Integrantes de la Comunidad Indígena de Santa
María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron actos de corrupción
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la
Procuraduría Agraria en el Estado de México en la edificación del Tren
Interurbano México-Toluca que actualmente cuenta con una suspensión en la
construcción.
Ante este
panorama, la comunidad indígena ubicada en el municipio mexiquense Ocoyoacac,
interpuso el recurso de queja con folio e incidente de violación a la
suspensión 118/2017, concedida por un juez federal, recurso que fue resuelto
por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo
circuito, a favor de la comunidad.
A pesar de ello, los trabajos
continúan día y noche. Por ello, exigen que se respete el Estado de Derecho y
la construcción se detenga cuanto antes.
“Deben dejar de trabajar porque no
están respetando nuestros derechos”, exigió Francisco Montes, en entrevista
para SinEmbargo.
En
conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los denunciantes plantearon que las
autoridades pretenden “desaparecer” un pueblo mexiquense que data de hace ocho
siglos, donde los indígenas han luchado por brindar protección a los recursos
naturales.
La corona española, destacó Montes,
otorgó un título de fundación en la que se le reconocieron más de 25 mil
hectáreas; poseen, además, un título de propiedad que data de 1715, y en 1856
se les extendió un título virreinal, pero un decreto presidencial de 1945 les
reconoció únicamente mil 735.
“A través de la resolución
presidencial nos desconocen todos los derechos anteriores como pueblo indígena.
No debió haber existido nunca”, señaló.
El integrante de la comunidad señaló
que en el pueblo náhuatl “estamos cansados de la imposición del Gobierno”, ya
que, remarcó, quienes representan las dependencias “no hacen bien su trabajo”.
Julio
Mendoza, de Central Campesina Cardenista, destacó:
“Ya no más. Si no se acata lo dictado
en el amparo no vamos a permitir que se siga con la construcción”.
Gustavo
Olivares, abogado de la comunidad, sostuvo
que las autoridades han sido “omisas” y “concernientes” en desconocer los
derechos de los náhuatls e incluso en el año 2015 un comisariado fue pagado a
modo con 292 millones de pesos y así proceder al despojo de sus tierras.
“Nuestra comunidad depende de una
historia que ha querido ser arrebatada por el Gobierno […] El Gobierno estatal
ha formado autoridades a modo para negociar”, agregó al respecto Montes.
En su
oportunidad, Luis Miguel Torres, cronista de la comunidad, manifestó: “No estamos haciendo mal uso de las
tierras, lo que queremos es protegerlas […] Es un pueblo fundador que tiene 800
años de existencia y ahora [las autoridades] lo quieren desaparecer”.
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