Ricardo Ravelo.
Durante su paso por Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya dejó enquistada una amplia red de funcionarios
y empresas aliadas que se han convertido en un lastre para la paraestatal.
Se trata de compañías que, durante la
gestión de Lozoya, recibieron sumas multimillonarias en contratos asignados en
forma directa y que formaron parte de un selecto portafolio de compañías
preferidas del ex funcionario ahora acusado de recibir sobornos de la
contratista brasileña Odebrecht desde el año 2012 para el presunto
financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Además de
los escándalos que enfrenta con el fiscal de delitos electorales de la
Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto, Lozoya tendría que responder, de igual
forma, por la corrupción que heredó en Pemex y cuyos protagonistas se siguen beneficiando
de jugosos contratos de obra en las refinerías de la paraestatal y en el nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Es el caso
de la compañía Construcciones Tapia –cuyo
propietario es el empresario y contratista Carlos Tapia Vargas –que durante la
gestión de Lozoya provocó diversos escándalos dentro y fuera de Pemex porque,
cuando no obtenía los contratos que quería en la paraestatal, recurría a la
violencia y a los bloqueos de las refinerías con el único objetivo de obtener
contratos o, en el menor de los casos, ser subcontratada por alguna otra
compañía.
A Carlos Tapia y a los directivos de
su empresa nunca les ha gustado quedarse “sin rebanada de pastel” y cuando no
lo obtiene mediante sobornos disponen de una amplia red de activistas que lo
mismo bloquean carreteras que suele amenazar a sus contrincantes en el negocio
del contratismo para que se retiren o los subcontraten.
La historia de Tapia Vargas da cuenta
de ser un personaje hábil para moverse en las aguas de la corrupción, la
violencia y el chantaje. Pero su éxito estriba en sus
relaciones con los hombres del poder, tan corruptos como él. Y es que, de ser un simple soldador de un taller de
Tula, Hidalgo, Juan Carlos Tapia se convirtió en tan sólo ocho años en uno de
los nuevos empresarios del sector metalúrgico y en uno de los consentidos del
sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con dinero y poder, se abrió paso en
el inmenso mundo de la corrupción institucional y fue justamente en la gestión
de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México cuando este
empresario comenzó a obtener contratos multimillonarios de obra pública: sus primeras puertas se le abrieron de la
mano de la española OHL, involucrada en una ligazón de intereses corruptos del
actual gobierno federal. Así comenzó a edificar su empresa Construcciones Tapia, la que más adelante pasó a ser parte del
estrecho pool de compañías ligadas a Emilio Lozoya que lo mismo participaban
como “relleno” en las licitaciones amañadas que obtenía contratos millonarios
sin licitación de por medio.
De acuerdo
con información oficial, debido a estos vínculos Construcciones Tapia y su
propietario Carlos Tapia han obtenido
durante este sexenio más de seis mil millones de pesos en contratos de obra
pública. De la mano de Loyoza, primero, y de Odebrecht, después, la
compañía se coló al primer círculo de empresas que eran las primeras en ser
llamadas para atender emergencias en las refinerías del país, causando el enojo
de otros empresarios que se decían con mayores derechos, antigüedad y capacidad
técnica pero que se quedaban fuera de los concursos por no formar parte de la
red de corrupción dentro de Pemex.
Dentro de
Pemex, Juan Carlos Tapia supo tejer
fino. Hábil en el arte del convencimiento, trabó relación con Carlos Treviño
Medina, un panista sobreviviente del sexenio de Felipe Calderón que se ha
mantenido incrustado ahora en el grupo priista.
Treviño es actualmente director
Corporativo de Administración y Servicios de Pemex. Trabajó muy cerca de Emilio
Lozoya y ahora es muy cercano del actual director de la paraestatal, Antonio
González Anaya. Antes, Treviño fue subalterno de González Anaya en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
La relación
de Tapia Vargas con Carlos Treviño se
estrechó aún más a finales de la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador
del Estado de México. Desde entonces, Tapia ya se perfilaba para trabar varios
negocios a nivel federal y se alió a Treviño por ser un amplio conocedor de los
entresijos del poder y de las relaciones para obtener contratos millonarios a
través de la modalidad de la asignación directa, a pesar de carecer de experiencia en labores como construcción,
remodelación, mantenimiento en refinerías o en otras instalaciones de Pemex.
Pero no sólo
Carlos Treviño le ha abierto las puertas a Tapia Vargas y a su empresa. En la red de vínculos también aparecen Froylán
Gracia y Miguel Tame Domínguez. Este último fue director de Pemex-Refinación,
un funcionario que operó bajo el mando de Emilio Lozoya.
Froylán
Gracia tiene negra historia en Pemex.
Durante la gestión de Lozoya se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de la
Dirección General de la paraestatal.
De acuerdo
con sus antecedentes, Gracia era el
responsable de diseñar las estrategias y operaciones oscuras al interior de la
empresa estatal. Se le vinculó públicamente con varios hechos de corrupción,
entre otros, haberle pedido veinte millones de dólares a una petrolera texana
que se interesaba en participar en la ronda uno de la Reforma Energética.
Froylán Gracia, además, está en la lista
de funcionarios que fueron beneficiados con el reparto de sobornos de la
empresa Odebrecht y que implican a Lozoya con más de diez millones de dólares a
cambio de contratos.
Y
precisamente Carlos Tapia Vargas le debe
su fulgurante ascenso económico a esta cauda de exfuncionarios de Pemex ahora
ligados a los escándalos de corrupción. A través de múltiples favores, Tapia
consiguió dos contratos entre 2015 y 2016: uno por más de cien millones de
pesos (DCPA-OP-SCC-SPR-CPFGA-15) y otro más por 19 millones de dólares. Ambos
para realizar trabajos en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Estos contratos han seguido recayendo
en Construcciones Tapia, pero dentro de la paraestatal se han negado a efectuar
las licitaciones por concepto de ampliaciones en los trabajos y, por
asignación, se le otorgan a la compañía de Juan Carlos Tapia. Esto ha derivado en múltiples
molestias de otras empresas que de ninguna manera han podido participar en
dichos concursos.
Y es que para lograr estas
asignaciones y continuar con las ampliaciones de los trabajos la empresa
hidalguense cuenta con otros aliados: Miguel Ángel Servín, titular de la
dirección de Procura y del gerente de la refinería de Cadereyta, Eduardo de la
Cruz. Este último ha sido un cercano colaborador de Miguel Tame Domínguez,
exdirector de Pemex-Refinación.
Protegida
del sistema, la empresa de Juan Carlos
Tapia no tuvo reparo en vincularse en el robo de combustibles y así entrar al
competido mercado de la venta de “guachicol”.
El 10 de
marzo de 2017, durante un recorrido de
rutina por algunas calles de Tula, Hidalgo, la Policía Federal detectó que
dentro de las instalaciones de la empresa Construcciones Tapia había una larga
manguera. Tras seguir su tendido, detectaron que se trataba de una toma
clandestina de combustibles que se había instalado dentro del terreno que ocupa
la contratista.
Tras el
hallazgo, la policía elaboró el oficio PF/DSR//CEH//GAA/P.D. 15277297 y
posteriormente la indagatoria se turnó a la Procuraduría General de la
República (PGR), donde duerme el sueño
de los justos. La empresa jamás ha sido molestada por haber incurrido en el
robo de gasolinas.
No es todo: A partir del año 2016, el consorcio Citapia
y Odebrecht nuevamente saltaron a la palestra al participar en la licitación
para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
cuya obra se realiza ya en Texcoco, Estado de México.
En esta
ocasión, la dupla conformada por Odebrecht-Citapia quedó en tercer lugar en la
licitación que ganó la sociedad del Grupo Carso-Carlos Slim y la empresa ICA,
que ofrecieron el mejor monto económico para adjudicarse la obra.
Sin embargo,
Construcciones Industriales no quedó fuera del proyecto del nuevo aeropuerto. Hace apenas unos días se dio a conocer que
la empresa española ALDESA, a través de su filial ALDESAM, subcontrató a
Citapia para construir desde septiembre de 2017 la torre de control del nuevo
aeropuerto de la ciudad de México.
Las empresas Aldesa y Aldesem son las
compañías que se vieron involucradas en el escándalo derivado del socavón que
se abrió en el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, donde el pasado 12 de julio dos
personas perdieron la vida al caer el automóvil en el que viajaban a una
profundidad superior a veinte metros.
Fue por ello por lo que senadores de
oposición solicitaron a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría
Superior de la Federación investigar los contratos que se han entregado en la
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cuyo
reparto aparece beneficiada Construcciones Industriales Tapia, vinculada a
Emilio Lozoya y a la empresa brasileña Odebrecht.
De acuerdo con el proyecto de obra,
Construcciones Industriales Tapia y Aldesem iniciaron los trabajos de la torre
de control en septiembre pasado y concluirán en marzo de 2018.
Resulta inaudito que la empresa
Construcciones Industriales Tapia –investigada por la PGR por robo de
combustibles y no obstante que está ligada a la red de corrupción de Emilio
Lozoya y Odebrecht –haya sido subcontratada para esta nueva obra del aeropuerto
de la ciudad de México.
Esto indica que Emilio Lozoya no sólo
goza de impunidad, sino que sigue vigente en el negocio de los contratos
millonarios a través de las empresas que benefició en Pemex y que continúan
gozando de privilegios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La corrupción, sin duda, no sólo se
protege. También se premia.
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