Durante este 2017 y para evitar
someter a discusión la reducción del precio de las gasolinas –que al arranque
de año se incrementó entre dos y tres pesos por litro, lo que provocó ira
social en la mayor parte del país–, la Cámara de Diputados se dedicó a litigar
en contra de la ciudadanía.
El 12 de
julio pasado, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la
Cámara de Diputados dictaminar, discutir y votar la iniciativa que el 2 de
febrero presentaron un grupo de 12 ciudadanos y la diputada priista Ivonne Ortega
Pacheco para reducir el precio de las gasolinas en la misma proporción que
aumentó.
Después de medio año sin dictaminar
en comisiones la iniciativa, Ortega y el grupo de ciudadanos acudieron al
tribunal para reclamar la “omisión” de la Cámara de Diputados, lo que
violentaba, expusieron, sus derechos político-electorales.
La Cámara se negó a dar trámite al
proceso legislativo porque discutir la iniciativa abría la posibilidad de que
se aceptara la reducción, con lo cual el gobierno federal dejaría de percibir
166 mil millones de pesos, según se reveló la noche del miércoles 18 durante la
sesión de la Comisión de Hacienda.
De acuerdo
con la resolución del máximo tribunal –del cual Proceso tiene copia–, la Cámara, por conducto de su
representante legal, litigó contra los ciudadanos y sus propios diputados.
Alegó que los denunciantes no tenían “interés jurídico”, que el tribunal era
“improcedente para combatir omisiones legislativas”, que “no es vía para
combatir actos de carácter legislativo”; peor aún, reclamó la “inexistencia del
acto reclamado”.
Del
documento se desprende que la Cámara de
Diputados buscó que el máximo tribunal no diera entrada al juicio, que no se
entrara al fondo del reclamo, menos aún que un poder alterno –el Judicial– le
enmendara la plana al Legislativo.
Pero no
ocurrió así. Por unanimidad, los siete
magistrados dieron la razón a los demandantes y exigieron a la Cámara de
Diputados que cumpliera con su objetivo de legislar, repusiera el procedimiento
y emitiera un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. A la
fecha no ha cumplido y está en desacato.
Los magistrados consideraron que la
posibilidad de iniciar leyes por parte de los ciudadanos forma parte del
ejercicio del derecho político-electoral, por lo que su debido ejercicio “debe
ser tutelado por los tribunales electorales”.
Luego de lo
anterior, la Cámara de Diputados
interpuso recursos en donde alegó “causales de improcedencia” como, por
ejemplo, “que la parte actora carece de interés jurídico al no advertirse que
aduzca violación a alguno de sus derechos político-electorales”.
Los magistrados desestimaron su
alegato debido a que la reforma del 9 de agosto de 2012 al artículo 35,
fracción VII de la Constitución, permite a los ciudadanos presentar iniciativas
de ley. Y la iniciativa ciudadana “es un mecanismo de democracia directa”, por
lo que tienen el derecho a fin de que puedan “participar de manera inmediata en
la toma de decisiones públicas gubernamentales.
En el primer
año de gobierno de Enrique Peña Nieto se obtuvo un IEPS por combustibles del
orden de los 30 mil 321 millones de pesos, con el aumento para este 2017 se
pronosticó un cierre de 284 mil 884 millones de pesos.
La iniciativa se presentó al día
siguiente de que inició el periodo de sesiones de este año. Los demandantes
exigían una disminución en la misma proporción del aumento.
La noche del
miércoles 18, cuando se disponían a aprobar el dictamen de la Ley de Ingresos
para 2018, los diputados de la Comisión de Hacienda se percataron de que tenían
la demanda en el cajón, que habían caído en desacato de un ordenamiento
judicial y se enredaron en interpretaciones judiciales de lo que ello
significaba.
Lo que sí estuvieron de acuerdo es
que de haber dado marcha atrás al aumento al IEPS como era la demanda, el
gobierno dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, “y la iniciativa no
dice cómo se sustituiría ese recurso, de dónde se obtendría”.
Precisiones.
El tribunal
destacó que los ciudadanos cuentan con interés jurídico para controvertir la
omisión de los órganos legislativos de dictaminar los proyectos de creación,
modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos que hayan
presentado.
El representante legal de la Cámara
alegó que el hecho de que tengan derecho a presentar una iniciativa ciudadana
no implica “que tengan como efecto vincular a la Cámara para dar respuesta o
dictaminar en determinado sentido”.
Pero el tribunal le aclaró que la
demandante no controvierte una “omisión legislativa”, sino “su omisión de
ejecutar un proceso legislativo”. Según la Cámara, esa “omisión” no afecta los
derechos político-electorales, sino atañe al ámbito parlamentario administrativo.
Sostiene también que no hay omisión
porque en el momento de la demanda se estaba “en receso legislativo” y tampoco
la hay porque el 18 de mayo la entonces presidenta de la mesa directiva “turno
a comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto” la iniciativa ciudadana.
El tribunal
le respondió que, según el reglamento
del Congreso, las comisiones deben sesionar una vez al mes, aun en periodo de
receso, y tienen 45 días para dictaminar una vez que se remitieron a comisiones
y, cuando las comisiones no han dictaminado, una vez vencido el plazo en la
siguiente sesión del pleno se debe someter la iniciativa a discusión. Lo
anterior significa que el 5 de septiembre debió discutirse, pero ello no
sucedió.
La diputada
de Morena Ariadna Montiel integrante de la Comisión de Hacienda, recuerda un párrafo de la resolución
SUP-JDC-470/2017 del tribunal, que califica “la citada omisión (de no
dictaminar) se traduce en un actuar doloso de la responsable que intenta llevar
al límite de los plazos la tramitación de la iniciativa”.
Justo antes
de dictaminar, la ley para el siguiente año y la cual se aprobó en el pleno al
día siguiente, el jueves 19, los
diputados de PAN, MC, PRD y Morena demandaron que se atendiera la resolución
del tribunal; es decir, que se dictaminara la iniciativa “pero en comisiones
unidas”.
“Es el colmo que el Poder Judicial
tenga que venir a enmendarnos la plana porque no hacemos lo que nos toca, que
es legislar, discutir, votar”, dice la diputada.
Y agrega: “Ha sido tan irregular el proceso de esta
iniciativa, que, en lugar de dictaminar en comisiones unidas, como fue el
mandato, votamos ‘un proyecto de dictamen’ en la Comisión de Hacienda”.
Waldo
Fernández, del PRD, reclamó que las
comisiones no votan proyectos, sino dictámenes. Lo legal es que se vote en
comisiones unidas. Por lo irregular del proceso, PRD, MC, PAN y Morena votaron
a favor de la iniciativa, logrando 12 votos, pero el PRI, PES y Verde sumaron
21.
A pesar de
ello, el proceso sigue siendo irregular
y la Cámara no sólo litiga contra los ciudadanos, sino que apenas el martes 24
lo hizo en contra de reducir el IEPS.
La diputada
Montiel explica que la resolución, de ser positiva, afectaría únicamente a los
dos meses que restan del año, lo que implicaría que el gobierno deje de percibir
cerca de 20 mil millones de pesos y los ciudadanos pagarían por la gasolina lo
que desembolsaron en 2016, “pero además hubiera incidido en la votación para la
Ley de Ingresos de 2018”.
El diputado Alejandro Armenta,
también de Morena, la única voz discordante, junto con sus correligionarios
Vidal Llerenas y Ariadna Montiel, en el rechazo a la Ley de Ingresos de 2018,
explicó que toda la ley es una “farsa”; es irreal y se “miente a la
ciudadanía”.
Ese dinero de los excedentes acusa,
se destina en un 60% a los fideicomisos públicos que no tienen reglas de
operación claras. Por ejemplo, dice mientras sostiene los documentos, en la
administración de Peña Nieto se han obtenido excedentes por 2.8 billones de
pesos. Y tan sólo de enero a junio de 2017 ya se tienen 477 mil 202 millones de
pesos. “Ese dinero es ocho veces más de lo que se requiere para la
reconstrucción; si se aplicara como es debido no se tendría que aumentar el
precio de gasolina ni ajustar programa a la baja con el pretexto de atender los
daños del sismo”.
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