero y bienes materiales– como casas, terrenos e incluso automóviles– bajo amenaza de que, quien no ceda a sus demandas, “será torturado hasta que muera”.

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