Amasiato de impunidad.

Dolia Estévez.

George W. Bush recibió en la Casa Blanca a Eugenio Hernández Flores poco después de que el hoy detenido político priista se coludiera con el Cartel del Golfo. La reunión, en la que paradójicamente discutieron la lucha contra el narcotráfico, se celebró el 25 de febrero de 2008. Según consta en la acusación penal girada por el distrito sur de Texas contra Hernández, el ex Gobernador de Tamaulipas y Óscar Gómez Guerra, su cuñado y coacusado, empezaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilícitas multimillonarias a partir del 1ro de enero de 2008, es decir, casi dos meses antes del encuentro con el presidente.

¿Sabía Bush que abrió las puertas de la emblemática Oficina Oval a un narco Gobernador? Difícil saberlo a ciencia cierta. Si bien las agencias de inteligencia recopilan cerros de información relevante a México y a la liga de sus políticos con el narco, funcionarios estadounidenses sostienen que mucha de esa información es paja proveniente de fuentes poco confiables por lo que no siempre llega a los escritorios de los grandes tomadores de decisiones.

Las fuentes argumentan que hay dos tipos de gobernadores. Los que rebasados por el poder del narco permiten a los carteles operar a cambio de que no desaten violencia, y aquellos que aceptan, como Hernández, sobornos por permitirles operar libremente. En todo caso, señalan, ambos tipos de corrupción son difíciles de probar.

Cuando se realizó el encuentro con Bush, el Departamento de Justicia ya tenía a Hernández bajo la mira. Eso, sin embargo, no impidió que el cuestionado personaje visitara la Casa Blanca. Después de todo, Hernández era el Gobernador de Tamaulipas, frontera con Texas donde sus políticos creen entender a México. No sólo eso. Hernández era el sucesor de Tomás Yarrington, a quien Bush consideraba, “no solo mi amigo sino mi compadre”. Cuando en 2001 ascendió a la presidencia, en la tribuna de invitados especiales estaba sentado Yarrington, “estrella ascendiente en la política mexicana”, según dijo entonces el mandatario.

Yarrington fue acusado penalmente en Texas en 2013 por los mismos delitos que Hernández: lavado de dinero procedente de sobornos del Cartel del Golfo y de los Zatas. En abril fue detenido en Italia. Estados Unidos ha pedido su extradición.

Hernández y Yarrington también fueron arropados por los gobernadores fronterizos tanto republicanos como demócratas. En los años en que estaban en la nómina de los carteles, Hernández y Yarrington convivían periódicamente con sus contrapartes en el marco de las conferencias anuales de gobernadores fronterizos. Uno de esos gobernadores fue la demócrata Janet Napolitano, de Arizona. Cuando la entrevisté en 2012, la entonces Secretaria de Seguridad Interna de Barack Obama tenía en su oficina una fotografía de ella con Yarrington montados a caballo. Ignoro si la sigue presumiendo en su actual despacho de la rectoría de la Universidad de California.

No fue hasta la presidencia demócrata de Obama que finalmente las sospechas contra Hernández y Yarrington se concretaran en encauzamientos criminales. En Estados Unidos, desarrollar casos penales con pruebas y testigos confiables toma tiempo más aun cuando no hay urgencia o voluntad política como parece haber sido el caso con el gobierno de Bush. Según diplomáticos estadounidenses, la tarea se complica más si sumamos la consabida mezquindad de los políticos mexicanos, sobre todo priistas, de intentar usar a las agencias de procuración de justicia estadounidenses para desprestigiar a adversarios.

Uno de esos intentos tuvo que ver con Ricardo Monreal. Cinco días antes de las elecciones de 1998 en las que el entonces perredista ganó la gubernatura de Zacatecas, viajaron a Washington operadores del PRI con la misión de decirle al Departamento de Estado que Monreal era un delincuente vinculado al narco. La grave acusación no encontró oídos receptivos pues, como me dijo un diplomático de entonces, “nos resistimos a caer en la trampa”. El PRI buscaba que Washington filtrara la información a la prensa y el escándalo enterrara la candidatura de Monreal. Monreal ganó y Washington no volvió a escuchar acusaciones en su contra.

Con todo, en los 71 años en los que el PRI monopolizó la presidencia, Estados Unidos volteó para otro lado en temas de corrupción con tal de no desestabilizar a los obsequiosos gobiernos priistas. Documentos desclasificados revelan que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se gestó un contubernio entre México y Washington para restar importancia al combate al narcotráfico y garantizar así la permanencia del PRI en el poder. Uno de los casos más sonados fue Raúl Salinas de Gortari cuyos presuntos vínculos con el narcotráfico eran un secreto a voces al interior de la agencia antinarcóticos DEA.

En 1998, ya fuera de la presidencia, Bush padre me dijo que “jamás tuvo información que insinuara, ni siquiera levemente, que el presidente Salinas fuera otra cosa que [un hombre] totalmente honesto”, por lo que se declaró “desilusionado” ante los alegatos contra el clan. Difícil creer que el patriarca de la poderosa dinastía política republicana, quien además fue director de la CIA, ignorara la podredumbre de los Salinas.

De ser extraditados, Hernández y Yarrington serían parte del exclusivo club de narco gobernadores que han enfrentado la justicia estadounidense. Hasta ahora, el único miembro de ese club es Mario Villanueva, de Quinta Roo.

Pese a los pretextos que esgrimen los diplomáticos, la pregunta obligada es: ¿Por qué las numerosas sospechas de corrupción contra políticos mexicanos no han aterrizado en acusaciones penales? Es un hecho que cada vez más usan a la banca y al sector inmobiliario de Estados Unidos para lavar miles de millones de dólares procedentes del narco y del robo de fondos públicos, pandemia que ha contagiado a los tres niveles del gobierno mexicano. Pero no pasa nada. La relación entre las élites políticas de los dos países no es un matrimonio por conveniencia sino un amasiato de impunidad.