¿Disfraz de impunidad?

Javier Risco.

La autoridad de la CDMX ha encontrado una efectiva forma de disfrazar impunidad con efectividad. Con tal de acallar preguntas han inundado con sospechosas respuestas que, aunque significan que ya hay responsables buscados, la culpa escala más arriba y no así las consecuencias.

El jueves, el procurador Edmundo Garrido dio a conocer que se habían conseguido órdenes de aprehensión contra al menos dos personas relacionadas con el derrumbe de Zapata 56, en Portales, donde dos personas murieron y que incluso una persona ya había sido detenida, el director responsable de obra.

Ese mismo día, la Procuraduría capitalina filtró que también había conseguido órdenes de aprehensión contra los hermanos Daniel y Clemente Estrada Niño y quienes a través de la constructora Dijon GP edificaron el edificio de Bretaña 90, también colapsado, donde falleció una mujer.

En principio ambas informaciones parecerían una buena noticia: ya empieza a haber resultados sobre la probable responsabilidad en el homicidio de tres de las 228 víctimas del terremoto. Todo eso sería bueno sino incluyera también un intento de impunidad en dos de los casos que dibujan uno de los mayores problemas que reveló el sismo: la corrupción inmobiliaria ejemplificada en la delegación Benito Juárez.

En este espacio hablamos del caso de Zapata 56, donde la empresa Canada Building Systems, a quien la delegación Benito Juárez denunció por el derrumbe, pero cuyos permisos para construir fueron avalados por el ex delegado Jorge Romero y en donde estaría también involucrado el actual director de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, René Aridjis, inhabilitado en 2011 por enriquecimiento ilícito y que fue recontratado por Romero, quien hoy dirige al grupo de diputados blanquiazules de la ALDF.

Esta empresa, que se ostentaba como la constructora de edificios ‘antisísimicos’, tenía su domicilio fiscal en la calle de Calzada de Tlalpan 956 A, según constaba en la página de internet. Sin embargo, se trata de un domicilio donde no se ubica más que una bodega abandonada en una zona popular, que nada tiene que ver con la constructora avalada en 2014 por los panistas de Benito Juárez. Una empresa fachada que, según el propio Romero, se burló de ellos, los engañó.

El detenido no sólo fungió como DRO (director responsable de obra), sino que además era a la vez dueño del inmueble. Ok, supongamos que la delegación hubiese sido engañada en cuanto a los materiales usados, la debilidad estructural, y un largo etcétera de irregularidades que ya constan en los peritajes. ¿Tampoco de eso se dieron cuenta, cuando representa un obvio conflicto de interés?

Y el caso de Bretaña 90, el edificio construido por la empresa Dijon GP, que no tiene un domicilio fiscal en la Ciudad de México, sino que era responsabilidad de los hermanos Daniel y Clemente Estrada Niño, es otro ejemplo de detenciones de los últimos eslabones. Recordemos que esta construcción fue edificada sobre los cimientos de una vieja casa de 50 años.

Los hermanos Estrada Niño son dueños en el Edomex de la Inmobiliaria Casino Satélite, que no sólo está alojada en el World Trade Center Mexiquense, sino que es la operadora de ese inmueble y cuyo giro comercial registrado ante el SAT no está relacionado con la industria de la construcción, sino de la preparación y distribución de banquetes a domicilio.

¿Tampoco sabía de esta falta de experiencia de los constructores la delegación? Cuesta creer que uno de los operadores políticos que aún mantiene al PAN en vigencia en la ciudad, con el colmillo que dice tener Romero, se haya dejado engañar por dos constructoras que a todas luces son una fachada.

No es casualidad que sean estos dos casos, en vísperas de la concreción del Frente Ciudadano en la capital, los primeros en ‘arrojar resultados’. Nada es casualidad, pero ojalá tampoco quede en un disfraz de impunidad.