Organizaciones de la sociedad civil
alertaron que hacen falta mecanismos de rendición de cuentas sobre el
presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas del país –la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar)– que año con año se
han incrementado durante el actual sexenio, mientras que los niveles de
inseguridad y violencia alcanzan cada mes máximos históricos.
Ya pasaron casi 11 años del inicio de
la guerra contra el narcotráfico y la inseguridad y violencia van en aumento. Los datos más recientes dados a
conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano así lo muestran.
Hasta el cierre de agosto de 2017,
las carpetas de investigación por homicidios dolosos sumaban 16 mil 318, cuando
en 2016 se reportaron 13 mil 075 en el mismo lapso (19 por ciento de aumento).
Por secuestro se registraron 782
casos en el octavo mes del año, mientras que en 2016 el registro mostró 710 (9
por ciento de incremento de denuncias); por extorsión sumaron 3 mil 840
carpetas contra 3 mil 283 del año anterior (las denuncias crecieron un 14 por
ciento) , y en la modalidad robo con violencia se reportaron 149 mil 241
carpetas de investigación contra las 107 mil 847 de agosto de 2016 (se denunció
28 por ciento más).
En los últimos siete años, destacó la organización, el presupuesto asignado a la seguridad
subió 61 por ciento, de forma que el Gobierno federal gasta en combatir la
violencia 18 por ciento del PIB nacional, lo que se traduce en 25 mil pesos por
persona, aunque en estados como Guerrero asciende a 60 mil pesos por persona al
año.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación contempla un aumento de 16 por ciento para el ramo de la
Defensa Nacional en 2018, con lo que el monto del gasto programable –de ser
aprobado en el Congreso– pasaría de 69 mil 407 millones de pesos a 81 mil 021
millones de pesos.
“Resulta
llamativo [el aumento al presupuesto asignado a la Sedena] porque estamos en
momentos de astringencia económica. Donde algunos rubros muy relevantes han
sufrido recortes severos […].
“Y nos llama mucho la atención que
buena parte de ese incremento se destine a conceptos transitorios. No sabemos,
de entrada, cuál va a ser el destino de esos recursos”, explicó Edna Jaime, directora de la
organización México Evalúa, quien
consideró que esta disposición no refleja una buena práctica porque dificulta
el seguimiento del dinero.
Los
operativos del Ejército han ido en aumento de la mano de la política de
seguridad para combatir frontalmente al narcotráfico.
Erubiel
Tirado, profesor de la Universidad Iberoamericana, expuso que el rubro de la
defensa ya cuenta con los recursos para el impacto que se trazó Enrique Peña
nieto al inicio de su sexenio.
El catedrático afirmó que hay
indicios para pensar que México cuenta con presupuesto militarizado, contrario
a lo que los grupos pro-militares suelen argumentar.
“Hay todo un esquema de recursos que
no se reportan ni se adjudican a las Fuerzas Armadas, pero que se gastan en las
Fuerzas Armadas, por ejemplo, en algunos operativos conjuntos”, explicó.
“Otra cuestión es que las regiones y
zonas militares y navales suelen recibir en especie apoyos de los gobiernos
estatales”, expuso, por lo que el Ejército tiene otras formas
de allegarse recursos materiales y financieros más allá de lo publicado en el
PEF.
La
militarización de la seguridad en México también
ha contribuido a la generación de contratos, dijo el profesor, “actúan como
empresarios, participan en licitaciones de obra pública y el propio Gobierno
les paga”.
El argumento de no brindar
información del manejo de recursos por ser un tema de seguridad nacional es
ahora más difícil de usar para justificar la negación de información, sostuvo la directora de México
Evalúa, gracias a la nueva Ley de Transparencia.
“Toda información que sea reservada
tiene que justificar por qué es reservada. Pero ciertamente todavía es
posible”, destacó
Jaime.
RENDIR
CUENTAS A LA JUSTICIA.
“El problema
no es que los militares estén ahí. El
problema es que se están rotando y no aceptan la rendición de cuentas. Y creo
que de una u otra forma se recordaba, en comentarios más radicales, la
necesidad de que los militares sigan sujetos a las autoridades civiles”,
dijo José Alfredo Zavaleta, investigador de la Universidad Veracruzana, durante
su participación en la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y
derechos humanos: La Vía Civil’, de la Universidad Iberoamericana.
Maureen
Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de
la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a SinEmbargo
que la justicia civil en México debe ser
capaz de investigar los delitos castrenses.
“No se está ejerciendo el poder, la
PGR debe tener y tiene para investigar delitos y violaciones de derechos de
parte de los militares, para solicitar información de los militares sobre los
delitos, hay un tema de no investigar la cadena de mando”, expuso Meyer.
“Lo vimos en el caso de Tlatlaya un
Juez federal determinó que no había evidencia de la PGR para poder enjuiciar a
los tres soldados acusados de homicidios y alteración de la escena”, agregó.
El informe
del Centro de Derechos Humanos destaca que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) recibió mil 135 quejas en
contra las fuerzas Armadas en el sexenio foxista, ante las que emitió 11
recomendaciones. En los últimos 10 años, con Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto se presentaron 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.
Las
investigaciones, plantea el texto, se resumen en pocos casos para un país que
lleva 10 años de emplear el Ejército en tareas de seguridad. Una estrategia que
se hizo sin poner “los controles necesarios del actuar” de las Fuerzas Armadas.
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