Una empleada de mostrador, un
talachero y un chofer son los “presos” del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa
a los que, presuntamente, les “robaron su identidad” para encubrir un
millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el
sexenio de Gabino Cué Monteagudo.
Lo sospechoso del caso es que Silvia
Alicia Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores
del Grupo Empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien
ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la mencionada
dependencia por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a
vehículos en oficinas de gobierno.
Por
investigaciones realizadas por la propia
familia y el cuerpo jurídico de Alicia, Jaime y Ángel, concluyeron que
“utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores
únicos de empresas fachada” y encubrir así a los que verdaderamente fraguaron
el fraude maquinado en la Secretaría de Salud.
Sin una investigación a fondo, el
gobierno de Murat, a través de la Fiscalía General de Oaxaca, detuvo el pasado
7 de junio a la empleada Alicia, al talachero Jaime y al chofer Ángel, quienes
fueron vinculados a proceso, les dictaron auto de formal prisión por fraude
maquinado y ahora les niegan la libertad provisional bajo caución.
Con estas
detenciones, “el gobierno actual trata
de dar un mensaje de que no tolerará la corrupción, pero no se está
investigando el fondo, a los verdaderos responsables, solo buscan chivos
expiatorios para proteger a los verdaderos peces gordos”, sostuvo Alfonso
Renato Ramírez, hermano de una de las detenidas.
El familiar considera que Alicia,
Jaime y Ángel se encuentran como rehenes políticos para mandar el mensaje de
que se combate la corrupción porque se encuentran incluidos en el paquete del
expediente contra el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos,
recluido en el penal de Ixcotel. Sin embargo, los verdaderos ladrones siguen
libres.
El pasado 3
de junio fue detenido Tenorio Vasconcelos, acusado del delito de “abuso de
autoridad”. El 9 de junio, el Juez Segundo de lo Penal le dictó auto de formal
prisión. Dos días antes de ese fallo, el 7 de junio, la Fiscalía General
ejecutó órdenes de aprehensión contra seis supuestos empresarios –Ángel Martínez
Carreño, Silvia Alicia Ramírez, Ceiba López Méndez, Jaime Taboada Cruz, Jackson
Méndez Ramírez e Isaac Abraham Flores-, quienes
supuestamente fueron contratados en la administración de Tenorio Vasconcelos y
son acusados de fraude maquinado por la construcción de baños ecológicos en
comunidades de alta marginación y por los cuales presuntamente recibieron 26
millones de pesos.
Y es que, según la Fiscalía, los
acusados relacionados en los expedientes 44/2017, 47/2017 y 48/2017 presentaron
expedientes ficticios e, incluso, fianzas inexistentes con los que se les
autorizaron los recursos económicos, pero las obras nunca se llevaron a cabo.
Los indiciados afirman que nunca
estuvieron enterados de esas operaciones fraudulentas ni firmaron nada y menos
les hicieron transferencias electrónicas de dinero desde la Secretaría de Salud
a sus cuentas bancarias.
Robo de
identidad.
Alfonso,
hermano de Silvia Alicia, considera que
se debe de investigar al responsable del manejo de la documentación personal de
la empresa Avantires S.A. de C.V. que pertenece al grupo empresarial MTO, cuyo
dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, ya que “es mucha coincidencia que
Silvia, Jaime y Ángel trabajaban en una de las cinco empresas del Grupo
Empresarial MTO en el 2012”.
El Grupo
empresarial MTO lo conforman: Avantires S.A. de C.V., Multillantas Avante de
Oaxaca, S.A. de C.V. y Llantas MAO, S.A. de C.V. (personas morales) Carlos Martínez Olivera y Guillermo
Martínez Olivera (como dos personas físicas), hijos de Martínez Tamayo.
Además, éste “realiza y gana licitaciones o le
adjudican contratos en la Secretaría de Salud por concepto de venta de llantas,
servicios de mantenimiento a vehículos de dependencias de gobierno, incluida
los Servicios de Salud de Oaxaca”.
Aunado a
ello, tiene familiares trabajando en el
área administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca como su prima hermana,
Raquel García Martínez, quien es jefa de Unidad de Servicios al Personal y
labora ahí desde 1999.
Lo mismo su primo Roberto Carlos
Martínez Gómez, quien es jefe del Departamento de Relaciones Laborales en los
Servicios de Salud oaxaqueños.
Lo que genera mayor sospecha es que
el empresario se comprometió con ponerles a sus trabajadores una defensa
jurídica y a uno le sigue pagando su salario.
Los documentos personales de Silvia
Alicia estaban bajo el resguardo de la empresa de Carlos Eduardo Martínez
Tamayo, quien los proporcionó o facilitó para que fuera utilizada en la
suplantación que hicieron de su persona para defraudar a los servicios de Salud
de Oaxaca porque falsificaron su firma y utilizaron sus generales para simular
actos jurídicos.
Silvia Alicia Ramírez, madre soltera
de 42 años, era empleada de la empresa Avantires S.A. de C.V., ubicada en
Trinidad de las Huertas, donde desde el año 2000 realizaba labores de limpieza
en la tienda, atención a clientes o venta de llantas y rines. Según el expediente 47/2017, se le acusa de un fraude maquinado en la
construcción de 198 sanitarios en Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón,
Cuicatlán y Huajuapan de León por un monto de cuatro millones 649 mil 853
pesos.
De acuerdo
con el expediente que se encuentra en el juzgado segundo de lo penal, los Servicios de Salud le hicieron un
depósito, vía transferencia, de dos millones 324 mil 926 pesos con 56 centavos
(50% del contrato) a la cuenta bancaria 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero
de 2013.
La detenida es señalada de ser la
administradora única de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., la cual
fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez, el 16
de febrero de 2011 ante el Notario Público número 94, Rodolfo Morales Pasos,
mediante el volumen 620, instrumento 29468, donde fungió como representante
legal Judith Javier Mesinas.
Al rastrear a la Construcciones
ICIBIT, S.A. de C.V., se percataron que se encuentra en la lista de empresas no
localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entonces, se
dieron cuenta de que sí existe, pero se ubica en Puebla y cambió de domicilio
fiscal.
También observaron que quien tramitó
los sellos digitales ante el SAT fue la representante legal Javier Mesinas,
quien se deduce fue la persona que realizó el trámite de apertura de cuentas
bancarias. El plan realizado fue la de nombrarla a ella como representante
legal y utilizar la documentación de Silvia Alicia para nombrarla como
administradora única y no tener responsabilidad penal. Por esa razón no aparece
investigada ni fue detenida en el presente caso.
Sin embargo,
Judith Javier Mesinas aparece en varias
de las empresas relacionadas con el fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca
que tienen el mismo domicilio, ya sea en Oaxaca, Veracruz o Puebla, por lo que
a través de estas empresas fachada es donde utilizaron documentos y
falsificaron firmas de otras personas para realizar este tipo de fraude.
De ahí que varios “representantes
legales” o “administradores únicos” son o fueron trabajadores de este grupo de
empresas que se dedican a proporcionar asesoría contable, fiscal, laboral,
penal.
Por su fuera
poco, Judith Javier Mesinas no aparece
registrada ante el INE con los datos que se asentaron en las actas notariales.
Momento de
suplantación.
El 30 de
noviembre de 2012, mediante el volumen 660, instrumento 32249, ante el notario
público 94, Rodolfo Morales Pasos, se
protocolizó un acta de asamblea extraordinaria en la que nombraron como
administrador único a Silvia Alicia Ramírez y ratificaron como representante
legal a Judith Javier Mesinas, quien supuestamente compareció ante el notario a
protocolizar esta acta.
Entre las irregularidades que se encontraron
destacan que el acta anexa a la protocolización no tiene fecha; como domicilio
social de la empresa únicamente se menciona la ciudad de Puebla; los datos
generales de Judith Javier Mesinas no coinciden con los que asentó el notario;
no se anexa copia de la credencial de elector de Silvia Alicia; no aparecen las
firmas de Patricia Castellanos y Leonor Carrasco, socias fundadoras que en el
acta que supuestamente, cedieron sus derechos a Silvia Alicia y a Hortencia
Acevedo Sánchez y este documento no está inscrito aún, según investigación,
ante el Registro Público de Comercio.
Por
consiguiente, los detenidos nunca
participaron en este fraude, sino que solo utilizaron su identidad para que
aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada. Y, si
bien es cierto se constituyeron notarialmente y gestionaron los sellos fiscales
ante el SAT, ello fue a través de gestores.
Es decir, los administradores jamás comparecieron
ante el SAT, tampoco a la apertura de cuentas bancarias y en la transferencia
de fondo de la Secretaría de Salud porque fueron vía electrónica.
El hecho es que es un dinero que
nunca tuvieron en sus manos, una sociedad mercantil en la cual nunca tuvieron
conocimiento de su constitución, ni como socios, ni como administradores, pero
como utilizaron sus generales e identificaciones los involucraron y hoy están
procesados.
Los inculpados insisten en que “son
chivos expiatorios y son personas que injustamente fueron acusados de fraude
maquinado cuando ellos no estaban enterados de esta triangulación desde la
Secretaría de Salud, agentes externos y gestores, avalados con un notario
público para darle formalidad a unas empresas que fueron creadas exprofeso para
eso porque no tienen trabajadores ni historial fiscal”.
Además, consideran que los trabajadores son un
sector vulnerable, por eso los utilizaron para proteger a los que saquearon la
Secretaría de Salud, no con 26 millones de pesos, sino con miles de millones.
Otra de las irregularidades es que
los procesos penales que les siguen no les permiten tener su libertad
provisional bajo caución cuando es un delito no grave y no existe riesgo de
fuga o peligrosidad.
Finalmente,
dejan la pregunta en el aire: ¿A quién
están protegiendo el gobierno de Alejandro Murat?
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